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Prisión preventiva para un imputado por microtráfico y pedido de demolición de un «aguantadero»

(PR/NormaMigueles) En una audiencia realizada este martes en los tribunales de Venado Tuerto, a solicitud del fiscal Iván Raposo, la jueza Paula Borrello ordenó la prisión preventiva de Adrián R. El imputado es investigado por infracción a la Ley de Estupefacientes (N.º 23.737) y fue detenido en la tarde del viernes 23 de enero. En este marco, el fiscal Raposo adelantó que evaluará solicitar la destrucción de la vivienda ubicada en República de Irlanda 1551, al considerar que era utilizada exclusivamente como “aguantadero”.

La imputación se concretó el lunes 22, donde se le informó a Adrián R. que la causa se inició por el hallazgo de marihuana y una balanza de precisión en su domicilio al momento de ser detenido por la PDI. Un dato de relevancia aportado en la audiencia es que el imputado utilizaba de forma alternativa sus apellidos paterno y materno.

El funcionario del MPA recordó que la investigación comenzó en 2025, tras la recepción de denuncias de vecinos a través del Buzón de la Vida, quienes alertaban sobre la alteración de la convivencia barrial que generaba este punto de comercialización de estupefacientes. Dichas denuncias fueron acompañadas formalmente por el intendente Leonel Chiarella, el representante del Ministerio de Seguridad Nahuel Pasquinelli y la senadora departamental Leticia Di Gregorio.

Como resultado de las pesquisas, en diciembre de 2025 se allanó la mencionada vivienda, donde se secuestró cocaína, semillas de marihuana y un teléfono celular. En aquel operativo se procedió a la detención de Adrián C., quien posteriormente fue imputado y se le dictó prisión preventiva por microtráfico.

Sin embargo, los allanamientos y la detención de Adrián C. no fueron un obstáculo para que su socio en el delito, Adrián R., continuara con la comercialización de estupefacientes, actividad que quedó registrada en videos de cámaras de vigilancia de la PDI.

Por su parte, el fiscal Iván Raposo insistió en que solicitará la demolición del inmueble que, a su entender, funcionaba como un «aguantadero» para el narcotráfico. Según detalló, además de ser una vivienda usurpada, carecía de servicios básicos e indicios de uso familiar; por el contrario, su funcionamiento generaba constantes conflictos en el vecindario. Como antecedente de la peligrosidad del lugar, se recordó que en diciembre de 2022 un hombre fue asesinado allí de un disparo en el pecho.

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