(PR/NM) El fiscal regional de la Segunda Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe, Matías Merlo, cuestionó a los jueces de Rosario que dictaron resoluciones contra la persecución provincial de droga a baja escala. En tal sentido, aseguró que pueden provocar «más homicidios, balaceras y heridos».
En una entrevista concedida al periodista Hernán Funes (Cadena 3 Rosario), Merlo rompió su habitual cautela y apuntó contra los integrantes de la Cámara Penal de Rosario, quienes emitieron resoluciones contra la persecución del MPA y fuerzas provinciales a los «pasamanos» de drogas y búnkeres en los barrios.
«Esta cuestión va a impactar directamente en la seguridad pública. Si a nosotros nos quitan la herramienta de investigar el microtráfico nos están quitando un instrumento esencial para bajar los hechos de violencia altamente lesivos: homicidios, heridos de arma de fuego y balaceras”, remarcó el fiscal amparado en las estadísticas que indican la fuerte baja de hechos de homicidios en Santa Fe, especialmente en Rosario, desde fines de 2023 a la fecha.
«Los resultados están a la vista gracias a la coordinación con la Fiscalía General y con la Fiscalía Federal. Por eso nos preocupa esta situación: si nos quitan esa competencia vamos a tener un Estado ‘bobo’, y eso va a impactar directamente en la seguridad pública, con más homicidios, más balaceras y más heridos de arma de fuego», afirmó.
Luego, el Fiscal Regional de Rosario valoró que «el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz ya sostuvo que lo resuelto por un camarista era incorrecto y arbitrario, y envió copia de las resoluciones a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que esté informada de esta situación», en relación a una resolución del magistrado federal de Garantías de Rosario que rechazó, en duros términos, una resolución del camarista Javier Beltramone y devolvió actuaciones al fuero provincial.
Además de Beltramone, según fuentes judiciales, los integrantes de la Cámara Penal de Rosario que emitieron resoluciones con cuestionamientos a la competencia sobre el Microtráfico son Guillermo Llaudet Maza, Carolina Hernández, Viviana Alonso, Tomás Orso y Gabriela Sansó.
«Nos llama poderosamente la atención la postura de algunos camaristas, son posturas individuales. El conflicto de competencia no debería existir porque los Ministerios Públicos trabajamos de manera coordinada y fijamos claramente cuál es el límite de cada uno. Así lo establece el artículo 120 de la Constitución Nacional para el Ministerio Público Fiscal, y también nuestra Constitución provincial, que señala que somos la cabeza de la persecución penal», concluyó Merlo.
Fuente: Cadena 3 Rosario
