La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley que busca regular el sistema de transporte en la provincia. La actual norma data de 1934. El siniestro del 24 de febrero de 2017 en la ruta 33, entre Pérez y Zavalla, conocido como la tragedia de Monticas, que dejó 13 muertos y expuso la precariedad del sistema de transporte en la provincia.
A partir de ese luctuoso suceso, la Legislatura empezó a trabajar sobre cuatro proyectos que intentaban regular el transporte en la provincia: uno del senador Rubén Pirola —que obtuvo media sanción y pasó a Diputados—, uno del diputado Julio Eggimann, otro del entonces diputado Roy López Molina (actual concejal de Rosario) y un mensaje del Poder Ejecutivo. Con esas iniciativas se armó un único dictamen que llegó al recinto y se aprobó con 31 votos a favor, ocho abstenciones (del interbloque Cambiemos) y cuatro en contra, de los legisladores de Igualdad y Participación y del Frente Social y Popular.
Clara García fue la encargada de dar a conocer los principales puntos del proyecto. La legisladora del socialismo aseguró que todas las fuerzas políticas trabajaron para darle forma al texto y que se tuvo en cuenta la voz de todos los actores vinculados al sistema.
“La concesión es uno de los puntos más importantes: los pliegos contarán con plazos y con una inversión que consideramos necesaria. La compra de unidades y el mantenimiento es otro de los puntos”, expresó, y aclaró que el Estado tendrá un rol importante para garantizar esas inversiones y recordó que hace poco más de dos años otorgó créditos con tasa subsidiada a pymes santafesinas para la compra de unidades.
Las concesiones tendrán una vigencia de 10 años. La ley tiene en cuenta a las pyme locales hoy prestatarias de servicios. En ese sentido, se establece que a partir del decreto reglamentario de la ley, las empresas que están brindando servicios tendrán 12 meses para adecuarse a las nuevas exigencias. Una vez cumplido ese plazo deberán superar una serie de auditorías para garantizar el cumplimiento de los requisitos. Si eso sucede, automáticamente el Estado les concesionará por siete años los servicios que ya prestan. Si no, pasarán a una licitación abierta a otras empresas.
Eso está contemplado en el artículo 43, que fue uno de los más cuestionados, incluso por diputados que acompañaron la ley en general, como los del peronismo.
Por otra parte, García explicó que se armarán paquetes de corredores a licitar, donde se buscará un equilibrio y que cada oferta contenga rutas con mucha demanda de pasajes junto a otras con menos atractivo para los privados.
También se propone una fórmula para definir la tarifa de los servicios y que eso esté monitoreado por las universidades públicas y un consejo consultivo. Asimismo se contempla que los beneficios de descuentos y bonificaciones en pasajes que hoy tienen los distintos usuarios sigan vigentes.
Ahora la norma está en manos de los senadores. Según confió García, el proyecto fue consensuado con los integrantes de la Cámara alta, por lo que no debería tener inconvenientes para ser aprobado. Luego quedará la reglamentación.
