(PR/Norma Migueles) A través de la Resolución 153-2025 publicada en el Boletín Oficial el Ministerio de Seguridad de la Nación que dirige Patricia Bullrich, dispuso una serie de medidas restrictivas para los detenidos considerados de “alto riesgo” alojados en el Servicio Penitenciario Federal.
Las restricciones apuntan a la periodicidad de las visitas de familiares, que pasan a reducirse a dos familiares directos mayores de 16 años, y de sus hijos menores, cada 15 días y por 60 minutos, sin contacto y a través de un locutorio. Si a algunas de esas personas se les revocara la autorización, no podrá volver a solicitarla hasta dentro de 6 meses.
Por otra parte, el Servicio Penitenciario Federal no autorizará el ingreso a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito, apoderados ni de allegados.
Las restricciones establecidas en la presente no serán aplicables a las visitas de los abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales y con los abogados que hubieran designado en tal carácter, dentro del plazo previsto para la formal aceptación del cargo.
La misma Resolución otorga facultades al servicio penitenciario que, en caso de detectar actividad delictiva, podrá requerir que se disponga la intervención de comunicaciones telefónicas, el monitoreo de visitas, la suspensión o prohibición de visitas o de establecer comunicaciones telefónicas.
Algunos de los fundamentos indican que “las personas privadas de la libertad incorporadas al sistema presentan altos o muy altos niveles de riesgo de fuga o de riesgo comunitario -riesgo de violencia hacia la comunidad o de daño contra ella-; de dirigir o participar de actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios con impacto en la comunidad; riesgo de corrupción o violación del régimen interno con propósitos criminales y riesgo de entorpecimiento de investigaciones judiciales”.
