(PR- Eduardo Di Nardo) Este jueves el oficialismo y la oposición tratarán de imponer una de las dos iniciativas que se votarán en la Cámara baja nacional, para que luego viaje al Senado, sobre la nueva ley de alquileres.
Tanto la oposición de Juntos por el Cambio como el oficialismo proponen modificar una ley que salió mal desde su inicio, en su momento impulsado por el diputado del PRO, Daniel Lipoveski.
Pandemia mediante y un DNU que prohibió aumentos al menos por 18 meses e impedimento legal de desalojos, más una casi hiperinflación, hicieron que el remedio sea 100 veces más letal que la enfermedad.
El mercado inmobiliario hasta ese momento, en lo que respecta a alquileres, viajaba normal: los propietarios tenían la certeza de que no ganaban exactamente lo que debían, pero aceptaban perder unos puntos de rentabilidad porque sabían que en el corto plazo podían recuperar el inmueble o reajustarlo para acercarse a lo que correspondía.
Todas las medidas de 2020 a la fecha hicieron que la salida de las propiedades en alquiler sea como se ve, una huida frenética para no tener nada que ver con pensar en alquilar un inmueble.
El oficialismo aún reclama y grita que, de los casi 4 millones de inmuebles alquilados, sólo se han registrado 200 mil contratos, y “es real, este es un mercado evasor por excelencia, ya sea en la compraventa o en los alquileres”, comenta por lo bajo un corredor inmobiliario que no quiere dar su nombre.
En el caso de falta de pago, al iniciar una demanda el contrato exige su señoría debe estar registrado, para eso el inmueble debería estar blanqueado o sea pagar impuestos a los bienes personales y o a las ganancias si correspondiere.
Como ese inmueble no está blanqueado, no se registra, se corre ese riesgo, pero imaginen el riesgo en caso de no pagar el inquilino. El propietario desistiría de iniciar acciones ya que si lo hace debería reconocer a la AFIP que por ese inmueble nunca tributo o sea estaría reconociendo una deuda abismal por unos meses de alquiler impagos. Qué se hace, no se reclama, se retiran las propiedades del mercado y se vende aun cuando los precios están llegando a su mínimo, nada quieren saber con la posibilidad de alquilar.
Mi contribución a esto es: primero reconocer la realidad de que algo debe hacerse con la actualización, algo de emergencia, donde se pueda actualizar al menos hasta que la inflación se desacelere, pero es impensado que si estoy pagando un alquiler sea por doce meses con una actualización en cero.
Debe haber una recomposición al menos hasta que los índices inflacionarios bajen, los propietarios no todos son grupos inversores como en CABA, son personas que no pueden sostener que se le pague una renta 12 meses al mismo valor, que viven en gran parte de esa segunda jubilación, el Estado no puede dictar normas que solucionen un tema que debe solucionarlo él, o sea el Estado debe dar incentivos para la construcción eximiendo de impuestos para tal fin, proveer de créditos hipotecarios blandos a 30 años para primera vivienda, no endurecer y castigar al poseedor de una vivienda que la pone en renta para subsistir.
Nada de esto hará el Estado, quizás ganen unos u otros, lo que sí esta ley es perfecta, hace que los dos, por primera vez, pierdan.
