El proyecto de ley de necesidad pública que se apresta a enviar el gobierno provincial a la Legislatura contempla pedidos de autorización para tomar deuda hasta 27 mil millones de pesos para reforzar la caja del Estado santafesino y renegociar, a través de distintos instrumentos de crédito, la deuda flotante y con los contratistas. Al respecto, también se piden facultades para explorar acuerdos que permitan reformar estos contratos y para suspender por noventa días, «por acto debidamente fundado», las licitaciones y concursos en marcha.
La iniciativa, a la que pueden adherir municipios y comunas, contempla la creación de un régimen de asistencia transitoria para los gobiernos locales y pone en marcha un régimen de regularización de deudas por multas y tasas redistributivas de servicios a distintos niveles del Estado.
En el capítulo destinado a atender las emergencias social y sanitaria, crea dos fondos de 2.500 millones de pesos cada uno para desarrollar programas específicos en esas dos áreas, hacia los que se podrán afectar partidas destinadas a gastos de capital, por encima del límite que impuso la ley de presupuesto. También avanza con el boleto gratuito educativo.
El proyecto que se enviará a la Legislatura ya no pide la declaración de emergencia, como el que fue remitido sin éxito a fines del año pasado, sino la de necesidad pública social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad hasta el 30 de junio de 2021.
Tiene como marco la ley de emergencia a nivel nacional y dispone medidas para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, priorizar programas de empleo y capacitación, la atención a comedores y merenderos y a la economía social.
Se crea en ese marco un programa de emergencia alimentaria con aportes del Tesoro provincial, de programas nacionales y de organismos multilaterales, que reunirá 2.500 millones de pesos y será administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. Un plan equivalente, por el mismo monto, funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud. En ambos casos, a los fines de la integración de las partidas correspondientes, el proyecto de ley faculta al Ejecutivo a afectar partidas que estaban destinadas a gastos de capital, para recursos corrientes. Esa modificación no será considerada a los efectos de calcular el límite del 40 por ciento que estableció la ley de presupuesto 2020.
La iniciativa autoriza también al gobierno a renegociar contratos con proveedores de obras, bienes y servicios bajo los criterios de «mejorar la situación existente» y con la condición de llegar a acuerdos de «sacrificio compartido». De no lograrse esta renegociación, la provincia podrá reprogramar plazos y resolver contratos de suministro, obra, locación y/ o consultoría.
La norma, de sancionarse, habilitará al Ejecutivo a suspender durante 90 días, «por acto debidamente fundado», las licitaciones y concursos en trámite. Esa posibilidad incluye a todos los organismos del Estado, incluso a los descentralizados, y se extiende al resto de los poderes y a los municipios y comunas que declaren la emergencia.
Para encarar la renegociación de los contratos, el gobierno busca autorización para tomar deuda por $ 12 mil millones para pagar y renegociar, a través de distintos instrumentos, la deuda flotante y los contratos públicos. Los municipios y comunas que se declaren en emergencia podrán también concertar operaciones de crédito para ese fin.
Con el propósito de recomponer el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), una suerte de caja provincial, el gobierno pide pista para tomar deuda por otros 15 mil millones de pesos, «a tasas razonables y con 60 meses de plazo para distribución». Para ambas operaciones de crédito, interno o externo, solicita la posibilidad de poner la coparticipación como garantía y asegurar un rango de plazos de entre dos y diez años.
Para reforzar las disponibilidades, el proyecto también faculta al Ejecutivo a dejar en manos del Tesoro provincial los recursos afectados por leyes provinciales que excedan el gasto ejecutado, así como los saldos no invertidos de ejercicios anteriores, con excepción de las cuentas de la seguridad social.
La ley de necesidad pública crea, además, un régimen transitorio de asistencia financiera a municipios y comunas, equivalente a la 12ª parte del presupuesto comprometido por la coparticipación. Los anticipos podrán ser usados para pagar salarios, prestar servicios, atender la emergencia social, cancelar deudas, realizar inversiones y deberán declarar primero la emergencia.
El paquete legislativo pide también facultades para disponer franquicias adicionales, tendientes a garantizar la implementación del boleto educativo gratuito. También pide autorización para utilizar con ese fin, en caso de ser necesario, fondos correspondientes al endeudamiento público.
Asimismo, solicita facultades para otorgar asignaciones no remunerativa a agentes estatales cuyas funciones resulten «críticas» y crea una comisión bicameral de seguimiento de la ley. También establece la emergencia en seguridad.
Fuente: Álvaro Torriglia / La Capital
