Una populosa marcha se congregó ayer frente a la legislatura provincial, en el marco del proceso de destitución del Defensor Público, Gabriel Ganón. Sin embargo gracias al cerco mediático que ha montado el senador del Departamento General López a fuerza de presiones y pauta publicitaria; hace que muy pocos medios difundan esta noticia. Familiares de víctimas de violencia y corrupción policial, organismos de derechos humanos de Santa Fe y Rosario y dirigentes sociales se acercaron al palacio legislativo para manifestar su apoyo al funcionario judicial, pero les negaron el ingreso. esto se debe a que Ganón ha hecho de su trabajo en pos de los derechos humanos y atacando a los excesos y la corrupción policial en causas judiciales lo central de su función.
Para muchos Enrico es el brazo político del lobby policial, «garante de sus excesos» con su discurso de mano dura y repudio a los derechos humanos (y en este caso con la isntrumentación de la destitución de Ganón), y de sus negocios ante la total falta de cuestionamiento. Tres comisarías de General López hoy están intervenidas por el Ministerio de Seguridad de la provincia por excesos y casos de corrupción (una en Firmat, otra en Venado Tuerto y otra en Rufino); sin embargo el senador Enrico jamás ha hecho manifestación pública o cuestionamiento ni mediático ni institucional de todo ello. Esto se replica en toda la provincia, de allí que un centenar de personas se hayan congregado con pancartas y carteles que denunciaban la condición de «lobbysta de la policía» del senador Lisandro Enrico. Ser Lobbista significa «garantizar los inetereses», «trabajar para…».
En abril se termina el periodo de gestión de Ganón, sin embargo, un sector del poder político, judicial y policial, mancomunado a Enrico, quieren avanzar en la destitución lo antes posible. La embestida es encabezada por el senador departamental Lisandro Enrico.
«Quieren hacer este simulacro de proceso, porque si alguien no es acusado no puede defenderse. Es difícil entender cómo se llegan a algunas conclusiones. Lo hacen a puertas cerradas, sin que entre la prensa ni el público, es volver a los tribunales macartistas, que ejecutan estas cosas de espaldas al pueblo. Es un acto de revanchismo y patoterismo. El senador Enrico debería preocuparse por estas cosas y la calidad institucional, que diga qué hace con los subsidios que recibe todos los meses. Pero eso no le preocupa, le interesa hacer lobby para la peor policía de la provincia de Santa Fe”, afirmó Ganón en diálogo con PUEBLO Regional.
La Defensa Pública es el organismo que se encarga de dar representación a los actores que, de otra forma, quedan desplazados del acceso a los recursos judiciales. Además, bajo la conducción de Ganón, se realizó un intenso trabajo de relevamiento y denuncia de casos de desaparición forzada, torturas y violaciones de la ley por parte de fuerzas de seguridad, asesinados en comisarías seguidos de simulacros de ahorcamientos, como ocurrió en Venado Tuerto con Sergio Loza.
Según Ganón, está avanzada es parte del intento integral de reforma que incluyó el traspaso del poder inquisitivo con el poder centrado en el juez al poder concentrado en los fiscales y la policía.
“Esto es un poco lo que está pasando con mi proceso. Quienes me escuchan, son los que la semana próxima van a sentarse y votar la destitución, haciendo una doble tarea. Enrico no se hace responsable, se esconde detrás del sueldo. Yo lo invité a debatir públicamente, pero nunca respondió”, apunta.
Representantes del poder Judicial regional como el Dr Tomás Orso (miembro de la Cámara Penal de Apelaciones de Venado Tuerto) plantearon a PR las «consecuencias nefastas» de la designación de fiscales en el departamento sin que sean acompañados por jueces y defensores, tal como surge de las últimas modificaciones impulsadas por Enrico y votadas en la legislatura. Se trata de empujar al aislamiento a la Defensoría como parte de la estrategia de acoso.
“Se quiere reflotar una vieja idea que es privatizar la Defensa Pública, para que algunos pícaros hagan un gran negocio, como se hace en Chile, por ejemplo. Sin Defensores, los grandes estudios que se dedican al derecho penal pueden presentarse a licitaciones y hacerles pagar al erario público millones de pesos por defensas. Esto es lo que se está poniendo en juego”, resume Ganón.
