(PR/Norma Migueles) Este lunes se dio a conocer la Resolución de la Cámara Penal, en la causa que se sigue al presidente comunal de Chovet, Sergio Busquet. El tribunal unipersonal, conformado por el juez penal Tomás Orso, revocó la absolución de primera instancia y condenó a Busquet a una pena de 45 días de prisión en suspenso e inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos por el término de 90 días, accesorias legales y las costas del proceso.
Orso, mantuvo además, la calificación presentada por la fiscal Susana Pepino de «Incumplimiento de deberes de funcionario», pero redujo notoriamente la pena propuesta por la funcionaria del MPA, quien solicitó una condena de 2 años de prisión condicional y la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos.
Busquet, estuvo sometido a juicio oral y público en los Tribunales de Melincué en 2024 y fue evaluado por el tribunal unipersonal integrado por la jueza Mariana Vidal, quien el 27 de diciembre pasado dictó su absolución.
Dentro de los tiempos legales, la fiscal Pepino interpuso el recurso de apelación a la absolución resuelta por la jueza Vidal. Así, la causa llegó a la Cámara y en fecha 18 de febrero, cuando se realizó la audiencia en Venado Tuerto, y este lunes el magistrado actuante dio a conocer su resolución.
Fundamentos
Algunos de los fundamentos esgrimidos por Tomás Orso, luego de escuchar y analizar los dichos de la fiscal Pepino y el defensor Miguel Ángel Pierri, sostienen que «testeando la información producida en el juicio y lo alegado por las partes, advierto que la no provocación de la situación que ameritaría considerar la existencia de un estado de necesidad por parte del agente no quedó debidamente demostrado ya que, más allá de que no se pone en duda las obras que realizara durante su gestión, no se sabe por qué, al momento de tener que afrontar el pago de sueldos, jornales y demás gastos, no contaba con los fondos suficientes».
Rebatiendo, además, otro de los argumentos planteado por Busquet, «el momento en que se toma indebidamente el crédito fue entre agosto y septiembre de 2019, gestión del gobernador Miguel Lifschitz, con lo cual la explicación brindada por Busquet -que sostiene que el déficit de fondos aconteció debido a represalias políticas emprendidas contra administradores de signos políticos contrarios al momento de asumir y durante la gobernación de Omar Perotti- no puede ser atendida ya que el préstamo fue tomado unos meses antes de que el último mencionado asumiera».
Por último, Orso sostuvo: «Entiendo que la conducta desplegada por el imputado encuadra en el delito por el que fue acusado y llevado a juicio (Incumplimiento de los deberes de funcionario público, a título de autor, arts. 45 y248, última parte, CP) sin que se haya verificado la existencia de un estado de necesidad neutralizante de las consecuencias punitivas que generó su comportamiento».
