(PR/GiulianaGhignone) Por estos días, un grupo de padres alzaron su voz pidiendo se escuche a sus hijos y reclamando un correcto manejo del sistema de la salud. Se trata de 160 niños y adolescentes que hoy se ven obligados a cambiar su lugar de rehabilitación ya que por razones poco claras, INIR ya no se encuentra conveniada con el programa nacional Incluir Salud que ofrece cobertura médico asistencial a los beneficiarios de pensiones asistenciales, leyes especiales y pensiones graciables.
Claudia Farias Diaz es la mamá de Estefanía Noemí Seoane, una adolescente que como otros tantos asiste a INIR, en diálogo con Pueblo Regional comentó la difícil situación que su hija atraviesa junto tantos otros, quienes están siendo víctimas de un mal manejo de la salud condicionados por intereses económicos de terceros. “Es una movida política, es tratar de beneficiar al empresario Rosarola. Desde la Institución iniciaron una demanda porque a ellos les hacen las auditorias y les dicen que hay irregularidades pero no les dicen cuáles son como para corregirlas”, comentó Farías. Estefanía tiene síndrome de regresión caudal y necesita de tratamiento con distintos profesionales, psicólogo, psicopedagoga, kinesiología y son sus profesionales desde que tiene 3 años entonces esto significa para ella una angustia muy grande.
“Desde el año pasado nos suspendieron el transporte y nos dijeron que si queríamos seguir contando con el servicio los pacientes debían ser atendidos en otros centros que ellos nos daban como opción. Sin respuestas a nuestros reclamos, INIR terminó haciéndose cargo del traslado” relata con angustia Farías quien remarca “esto empezó desde hace tiempo el tema es que los que son perjudicados acá son los chicos”.
“Hay toda una persecución que se le hizo al Instituto porque representaba una competencia grande para esta persona que ha comprado prácticamente todos los centros de rehabilitación en Venado Tuerto”, aseguró. “Nos dicen que tenemos derecho a decidir adonde mandar a nuestros hijos pero nos dan a elegir entre dos opciones, ambas del mismo dueño”.
Durante el 2021 problemas con el transporte de personas con discapacidad había salido a la luz y la legisladora Rosana Bellatti fue quien impulsó un proyecto de ley para la creación de un registro de Transporte con el propósito de regular y transparentar el servicio luego de las repercusiones públicas de irregularidad que surgieron en el departamento General López, relacionadas a las prestaciones del IAPOS para beneficiarios y beneficiarias del programa federal Incluir Salud.
