Son dos policías y tres patovicas del boliche La Tienda, donde vieron al joven empleado municipal Gerardo Escobar por última vez la madrugada del 14 de agosto.
Reclamo. Compañeros de trabajo, familiares y amigos de Gerardo ayer a la mañana, en la puerta de Tribunales.
Los dos policías y tres patovicas acusados de causar y encubrir la muerte de Gerardo “Pichón” Escobar, el joven que tras salir del boliche La Tienda el 14 de agosto estuvo siete días desaparecido hasta ser hallado sin vida en el río Paraná, quedaron ayer en prisión preventiva sin plazo. La medida fue adoptada por el juez Luis María Caterina en una audiencia extensa, en la que los dos efectivos detenidos pidieron declarar y se desligaron del hecho. Con una marcha por el caso en la puerta de Tribunales, el magistrado además rechazó el pedido del defensor general Gabriel Ganón de derivar la investigación a la Justicia federal al entender que se el hecho se encuadra en una desaparición forzada de persona (ver aparte).
El debate, saturado de público, continuó la audiencia del lunes en la que el patovica Cristian V. fue imputado como autor de la muerte de Gerardo Escobar; mientras que los policías Maximiliano A. y Luis Alberto N. y los custodios César A. y José Luis C. fueron acusados de encubrimiento agravado.
Los cinco fueron detenidos luego de que una cámara de vigilancia particular registrara que Cristian V. le pegó con dureza a Pichón aquella mañana tras correrlo desde la puerta del bar de Tucumán al 1100 hasta la esquina de Tucumán y Sarmiento, donde se lo ve arrastrar al joven aparentemente desvanecido. El video no registró lo que pasó después y ayer tampoco se sumaron evidencias sobre qué ocurrió entre la paliza y el hallazgo del cuerpo flotando en el río siete días después.
Posiciones. La fiscalía se inclinó por la hipótesis más grave y, en ese marco, la fiscal Marisol Fabbro solicitó que se dicte la prisión preventiva sin plazo de los cinco acusados, a lo que se opusieron enérgicamente sus abogados. Todos hicieron mella en la debilidad de las pruebas para sostener una acusación por homicidio cuando “no está acreditada una muerte violenta”. La autopsia sólo detectó edemas que podrían corresponderse tanto a golpes como al estado de putrefacción del cuerpo.
Los defensores señalaron que no está probada la conexión entre los golpes y la muerte ni la intención homicida. Remarcaron que, luego de la secuencia de golpes filmada, el patovica Cristian V. regresó al boliche e incluso conversó con el amigo que acompañaba a Pichón, a quien le dicen Toni. A ese diálogo, hasta ahora sólo relatado por Toni, se refirió uno de los policías involucrados. Los efectivos quisieron declarar, mientras que el resto de los imputados se abstuvo.
Así, Maximiliano A. dijo que minutos antes de las 6 de la mañana del 14 de agosto estaba en la puerta de La Tienda hablando con el patovica José Luis “Tarta”C., cuando vio “en el medio de la calle a un muchacho con los brazos abiertos, tambaleándose. Los autos lo esquivaban”. Relató también que el joven caminó hacia los autos estacionados, hizo “un movimiento como que quiso abrir uno de los autos y se apoyó en el vidrio del lado del chofer”.
Dos que hablaron. El policía Maximiliano A. está de licencia, según contó, por una lesión que sufrió en una rodilla al reducir a dos muchachos cuando realizaba adicionales legales en el mismo boliche La Tienda. Desde entonces conservó “una buena relación” con la gente del local, que lo “ayudaba económicamente” y por lo que solía ir “a dar una mano”.
“Un compañero mío le grita (a Pichón). Yo voy detrás de ellos por la vereda y veo que forcejeaba con un auto —siguió contando—. Se fue para Sarmiento bastante rápido, aunque se tambaleaba y se tenía los pantalones”, relató el agente. En ese momento, recordó, la encargada le pidió que fuera a buscar al patovica Cristian V., que había salido detrás de Pichón y según el video le estaba pegando en la esquina. Al llegar al lugar, el policía sólo vio a “este muchacho que se va por Sarmiento para el lado del parque” (España). Al regresar al boliche se reencontró con el patovica.
Luego, de acuerdo al relato del policía, salió del local el amigo de Escobar y le preguntó por él a Cristian V., a quien conoce del barrio y por ser habitué del bar. “Ya salió. Estuvo haciendo cagadas. Casi lo levanta un auto y se fue para el lado del parque España”, le contestó el custodio según el policía Maximiliano A. El uniformado sostuvo que Toni contestó: “Siempre hace lo mismo. Sale, se chupetea, se pierde. Ya una vez desapareció y volvió solo. Que se joda por pelotudo”.
También declaró Luis Alberto N., el policía que cumplía adicionales legales. “Estaba descompuesto y con dolor de cabeza. Soy el que se ve sentado en el video (de la salida del boliche). Nunca me fui de La Tienda”, dijo, y reveló el recorrido que hizo hacia su casa en su Peugeot 207 para que lo constaten con cámaras de vigilancia. “No sé porqué estoy acá. No tengo nada que ocultar. ¿Quién se va a hacer cargo de que me arrestaron por nada? ¿Quién va a responder por lo que pasó mi familia?”, reclamó con voz quebrada.
