Desde la Municipalidad de Venado Tuerto se realizó una convocatoria para conformar la Red de Infancia, una entidad nuclee a las instituciones que trabajen en la garantía y restitución de los derechos de niñas y niños. Se propone como una instancia formal para el diseño de estrategias conjuntas que habiliten el establecimiento de políticas públicas de infancia para la ciudad.
“Por una cuestión metodológica, para definir una política, hay que hacer un diagnóstico fidedigno. Y de la situación de infancia en Venado, no lo hay. Tenemos un montón de indicadores que dan cuenta de la situación de la infancia, que tienen que ver con las salud, socioeconómicos, de escolaridad”, explica Mariana Sinnott, una de las profesionales referentes de niñez del Municipio que encabeza el proyecto junto con Mariana Moyano.
El marco de acción supone la formalización de un nivel de articulación e interacción con distintas instituciones locales que ya vienen desarrollando tareas con niños y niñas. “Esa articulación, en el caso por caso, está hecha. A lo que apuntamos es a saber realmente qué está sucediendo, para planificar qué hacer con eso. Esa información se obtiene de sistemas que ya existen, que son sistemas públicos de información. Y otros datos tenemos que construirlos. Ahí vamos a tener una foto de la situación y poder definir qué es lo prioritario entre todos”, aclara.
Existen múltiples instituciones y organismos que se ocupan de las problemáticas vinculadas con los derechos de la infancia. Algunas están constituidas legalmente y otras funcionan de manera informal. Este año el Concejo aprobó una ordenanza que plantea un registro oficial de instituciones, para que puedan dar cuenta de su existencia a través de distintos mecanismos. La incumbencia de la infancia es amplia. En este caso, se seleccionaron las instituciones que trabajan directamente con niños y niñas.
El entusiasmo por colaborar y dar una mano ante situaciones de crisis social como la que vivimos, en muchas ocasiones, lleva a desconocer los marcos legales que existen y a obviar las estrategias estatales que dan marco general a las prácticas llevadas a cabo. El Estado tiene la obligación de funcionar como garante de derechos, señala Sinnott. Desde ese principio, la propuesta municipal reconoce el cambio de paradigma en el abordaje de estas problemáticas, que instala la cuestión de los derechos y desplaza la lógica de la necesidad, que se basa en procesos de caridad que pasivizan a los sujetos.
“Este cambio de paradigma que pasa de las leyes de minoridad, donde el niño es un objeto, sin considerarlo como persona, a las leyes de protección integral, que tiene que ver con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hay leyes nacionales y provinciales que indican que el niño es un sujeto de derecho, es algo que antes no estaba concebido, como era también en relación a la mujer”, resume Sinnott.
