Firmat/Región- El sábado 30 de junio, entre las 14:30 y las 15 el joven de 22 años Alexis Meyer fue levantado de la vía pública en una de las calles de la ciudad de Firmat, según él mismo declaró ante el Juzgado de Instrucción de Melincué, y trasladado en móvil policial hasta la Comisaría 13 (del populoso barrio Fredickson). Allí fue golpeado, desnudado, mojado con agua para ser sometido a descargas eléctricas, filmado en posiciones sexuales y amenazado de ser penetrado con un palo de escoba por el ano. Ni más, ni menos ¿Fue la única vez que ocurrió cosa de similar estilo en sede policial de Firmat? ¿Existen controles que garanticen que este tipo de situaciones no se sucedan en comisarías de Venado Tuerto o de la región? Toda aquella sinrazón tuvo punto final con la orden judicial, emanada del juez de Instrucción Leandro Martín, que dispuso la detención de los 6 policías que cumplían aquella guardia, incluido el titular de la comisaría, Edgardo “El Turco” Alé.
La metodología de las razzias se enmarca en una estrategia de saturación que la policía provincial lleva adelante en algunas de las ciudades del departamento (Venado Tuerto y Firmat, entre ellas) con el aplauso, venia y promoción no solo de las autoridades locales (Freyre se lo reclamó en carta pública al gobernador Bonffatti y Maximino lo apoya en su ciudad) sino de gran parte de la sociedad civil que asiste a las reuniones de seguridad. De tal forma se vende que la existencia de estas razzias constituye un accionar que combate la inseguridad “per se”; cuando en realidad ello debería derivarse de los resultados que tales razzias arrojan. Si por presión política (y civil) en Firmat o Venado Tuerto se detienen por averiguación de antecedentes, diariamente, a 10 jóvenes; y de ese examen situacional resulta que todos ellos recuperan su libertad sin existir ningún elemento para que ocurra lo contrario; no debería anotarse tal medida ‘supuestamente preventiva’ como exitosa sino, por el contrario, como un fracaso que criminaliza y genera hostigamiento a los ciudadanos; y potencia las situaciones de abuso policial. Un antecedente: hace apenas un mes existió la denuncia de un grupo de padres en la que se dio cuenta de una situación de abuso policial en el marco de estas razzias, cuando una quincena de adolescentes, en plena plaza Rivadavia de Firmat (una noche de sábado), fue amedrentado por personal policial con el intolerable exabrupto de que uno de los agentes habría sacado su arma reglamentaria para amenazar a uno de los chicos. Tal asunto también fue denunciado ante la justicia y tuvo exposición pública por intermedio de la concejal Marilin Sacnún.
La policía no necesita más poder, necesita más control. Quienes fomentan estas políticas deberían hacer autocrítica.
Lentos de reflejos
La lentitud con la que las distintas fuerzas políticas reaccionaron para condenar el flagrante caso de abuso policial fue pasmosa. Solo comprensible a la luz del deseo de congraciarse con aquello que “el pueblo expresa en las juntas de seguridad” que, por cierto, muy difícilmente vaya en sintonía con lo que señala nuestra Constitución Nacional en su sección de Derechos y Garantías. Pero ser dirigente político y social, muchas veces, es ir en contra de lo que la turba iracunda reclama. El FPCyS, el 15 de julio emitió un vergonzoso comunicado en el que además de señalar lo que considera un “uso político” del asunto por parte de la concejal Sacnún; “también” se manifiesta a favor “de los derechos humanos de las víctimas de la inseguridad” (¿?). Más allá de la abominación que implica mezclar en un mismo comunicado “la cuestión de los abusos policiales” con la “cuestión de los derechos de las víctimas de delitos”, como si se tratara de cosas antagónicas (o defendés los DDHH de los que delinquen o de las víctimas del delito); queda claro que si el sector que conduce Sacnún logró capitalizar políticamente esta cuestión fue, principalmente, porque ni el FPCyS de Firmat, ni la Corriente Renovadora, ni el 100% Santafesino de Bellón tomaron la decisión política de participar y comprometerse para darle mayor volumen a la cuestión con lo que, por cierto, también expresaron su postura. Nobleza obliga: el diputado provincial Eduardo Toniolli, el ministro de Justicia de la Provincia Juan Lewis, el secretario de Seguridad de la Provincia Matías Drivet, el senador Lisandro Enrico y el coordinador del Nodo Venado Tuerto Oscar Pieroni también demostraron interés y preocupación ante la familia públicamente, y ante PUEBLO Regional por la necesidad de poner límite a los abusos policiales de Firmat y Venado Tuerto.
