Ahora sí todo es incertidumbre y desierto, nadie sabe qué pasará con la 33. Aquella luz de esperanza que tenían los vecinos para que esta trágica ruta se arregle y que se abrazaba fuerte a uno de los pocos convenios de obras que Nación iba a asumir para avanzar con su mantenimiento desde Sancti Spíritu hasta Rosario, se esfumó tras el cierre de Vialidad y un par de resoluciones (la 2025-1076-APN-DNV#MEC y la 2025-1076-APN-DNV#MEC) donde el ejecutivo oficializó la baja de este tipo de obras. El abandono a las rutas nacionales es total.
Hace tiempo que estaba intransitable, pero estará peor. Si ninguno de los gobiernos nacionales se puso a pensar en los miles de vecinos que la transitan a diario, menos lo iba a hacer la gestión de Milei que sin importarle demasiado las consecuencias confunde la mirada sesgada de «no querer hacer obras» con «el incumplimiento de un deber legal que es mantener las rutas nacionales». En fin, la destrucción del asfalto no se va a detener, el número de víctimas fatales tampoco.
Sin ningún tipo de reparo, el Gobierno Nacional detrás de una cortina de recortes le puso candado a Vialidad Nacional. Una decisión insensata que no solo escapa a la responsabilidad de gestionar y conducir el ente que poseía la administración de las rutas nacionales, sino también, que deja sin efecto y plazos a los pocos compromisos de obras viales que se venían gestando entre Nación y la Provincia de Santa Fe.
Cortaron las obras
El último lunes, el Poder Ejecutivo Nacional emitió un par de resoluciones que confirmaba la baja de dos contratos de reparaciones de rutas nacionales en la provincia de Santa Fe: por un lado, el de la Ruta 33, en el tramo que va desde Sancti Spíritu hasta Rosario; y por otro, el de la Ruta 178, que comprendía el trayecto entre Las Rosas y el empalme con la 33.
Frente a estas determinaciones, que lidian con un alto grado de irresponsabilidad y desinterés por parte de Nación al momento de cumplir con las obras de mantenimiento y conservación sobre sus rutas; desde el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe se repudió enérgicamente estas resoluciones irreflexivas del Gobierno Nacional al que ni siquiera parece preocuparle acatar los fallos de la Justicia Federal en relación a estas obras de mantenimiento (ya adjudicadas) que por ley debían ejecutarse sobre las rutas nacionales 33 y 178.
En ambas licitaciones, la UT conformada por Edeca SA y Rava SA había presentado las ofertas y resultó elegida para llevar adelante los trabajos. Sin embargo, las resoluciones del pasado lunes 7 -mismo día que se comunicaba el cierre de Vialidad Nacional-, confirman que estos procesos de contratación que regían en la plataforma Contrat.ar quedarán sin efectos. Por lo tanto, no habrá obras, quedaron fuera del presupuesto.
Los motivos de las bajas son irrisorios, rondan más en excusas y falta de voluntad política que en pruebas sólidas de un Estado que funciona en serio. De hecho, se pretendió argumentar que las bajas de las contrataciones se debían a que los plazos ya estaban demasiados retardados (propio de la misma burocracia estatal para administrar las obras) y por eso se definía no avanzar con las obras haciendo uso de uno de los artículos del pliego que habilita a Nación a tener cierta discrecionalidad para detener una adjudicación sin cargar con daños, como si fuera una especie de «arrepentimiento de obra». Esta determinación sorprendió por completo a las empresas de la UT que hasta el momento ya habían cumplimentado con la documentación necesaria para el inicio de obra.
El objetivo parece ser «no invertir ni un peso en estas obras viales tan necesarias para el interior del país». Quizás la suerte fuera distinta si los pozos y las muertes se darían en la General Paz, pero por estos pagos no cuentan, no interesan y no tienen la fuerza para incomodar a un gobierno nacional que esquiva las responsabilidades.
Cabe mencionar que para que Nación avance con estos contratos (ahora anulados) distintos legisladores habían presentado amparos en la Justicia, y los fallos fueron favorables, al menos daban la tranquilidad de que la gestión de Javier Milei, más que le pese, tendría que afrontar los compromisos de mantenimiento en sus rutas. Pero la suerte de estas obras cambiaría en los últimos días, y si bien nunca hubo interés político de hacer los trabajos, ahora el escenario es más decepcionante: ya no hay Vialidad, ya no hay contratos de obra. La desidia es absoluta.
La obra pública nacional en su peor momento
Ante este panorama decepcionante, el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe remarcó que la falta de obras de mantenimiento del gobierno de Milei a 19 meses de asumir funciones no solo ocurre en las rutas 178 y 33, hay muchas más como la A012, la 7, 8, 9, 11, 34, A007 y A008, por citar algunas de las arterias que totalizan los más de 2700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino, donde a diario no sólo circula el 80 por ciento de la producción del país, sino también millones de vecinos que por el estado peligroso de estos caminos no saben si llegarán a destino.
A su vez, desde el ministerio acentuaron que Santa Fe sigue sosteniendo el interés por tomar y afrontar el problema de las rutas nacionales solicitando una vez más que si Nación no quiere, no puede o no le interesa mantener sus rutas en el territorio provincial, se espera por una cesión o traspaso, dado que de alguna manera los santafesinos se las ingeniarán para comenzar a ponerlas en forma, como lo han demostrado durante este tiempo con las rutas provinciales.
Incluso, desde que conviven las gestiones de Milei y Pullaro ya hubo acciones que manifiestan el claro interés de Santa Fe de solidarizarse con la causa para cambiar la realidad, desde las colaboraciones con asfalto a Vialidad Nacional para que al menos se corrijan los baches, hasta las instalaciones de luces o cortes de pastizales en rutas nacionales que hace años esperaban atención.
Según el mensaje emitido desde el Ministerio de Obras Públicas, detrás de este reclamo que engloba a toda una provincia y que exige por la conservación de las rutas nacionales, se sustenta una necesidad real, un pedido que germina de los propios vecinos que arriesgan sus vidas al transitarlas; dejando por asentado que esto no trata de un debate entre partidos políticos que se exponen culpas, ni que tampoco el problema existe desde diciembre de 2023.
Aquí la cuestión de fondo está atada a las obligaciones de los funcionarios que ejercen y cobran sueldos en el Estado nacional, al cumplimiento de las leyes, a que se deben implementar trabajos sobre rutas para darle respuestas urgentes y creíbles a los ciudadanos, porque de hecho, cada vez que los vecinos cargan un litro de combustible están contribuyendo con un impuesto que el Gobierno Nacional recauda para invertir en obras viales, en obras que hasta el momento no se ven y que hoy parecen estar en su peor estado… en obras que se acordaron, se licitaron y que no se cumplen, ahora ni siquiera con la orden de la justicia.
