(PR) Con la implementación de la nueva Ley provincial 14.239 de adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que entró en vigencia el pasado 29 de diciembre, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, están a cargo de investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta el momento eran materia exclusiva de la Justicia Federal.
Este cambio en el modelo de trabajo requiere de una adaptación de las administraciones comunales y municipales, y los legisladores provinciales para que puedan hacer su aporte a la investigación fiscal.
“Desde la Delegación Regional, con la senadora (Leticia Di Gregorio) y los cuatro diputados (Sofía Galnares, Rosana Bellatti, María Castellani y Leo Calaianov), junto a la fiscalía, queremos que los intendentes y presidentes comunales de toda la región puedan acceder, de manera minuciosa, a lo que pueden realizar y colaborar para mejorar la situación del tráfico de drogas en sus localidades, y cómo deben trabajar con fiscalía”, planteó el delegado regional del gobierno santafesino, Roberto Vergé.
El funcionario explicó que “hubo una modificación muy importante en el mes de enero, donde la justicia provincial en lo que son pequeñas causas de drogas puede intervenir, como no lo hizo nunca antes en la historia”.
En este punto informó que se realizarán una serie de reuniones durante este y los próximos tres martes, donde participarán la totalidad de presidentes comunales e intendentes de la Delegación Regional y representantes de fiscalía.
Por su parte, el fiscal Horacio Puyrredón precisó que la adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, “habilita la posibilidad de que las provincias puedan trabajar en aquellos casos que están por fuera de lo que es el narcotráfico o el comercio de drogas a gran escala, y prevé que las provincias junto a su sistema de justicia penal, por intermedio del MPA, investiguen causas que tienen que ver con el microtráfico de estupefacientes, o venta minorista, que es lo que llega a los pueblos”.
El funcionario judicial apuntó que Venado Tuerto fue precursor en las dos posibilidades de actuación que establece la ley: las investigaciones sostenidas y comercialización en flagrancia.
“Hemos obtenido el primer procedimiento realizado en flagrancia junto a la policía provincial, en un trabajo de calle donde se encontraron con un vendedor, que fue aprehendido y se inició todo el proceso legal. Hoy ese sujeto está preso preventivo a la espera de los resultados definitivos de las pruebas de laboratorio”, informó Puyrredón.
La otra causa en trámite devino de una investigación penal, donde en un domicilio de Venado Tuerto se estaban comercializando estupefacientes. En este procedimiento se pudo avanzar en el sostenimiento de la calificación legal en primera instancia y cámara, y la continuidad de la prisión preventiva de los involucrados.
