Después de más de cuatro años de idas y vueltas procesales, Ana Viglione y Andrés Ferrato, dos ex funcionarios de la disuelta Secretaría de Delitos Complejos de la provincia acusados y con un pedido de pena de tres años de prisión por falso testimonio en el marco de la pesquisa contra la banda de Los Monos, llegarán finalmente a juicio. Es que un juez de segunda instancia rechazó un planteo de sus defensas cuestionando la legitimidad como querellante del ex comisario Gustavo «Gula» Pereyra y la nulidad del proceso desde que fueran imputados.
El 29 de agosto de 2014 el juez Juan Carlos Vienna, instructor de la causa que terminó con Los Monos tras las rejas, firmó un decreto en el que pidió investigar por falso testimonio a Viglione, ex titular de la Secretaría de Delitos Complejos y actual subsecretaria de Formación y Desarrollo Policial en la Escuela de Investigaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública provincial, y a quien fuera su segundo en el área. Pero la carpeta judicial sufrió innumerables vaivenes procesales y todo se demoró.
El caso remite a la declaración de esos dos funcionarios en el marco de la causa que instruyó Vienna y donde el policía Pereyra, por entonces subalterno de Viglione, aparecía comprometido y con supuestos vínculos con la banda de barrio Las Flores. El ex policía quedó bajo sospecha al ser mencionado en escuchas realizadas a Ramón «Monchi» Machuca y a un sargento que pactó una condena a 3 años en un juicio abreviado.
El juez Vienna sobreseyó a Pereyra porque si bien lo nombraban en esos diálogos, no lo comprometían escuchas propias. El camarista Daniel Acosta, a su vez, tuvo en cuenta que de la computadora del comisario se recuperaron archivos borrados con fotos, domicilios de quioscos de drogas, viviendas de supuestos narcos y organigramas de bandas. Eso suponía un conocimiento mayor al que había admitido y revocó el sobreseimiento por lo que en 2015 «Gula» fue procesado. Sin embargo quedó absuelto en el juicio oral en el que condenaron Los Monos.
Incongruecias
Tanto Viglione como Ferrato había negado en el estrado judicial haber participado de investigaciones sobre narcotráfico. Pero Pereyra dijo que sus superiores sí les asignaban pesquisas de esa índole. Entonces Vienna abrió la causa 48/14 por presunto falso testimonio de los funcionarios. Las incongruencias quedaron en evidencia con el secuestro de mails entre los funcionarios y Pereyra que contenía información sobre las investigaciones por narcotráfico.
Por cuestiones de competencia, el expediente deambuló entre varios fiscales del viejo sistema escrito hasta que el 30 de diciembre de 2015 la ex jueza Alejandra Rodenas resolvió que debía investigarlo un fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La carpeta recaló en el escritorio de Aníbal Vescovo. Un mes antes, los abogados Sergio Larrubia y Alberto Tortajada habían presentado el escrito para la constitución de querellante de «Gula» Pereyra.
Las defensas apelaron esa decisión porque entendían que no se podían extender los efectos jurídicos de la causa 48/14 a una pesquisa del nuevo sistema, pero en diciembre de 2016 el juez de segunda instancia Alfredo Ivaldi Artacho resolvió avalar la continuidad de la carpeta judicial bajo la órbita del MPA y a Pereyra como querellante. Entonces, el 29 de mayo de 2017 el fiscal llevó a audiencia imputativa a Viglione y Ferrato.
Aunque con cierta lentitud, la pesquisa se reactivó. Hasta que el 17 de diciembre pasado se realizó la audiencia preliminar al juicio, trámite presidido por el juez Juan Andrés Donnola. Allí Vescovo se aprestaba a solicitar 3 años de prisión condicional para los imputados y el doble de ese tiempo para ejercer cargos públicos, mientras que la querella iba a pedir 5 años de cárcel.
La acusación
Básicamente la acusación residía en que ambos negaron haber ordenado investigaciones sobre narcotráfico, cuando recibieron mails de Pereyra con informes sobre el tema. Entre otras evidencias, el fiscal leyó los mails en los cuales el comisario informaba sobre actividades de narcotráfico. Pero Vescovo no pudo consolidar la acusación porque la defensora oficial de Ferratto, Alejandra Paolini, elevó un recurso de falta de personería para discutirle a Pereyra su condición de querellante. Por eso el juez Donnola dispuso un cuarto intermedio de 48 horas.
Sin embargo pasaron tres meses porque el magistrado recién se expidió el 8 de marzo pasado cuando se inclinó por rechazar el planteo. La decisión del funcionario motivó una nueva apelación de los defensores. Así se llegó hasta una nueva audiencia esta semana en la que los acusados concurrieron junto a sus abogados: Paolini por Ferratto y Daniel Terani por Viglione.
Ferrato, antes de que su defensora expusiera los agravios sostuvo que nunca había sido notificado de la constitución del querellante.
Luego Paolini hizo una descripción del derrotero de la causa e insistió con que la querella carecía de representación legal y pidió invalidar todas las actuaciones desde la audiencia imputativa contra su asistido. En tanto, Terani se plegó al reclamo y cuestionó que en la carátula de la carpeta figuraba «Ferratto y otra», sin identificar a su clienta.
Ambos abogados aclararon que la intención no era obstruir el proceso sino avanzar, ya que además son imprescriptibles los delitos achacados a los funcionarios públicos. Vescovo aclaró que «siempre existió un solo legajo» que contiene la denuncia iniciada por Vienna. «No es verdad que no tenía conocimiento, esto ya fue tratado», remarcó el fiscal.
Larrubia, en tanto, indicó que el escrito de presentación de querellante con el poder respectivo consta en el expediente. «No hay falta, sino una mala interpretación de la defensa», fustigó.
El juez Ivaldi Artacho se tomó unos minutos luego de repasar el caso y finalmente confirmó la decisión de Donnola. «Voy a confirmar la decisión apelada. Un petición como la esgrimida por las defensas implicaría asumir a este tribunal un criterio absolutamente ritualista e inadmisible para dirimir la cuestión», manifestó.
El magistrado convalidó las actuaciones que comenzaron en el sistema conclusional y fueron remitidas al MPA. «En el decreto del juez Vienna de agosto de 2014 se admitió el delito. Allí alude expresamente a las declaraciones de Ferrato y Viglione. Nada más hay que justifique la decisión del juez», indicó Ivaldi.
Ahora resta fijar fecha para proseguir con la audiencia preliminar previa al juicio contra Viglione y Ferrato, y que había sido suspendido por el incidente que finalmente se destrabó en segunda instancia.
