En apenas dos meses se emitieron más de 1600 cheques y se movieron fondos por más del doble del presupuesto comunal. La Justicia investiga una administración marcada por el descontrol financiero, cheques sin registrar y movimientos sospechosos.
Una auditoría contable y distintos informes en poder de la Justicia destaparon un escándalo de proporciones en la Comuna de Melincué, durante la breve pero caótica gestión del ex presidente comunal Silvio Garbolino. En solo 80 días, entre el 30 de octubre de 2023 y el 18 de enero de 2024, se emitieron más de 1600 cheques —entre registrados, no registrados y en circulación— por montos que representan el 76,5% del total del presupuesto ejecutado en todo 2023.
Según las cifras oficiales, el presupuesto ejecutado ese año fue de $575 millones. Sin embargo, solo en una de las cuentas oficiales, la del Banco Nación, se detectaron movimientos por más de $1300 millones en ese mismo período, más del doble del presupuesto aprobado por la comisión comunal.
Entre las irregularidades más graves se encuentra la existencia de al menos 200 cheques sin registro administrativo. Además, no están asentados en libros contables ni figuran en las chequeras oficiales, lo que impide rastrear su emisión. Tampoco fueron cobrados, y se sospecha que podrían estar en poder de prestamistas o terceros ajenos a la administración pública. Este hecho ya fue denunciado penalmente, y forma parte del expediente judicial en curso.
A raíz de estas inconsistencias, el 16 de diciembre de 2024 la Justicia provincial allanó el domicilio de Garbolino, en busca de documentación y pruebas. La medida fue dispuesta por el avance de la causa penal que investiga presuntos delitos contra la administración pública.
Un final anunciado
Garbolino había asumido la conducción comunal el 10 de diciembre de 2023, pero apenas 40 días después presentó su renuncia.
Como publicaron en su momento distintos medios de comunicación, la situación institucional era insostenible. La presión social se hizo sentir.
La causa continúa su curso en los tribunales provinciales, con la participación de peritos contables y la intervención directa de organismos estatales de control.
