El estado de sitio es un régimen de excepción que debe ser declarado por el Congreso a propuesta del gobierno. Representa un concepto equivalente al de estado de guerra, y por ello se dan a las fuerzas armadas facultades preponderantes para los actos de represión. Durante el estado de sitio quedan en suspenso las garantías constitucionales, con mayor o menor extensión, según las legislaciones.
Al borde de esta condición se encuentra por estos días Venado Tuerto, a partir de una serie de hechos delictivos que tuvieron como escenario una céntrica zona de la ciudad: viviendas ubicadas en cercanías de la esquina de Castelli y Pueyrredón. Desde ese “paquete” punto de la ciudad se conformó un grupo autodenominado Vecinos Autoconvocados que organizó una serie de protestas (“llaverazos”) que se realizaron el 3, 10 y 18 de abril, y el 16 de mayo, donde con gran virulencia se reclamó a las autoridades tomar medidas para frenar el avance de las “hordas de delincuentes”.
Una de las medidas adoptadas fue la declaración del distrito en “emergencia en materia de seguridad pública” a través del decreto 37/12 firmado por el intendente municipal, José Luis Freyre, a mediados de abril y que tiene una duración de 90 días, con posibilidad de prórroga.
“No obstante ser facultad que constitucionalmente es competencia del Estado provincial, este Departamento Ejecutivo, reafirmando todos y cada uno de los considerandos expuestos en el proyecto de ordenanza referido, no puede ser ajeno al clamor social que exige una férrea actitud de todas sus autoridades, sin distinguir cuáles son las atribuciones y potestades de cada una. En tal convicción, y a manera de expresión de la voluntad política de quien encabeza esta gestión municipal, de arbitrar todos los medios a su alcance para combatir el flagelo, se ha resuelto dictar la presente declaración de emergencia, a los fines de poder tomar las medidas urgentes que sean necesarias para dar satisfacción a la justa pretensión ciudadana”, manifiesta Freyre en el decreto 37/12.
En la misma línea, y aunque en un principio había asegurado que en Venado Tuerto la actividad delictiva estaba concentrada “en un reducido grupo de delincuentes históricos”, Freyre profundizó sus pedidos a la provincia para tratar de pacificar a la “Esmeralda del sur”.
El mandatario venadense giró al ministro de Seguridad provincial Leandro Corti alrededor del 20 de abril, un plan de seguridad para la ciudad en el que ofrece la posibilidad de trabajar en forma conjunta contra la inseguridad.
Entre otras cosas, el intendente propuso a Corti “diseñar un Plan de Seguridad para la ciudad de Venado Tuerto y su zona de influencia, más allá de los refuerzos operativos en materia de recursos humanos y tecnológicos y de móviles y logística policial, con metas calificables y cuantificables a corto, mediano y largo plazo”.
Además, reclamó la designación de “un responsable en materia de seguridad comunitaria en el ámbito de la estructura del Nodo Regional V”, la coordinación de las fuerzas de seguridad a través del 911, articular una mayor participación de Gendarmería Nacional en tareas de vigilancia, y gestionar la creación de un Juzgado Federal en Venado Tuerto, entre otras medidas.
En el reclamo de que Gendarmería patrulle las calles de la ciudad fueron más vehementes los Vecinos Autoconvocados, que con un pedido de publicación reclamaron a través de los medios de comunicación locales: “Proponemos que el señor intendente José Freyre envíe una misiva inmediata al gobierno nacional solicitando la llegada de más gendarmes y sus correspondientes recursos a la ciudad”, y más adelante remarcaron “instamos a que, de inmediato, las autoridades envíen a Venado Tuerto a la policía caminera, de manera que los gendarmes estén abocados a combatir el delito junto a la policía provincial en la ciudad y dejen esa tarea en las rutas a quienes deben realizarlo”.
Por estos días también se reactivaron los pedidos de mano dura, el retorno del servicio militar, y la baja de la edad de imputabilidad: “A nuestros legisladores les pedimos que reactiven el proyecto de ley presentado en el 2009 y posteriormente frenado en la Cámara baja. Que traten la edad de imputabilidad –que debe bajarse- y que los padres o responsables de menores que delinquen, paguen por sus delitos con prisión”.
Causa noble
Una de las damnificadas y principal impulsora del grupo de autoconvocados al invitar a la comunidad a participar de las marchas por mayor seguridad arengó: “No es necesario ser robado para estar en las marchas, hay que ser solidarios con las causas nobles. Por eso les pedimos por favor a todos que estén, porque nosotros vamos a seguir estando”, y para despegarse de cualquier posibilidad de ser catalogada de promilitar o algún calificativo similar aclaró: “No nos queda otra cosa que hacer esto, y gracias a Dios que hay democracia, y por eso la cuidamos”.
Al hablar de causas nobles, es justo recordar los casos de Clemente Arona y Lucas Oro, dos jóvenes venadenses que fueron víctimas de los excesos policiales que, lamentablemente, serán más frecuentes si se aumenta la presencia de fuerzas de seguridad en las calles, sobre todo si se tiene en cuenta que los niveles de capacitación de los nuevos agentes no han variado demasiado en los últimos años.
El 8 de septiembre de 1999 la moto que conducía Clemente Arona fue atropellada por un móvil policial cuando se desplazaba por ruta 8 y Chacabuco de Venado Tuerto. Clemente tuvo una lenta y dolorosa agonía, hasta que el 24 de septiembre se produjo el desenlace fatal. Desde entonces, su madre, Ana Braghieri y un grupo de familiares y amigos todos los viernes al atardecer realiza una silenciosa marcha alrededor de la plaza San Martín. La misma esquina que Ana Braghieri y su gente escogieron hace doce años como punto de partida de su marcha semanal, es la que utilizaron los Vecinos Autoconvocados en la manifestación del 16 de mayo para pedir mano dura, más policías, y si es necesario, que la Gendarmería patrulle las calles.
Pero, casi con seguridad, ninguno de los Autoconvocados que dieron origen a las marchas de la seguridad, acompañaron a Braghieri en su peregrinar por la plaza más céntrica de Venado Tuerto en los últimos años. Al parecer la nobleza de este caso no los tocaba de cerca.
Otro hecho violento que involucró a policías en la ciudad tuvo como protagonista al joven Lucas Oro, que el 16 de diciembre de 2006 recibió un tiro de escopeta a corta distancia en el rostro, al ser interceptado por policías del Comando Radioeléctrico en la esquina de Chacabuco y Saavedra. Según el parte médico, Lucas sufrió destrucción maxilofasial y estallido del globo ocular izquierdo, lesiones por las cuales todavía está recibiendo cirugías reconstructivas. En este caso también se organizaron algunas movilizaciones en reclamo de justicia, pero otra vez la timorata sociedad venadense miró al costado porque, indudablemente, no era “una causa noble” que mereciera semejante compromiso.
En este punto vale preguntarse ¿qué cosas movilizan al venado tuerto, que va camino a quedarse ciego? Y la respuesta es demasiado lamentable: la intocable propiedad privada.
Así las cosas, hoy la ciudad se encuentra preocupada en detectar sospechosos, sembrar la desconfianza entre vecinos, discriminar por “portación de cara” y ver un delincuente en cada rostro extraño a los estándares fijados por la TV.
“Si querés seguridad, no pidas policía y castigo. Pedí educación e igualdad”, señala un didáctico graffiti en la Capital Federal. No parece una mala idea.
Pablo Salinas
