El gobierno nacional puso a funcionar el operativo Aprender, una evaluación que alcanzará a cerca de un millón y medio de alumnos de primaria y secundaria de todas las escuelas del país. El formulario fue elaborado según los lineamientos de una empresa líder en el negocio de la evaluación internacional en educación y de acuerdo a las exigencias de organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial. Solo una parte de los resultados se dará a conocer públicamente y el resto permanecerá con acceso restringido.
En la publicación realizada por el Banco Mundial “Profesores Excelentes”, difundida en el marco del mini Davos que se realizó semanas atrás, se dejan en claro los objetivos del operativo: pruebas a los estudiantes con divulgación transparente de resultados; adopción del pago de bonificaciones a nivel de las escuelas, según el concepto de desempeño y progresos de aprendizaje; y la evaluación individual y voluntario, con el atractivo de recompensas financieras para los docentes que accedan. Además, advierten sobre la oposición de los sindicatos a este programa que desde hace 10 años intenta aplicarte en toda la región.
La propuesta recibió amplios y acalorados rechazos que incluyeron manifestaciones en contra de los gremios docentes, escuelas tomadas por alumnos que se resisten a realizarlos y declaraciones que objetan la metodología, los fundamentos y los objetivos del operativo. “Está más que claro que los intereses ocultos y no tanto, es legitimar la evaluación como herramienta para administrar lo educativo. Esto está reconocido por la propia Secretaria de Evaluación del Ministerio. Es el comienzo de una política y de un modo de manejarse. A partir de los resultados se manejarían variables como aumentos de salarios, inversión en infraestructuras, se harían rankings de las escuelas y las zonas. Es preocupante que se comience con esa legitimación. Esto es una impronta a nivel regional, que ya se estuvo implementado y que ha costado muertes, como en México”, expresa Javier Delgado, secretario general de la seccional regional de Amsafe.
A partir de la concepción de un alumno universal tomado como objeto de análisis, se lo inserta en una situación artificial y abstracta, despojada de las particularidades del contexto y se consideran aspectos aislados del proceso educativo. La dinámica del aprendizaje se sintetiza en una seria de fotografías que permitirán elaborar una escala de prioridades y establecer un régimen de calificación jerárquico para definir los sueldos docentes y las inversiones en infraestructura. La educación con tabla de posiciones, una regulación en función de los criterios de mercado.
Parte de los cuestionamientos estuvieron dirigidos a la noción de calidad educativa sobre la que se apoya el operativo, explicada a partir de la falta de calidad docente. De esa manera, se desconocen los matices del complejo entramado educativo argentino y se intenta hacer recaer el peso de las “deficiencias” en las espaldas de los trabajadores de la educación. El cuestionario que circula entre los alumnos tiene un marcado perfil policíaco.
“En una población donde casi la mitad de los alumnos son pobres, los resultados van a dar mal, pero no es culpa del docente. Con un examen totalmente externo no se puede saber la situación. Evaluando al docente lo único que se hace es buscar un chivo expiatorio. Hay que evaluar las condiciones de trabajo, cuáles fueron las políticas todos estos años”, agrega Delgado.
Por su parte, Francisco Prola, coordinador pedagógico de la Región VII, aclaró que desde la cartera provincial se responde a las políticas educativas que se encuentran enmarcadas en la ley nacional de Educación. “Desde la Región VII trabajamos para que el operativo se desarrolle con normalidad”, aclaró.