Pedido y pruebas. La fiscal Fabbro, con sus pares Miguel Moreno y Rafael Coria, pidió la prisión preventiva sin plazo para los imputados sobre todo en base al video de la golpiza en el que se ve que Cristian V. le pisó una mano a Escobar, le pegó un puñetazo con la mano izquierda, otro con la derecha y un rodillazo, para luego arrastrarlo fuera del alcance de la cámara. Añadió que en otra filmación se ve que a las 5.56 el policía Maximiliano A. parece relatarle lo sucedido a su colega Luis Alberto N. mientras hace gestos de arrinconar a una persona y se agarra la cabeza. Citó que a las 6.15 se ve al patovica Cristian V. conversar con el policía A. y que se va cada uno hacia su auto “sin saludarse”, lo que evaluó como sugestivo.
Por último, la fiscal mencionó lo que declararon los cuatro muchachos que salieron del boliche con Escobar: «Hicieron mucho hincapié en que lo vieron dado vuelta», vieron que un patovica le pegaba y escucharon que una mujer gritó «paren de pegarle que lo van a matar». Pero no vieron qué pasó después, lo que es el gran enigma.
Con cautela, Fabbro reconoció que «no existen elementos para una condena. Tenemos una persona desaparecida, la imagen de una golpiza y un cuerpo en el agua. Lo que hicimos es sumar», planteó. Y consideró llamativa la insistencia con la que, el primer día de búsqueda, Toni les pidió a los allegados a Pichón que preguntaran lo ocurrido en la casa del patovica Cristian V.
Finalmente relativizó al programa on line de búsqueda de celulares usado por amigos de Gerardo y que detectó la señal del aparato a unos 80 metros de la casa de Cristian V.: «No lo utilizamos como una evidencia cargosa porque no se puede aseverar que sea eficiente».
Las críticas. El planteo en bloque de los defensores apuntó a la fragilidad de la prueba. «Estamos ante una muerte no aclarada, sobre la cual pesa la mayor de las incertidumbres», dijo Leopoldo Monteil en representación del principal acusado. Y apuntó que los golpes «nunca pudieron estar dirigidos a provocar la muerte». Además se preguntó cómo habrían hecho los imputados para «comprobar una muerte, acarrear el cuerpo inerte a la barranca, arrojarlo al río y regresar en sólo 6 o 7 minutos» al boliche.
El abogado Marcelo Piercecchi (por Maximiliano A.) se refirió a la dimensión pública del caso: «El reclamo por la inseguridad se traslada al Poder Judicial y eso hace que la Fiscalía pierda la libertad de investigar. A mí me gustaría saber cómo murió Pichón y ésto no se aclaró».
Con esa artillería, los abogados (se suman Juan Ubiedo y José Luis Giacometti) pidieron libertades, salidas bajo fianza o medidas atenuadas que no prosperaron. Tras más de cuatro horas, el juez resolvió la prisión sin plazo al apreciar que existe «apariencia de responsabilidad» y expectativa de pena efectiva. Ahora se abre un período de profundización de las pruebas con los implicados en prisión, que pueden apelar o solicitar una revisión en sesenta días.
Desecharon la posible desaparición forzada
En el primer tramo de la audiencia el juez Luis María Caterina rechazó el pedido del defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, para que la muerte de Gerardo Escobar se investigue en la Justicia federal como “desaparición forzada de persona”. Si bien consideró que estaba legitimado a plantearlo en nombre de las víctimas, señaló que el caso no reúne los requisitos de ese delito porque los policías “no actuaron dentro del mandato genérico del Estado” ni como parte de una “organización estructurada que dispara la desaparición” sino en apariencia en forma particular, al punto que uno de ellos al declarar en la comisaría 18ª no se presentó como empleado policial.
Ganón abrió la audiencia planteando que la cuestión de incompetencia “fue introducida mucho antes de que hubiera imputados en la causa” y que lo hizo en representación de las víctimas porque “se compromete la participación de la policía en la misma investigación de los hechos”. Consideró que basta la sospecha de la desaparición forzada para investigar el hecho como tal. Incluso señaló que “un anónimo” alertó a los familiares de que el joven habría estado demorado en una comisaría. Los fiscales respondieron que hasta ahora no encuentran elementos para encuadrar el caso de ese modo, aunque no descartan que puedan surgir en el futuro. Y atacaron la legitimidad de Ganón para opinar en el caso sin ser parte, cuando el organismo a su cargo debería representar a los mismos policías si no pudieran costear defensores particulares y cuando para representar a las víctimas existe el Centro de Asistencia Judicial o la figura del querellante.
Caterina finalmente consideró justificada la participación de Ganón porque “ocurrió en momentos preliminares” y porque puede hacerlo “cuando el Estado ponga en peligro la integridad de una persona”. Pero evaluó que los precedentes de otras provincias, de la Corte nacional y de organismos internacionales citados por Ganón no se aplican al caso Escobar porque la figura de la desaparición forzada “busca evitar que organismos estatales priven de la libertad a una persona”, mientras que en este caso los policías habrían actuado de manera particular y como parte de un mandato institucional.
Municipales
El secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Ratner, estuvo ayer en la audiencia imputativa y dijo que aguardarán el resultado de la autopsia para saber “si hubo desaparición forzada de persona en perjuicio de Gerardo y que de ser así acompañarán el pedido del pase de la causa al fuero federal” (La Capital).
