(Pablo Tomás Almena/ Lucas Paulinovich/ Foto: Gabriel Durando). Venado Tuerto/ Región- El Doctor Tomás Orso no solo es miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto, sino que es un prestigioso autor de doctrina en torno a la cuestión procesal penal en la provincia. De hecho es uno de los dos abogados de Venado Tuerto (junto a la Dra Silvia Gamba) que colaboraron con Daniel Erbetta en la autoría del nuevo Código Procesal Penal comentado. Para él, el déficit del sistema no es por error de conceptos o herramientas sino por ineficiencias en la implementación: falta de recursos económicos y humanos.
Las iniciativas de endurecimiento de penas y mayores rigores en el funcionamiento del sistema penal que se promueven a nivel nacional, tienen en la región un arraigo específico en las propuestas defendidas en esa materia por el senador radical Lisandro Enrico y el Diputado del FPV Darío Mascioli. Es una réplica, en muchos casos, de los discursos de escala mayor que se ubican en los primeros puestos de la agenda mediática nacional. Sin embargo, toman las particularidades de la región, se inscriben en las discusiones según los tonos y los énfasis de cada lugar, y de acuerdo a los hechos que se dan en la región (hay una cárcel en marcha para Melincué, y alguien tendrá que ocuparla). En ese marco, la propuesta de ampliar la prisión preventiva, como respuesta a la supuesta flexibilidad de la justicia frente a los delincuentes, es una de las puntas de lanza que la dirigencia política en general parece tener en nuestra región, para su construcción política.
“Me parece bien que un legislador esté interesado en mejorar, desde su posición ideológica, las leyes procesales. Ahora la cuestión de la prisión preventiva, yo lo he hablado con Lisandro (Enrico), lo que tenemos que bregar es que las personas que estén privadas de libertad, lo estén porque haya una condena firme. Si bien en algunos casos corresponde dictarla, como está en el Código, debe ser impuesta cuando haya elementos como para presumir que esa persona puede fugarse o poner en riesgo el enjuiciamiento. Pero no se puede extender y utilizar como un adelanto de pena. Antes lo que pasaba es que había personas que estaban dos, tres, hasta cuatro años con prisión preventiva. Y muchos casos llegan personas en esa condición, con una apelación, que queda abstracta, porque con ese tiempo, ya está en condiciones de obtener la libertad condicional. Entonces, la prisión preventiva ahí funciona lisa y llanamente como una pena anticipada y contradice la Constitución y los Tratados”, dice Tomás Orso, miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto.
El contenido de la iniciativa tiene la marca visible de la matriz ideológica que la nutre: el anti-garantismo del senador Enrico es explícito, asumiéndose como un militante de la concepción paternal de la justicia, como dadora de premios y castigos. Y para ello: casi perfecta. El caso del Diputado Mascioli, parece ser distinto. Menos frontal. Pero la realidad del funcionamiento judicial, por el contrario, objeta ese ensueño de una justicia perfecta y liberada de parcialidades. El delito no es cuestión de buenos y malos, sino que emerge en los entrecruzamientos de intereses concretos, en las redes de negocios que se van superponiendo entre lo legal y lo ilegal. En ese marco, la justicia sigue sus conveniencias: no todos los delitos son penados. Las cárceles llenas de jóvenes menores de 35 años y en su mayoría oriundos de los barrios periféricos de las ciudades, mano de obra de los grandes negocios ilegales, confirma un sesgo indudable.
“Yo soy de la idea de imponer en la prisión preventiva un lapso de duración determinado. Durante el cual el fiscal tiene que acusar al menos, no se lo puede dejar en ese limbo de preso preventivo durante años. La prisión preventiva durante la investigación no puede durar más de seis meses, después la causa tiene que seguir avanzando hasta el juicio”, comenta el funcionario judicial.
En los primeros años de aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la provincia, que produjo profundos cambios en la metodología de funcionamiento de una parte del sistema judicial, todavía no se despejan las dudas acerca de su eficiencia. “Fue un cambio tan rotundo, un cambio de paradigma, donde hubo un desplazamiento del poder del juez de instrucción a los fiscales, aparecieron otros factores que no existían como tales. La decisión la toma en persona el gobernador. A lo mejor, esta puesta en marcha tiene como lado positivo que se puso a funcionar, porque corríamos el riesgo de que pase como en otras provincias, como Mendoza, que estuvo más de diez años con un Código dictado y un nuevo sistema que no se ponía en marcha nunca. Pero es cierto que faltan algunos recursos, y descansa mucho en los funcionarios públicos. La falta de productividad que estamos detectando, en buena parte, es por falta de funcionarios, y esperemos que se empiecen a cubrir a los puestos que están faltando, especialmente fiscales y defensores”, describe el juez.
La formación de cúpulas enquistadas que administran la justicia en función de intereses privados, la corporativización que elije sus enemigos y descarga sus recursos para proteger negocios acomodados, se veía fortalecida en el funcionamiento burocrático de la justicia, donde los hombres se vuelven expedientes, y los causas, cifras de archivo. Es un grado de humanización ganado que puede obstaculizar algunos mecanismos que actuaban al servicio de los sectores ligados a esa aristocracia judicial. “Cuando era fiscal y empezamos a tramitar las cuestiones de la prisión preventiva en audiencia oral. En el año 2009 empezamos a darle ese marco oral. Antes, yo era fiscal, cuando había alguien detenido, directamente se lo escuchaba, y el fiscal por escrito ponía si procedía o no la excarcelación. En la primera audiencia que hicimos oralmente, que estaba el imputado, que antes era solamente un papelito, yo fui con la idea de pedir prisión preventiva. Después de esa audiencia, había algo que no cerraba, el mecanismo del sistema escrito, deshumanizaba. Y ahí terminamos conviniendo una prisión preventiva morigerada que fue disminuyendo hasta el estado de libertad. Este sistema, con todas sus falencias, es más humano, hay un contacto cara a cara, más directo”, recuerda el magistrado.
Los nuevos roles de los funcionarios de justicia, así como los grados de humanización y acercamiento a la población de los estrados, son algunas de las piezas que pudieron moverse a partir de las modificaciones, pero la justicia aún continúa entrampada en los tribunales, sin poder salir y tomar contacto con lo que sucede en las calles. “Yo creo que los jueces tenemos que salir de las oficinas. Con este sistema de Sala de Audiencia los medios y la gente tienen posibilidad de enterarse de lo que resuelve un juez. Antes nadie se enteraba de nada, y ese secretismo convalidaba muchas irregularidades”, define Orso.
