Una serie de denuncias sobre apremios ilegales cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad, avasallamiento en la vía pública sin ningún tipo de razón, allanamientos sin órdenes judiciales, demoras por averiguación de antecedentes y hasta armado de causas judiciales que suenan más a relatos ficticios que a la resolución de delitos concretos, son denunciados a diario en distintas dependencias judiciales. Los datos surgen de informes proporcionados por el Ministerio Público de la Defensa y se avalan con cifras que otorga el propio Ministerio de Seguridad provincial. Esos mismos organismos sostienen que algunas denuncias no llegan a dar vida a expedientes porque quienes son víctimas de tales situaciones temen represalias por parte de «la policía» o tener «problemas graves después».
Uno de los casos emblemáticos lo vivieron el jueves 29 de octubre David, un herrero de 25 años, y Hugo, un tornero de 22. La tardecita de ese día fueron a tomar una gaseosa cerca de sus casas, en Batlle y Ordóñez y Paraguay. De pronto un auto les frenó en las narices. «Fue de golpe. Bajó un encapuchado con un arma y me dijo «tirate al piso»», contó David. Era un Volkswagen Gol Trend blanco al que se sumó enseguida un Fiat Palio gris oscuro.
«Eran varios hombres. Uno estaba encapuchado y tenía una campera de Ñuls y un pasamontaña. Me empezó a pegar de la nada. Lo agarraron a mi amigo Hugo, nos esposaron, nos metieron adentro del auto y ahí nos siguieron pegando», contó el muchacho.
Algunos vecinos del barrio que conocen a los jóvenes salieron en su defensa. «Preguntaban por qué nos estaban pegando y todos les respondían cosas distintas. Uno dijo que por resistencia a la autoridad, otro que queríamos robar, otro que era un procedimiento. Nunca nos dijeron que eran policías. No sabíamos qué pasaba. Antes de subirnos al Palio paró un gendarme, habló con ellos, pero se fue», dijo el denunciante.
Los vecinos llamaron a la policía, pero un móvil se acercó al lugar, tomo contacto con los agentes de civil que llevaban adelante el procedimiento y se fue. «Cuando ya estábamos en el auto, me empezaron a decir «dame el fierro, yo quiero el fierro» y les dije que no tenía nada. Nos robaron hasta los teléfonos», dijo David a la prensa cuando los abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, la concejala Celeste Leprati y el diputado Carlos Del Frade, presentaron los primeros días de noviembre la denuncia en la Unidad Fiscal de Violencia Institucional y Corrupción Policial a cargo de Karina Bartocci.
Según información proporcionada por el Ministerio de Seguridad en una audiencia de hábeas corpus colectivo que se llevó a cabo la semana anterior, en octubre pasado se produjeron 1.043 detenciones en el departamento Rosario. Los datos, como son inmediatos, no discriminan entre mayores, menores y las causas. Eso arroja unas 34 detenciones diarias según los registros de partes de la Jefatura. Pero no sólo detiene la policía sino también la Gendarmería, los operativos conjuntos, la Policía de Investigaciones, la ex Drogas Peligrosas y otras fuerzas.
De ese total de detenciones no todas son judicializadas. El promedio de audiencias imputativas por día, en casos de detenidos por delitos, es de sólo 6. Así, en una cuenta rápida, se desprende que hay un promedio de 28 personas detenidas por día en circunstancias no delictivas, que no ameritan prisión preventiva o sólo para averiguar antecedentes. Estas 28 detenciones diarias no tienen control judicial alguno.
Según los mismos datos, en este marco se registró un aumento del 30 por ciento en la cantidad de detenciones durante octubre con respecto a los primeros meses del año como consecuencia de la acción policial local y la llegada de las fuerzas federales.
Asimismo, una serie de datos aportados por la Defensoría Pública de la provincia destacan que durante el último mes hubo un incremento de la cantidad de denuncias de situaciones irregulares de detención que hacen referencia a la brutalidad policial en los arrestos, allanamientos violentos, daños, lesiones y robos, y armado de causas por medio de figuras como resistencia a la autoridad, aparición de armas y otras situaciones muy sinuosas.
«En la Defensoría Regional llevamos un registro de denuncias de casos de violencia institucional como torturas, malos tratos o corrupción policial o judicial. Se observa un fenómeno de sostenido aumento: en 2014 hubo 123 denuncias por semestre, en 2015 hubo 135 y en el segundo semestre de este año ya hubo 148, casi una por día», dijo Gustavo Franceschetti, el Defensor Regional de Rosario.
Lo que más llama la atención en la Defensoría es que «sólo un 40 por ciento de esos hechos se traduce en una denuncia ante el Ministerio Público dado que las víctimas temen represalias o desconfían que ello sirva para algo. La Unidad Fiscal de Violencia y Corrupción Institucional a cargo de Karina Bartocci puede dar cuenta de esos casos», dicen.
Para Franceschetti, paralelamente a la mayor cantidad de detenciones, la Fiscalía «ha adoptado un criterio de mayor rigurosidad y lleva más cantidad de detenidos a audiencias de prisión preventiva, aumentando así el promedio de apresados en un 30 por ciento. Además, los jueces penales dictan más prisiones preventivas y en los últimos meses de este año hubo un 63 por ciento de prisiones preventivas cuando en 2014, al inicio del Sistema Procesal Penal, el promedio era de 53 por ciento. Este indicador es una prueba de que la puerta giratoria es un mito», aseguró.
El defensor sostuvo que «esta situación responde a un clima de época en el que la ciudadanía pide mayor seguridad y eso se traduce en un endurecimiento del sistema penal como respuesta espasmódica. Ese endurecimiento tiene costos, como un aumento de la población carcelaria y mayores niveles de violencia institucional sin que se reduzca el delito y haya mayor seguridad para la comunidad».
Franceschetti aseguró que «hay un abuso del artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía que permite que una persona esté demorada hasta seis horas por averiguación de antecedentes sólo si puede estar implicada en un hecho con apariencia de delito». En estos casos se produce una paradoja: «Hay un alto porcentaje de apresados por averiguación de antecedentes y en esos casos no hay juez ni fiscal. Todo queda reducido en un acta que debe confeccionar la policía. Es un agujero negro». Para el defensor «es posible que la llegada de fuerzas federales y un ajuste político a la policía sea el disparador de esta nueva realidad que observamos, pero no podemos asegurarlo»
Otro punto que resalta como consecuencia de la nueva política callejera de detenciones es que el «la cantidad de presos en comisarías de Rosario se incrementó un 20 por ciento durante los últimos dos meses, mientras que las cárceles de la zona están decididamente excedidas y el resto al tope de sus capacidades, lo que ha generado una creciente cantidad de motines y revueltas».
Para ejemplificar, la cifra ideal de detenidos en comisarías en los últimos años tuvo variaciones. En 2014 se registraban 1.400 internos en seccionales, cantidad que logró reducirse por medio de numerosos hábeas corpus a un cupo de «no más de entre 8 y 20 personas» según la seccional. Pero actualmente, esos números han vuelto a desbordarse a tal punto que en la Unidad Penitenciaria Nª 6 (ex alcaidía de Jefatura) tiene un cupo de 190 y actualmente hay 418 personas encarceladas. «Es una olla a presión que puede estallar en motines, no sólo allí sino en las comisarías, cosa que ya se está registrando», concluyó el defensor.
