Está acusado de comercio de drogas junto a tres policías, dos reconocidos traficantes y otras 21 personas. El trámite oral y público durará tres meses.
El ex jefe de la policía de Santa Fe Hugo Tognoli comenzará a ser juzgado mañana por el delito presunto que llevó a su destitución y que causó una de las más graves crisis políticas en los diez años de gobierno del Frente Progresista en la provincia: la acusación por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio por brindar amparo a dos narcotraficantes muy conocidos el sur provincial, Carlos Ascaíni y Aldo «Totola» Orozco.
El proceso que se inicia mañana a las 9.30 es de gran complejidad no solamente por la controversia de los delitos atribuidos por la fiscalía, que acarrearán un fuerte duelo entre fiscalías y defensas, sino por sus implicancias políticas. También lo será por la cantidad de acusados presentes en la sala de audiencias del Tribunal Federal Oral Nº 2.
Las imputadas son en total 27 personas por distintos hechos a juzgarse en tres causas diferentes. Los testigos convocados a declarar ascienden a más de dos centenares entre civiles y policías. Están citados el entonces ministro de Seguridad Leandro Corti y el actual titular del área, Maximiliano Pullaro. Se considera que, en el escenario más optimista, el trámite no concluirá antes del final de septiembre.
Tognoli, de 53 años, ya recibió una condena en 2015 cuando el Tribunal Federal de Santa Fe le impuso seis años de prisión por encubrimiento agravado del vendedor de drogas de la zona costera santafesina Daniel «Tuerto» Mendoza y por coacciones a la dirigente de la ONG Madres Solidarias, Norma Castaños, denunciante de la complicidad supuesta entre ambos.
Este juicio oral era impulsado tanto por la acusación de la fiscalía como por la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero en el último día hábil previo al juicio la UIF renunció a su rol de querellante por lo que los acusadores de este organismo fiscal dedicado a los delitos económicos no estarán en el trámite.
La causa central que se examinará desde mañana es la que generó la mayor resonancia pública y desató una compleja crisis política durante la primera etapa del gobierno de Antonio Bonfatti, que había designado a Tognoli como la máxima autoridad policial de su gestión al arrancar su mandato. Esta pesquisa había sido iniciada por la fiscal federal Liliana Bettiolo. La funcionaria acusó a Tognoli de brindar cobertura a Ascaíni, a quien el propio jefe comunal de Villa Cañás, la ciudad donde residía, había señalado como jefe de una organización de venta de drogas.
La clave personal
En esa pesquisa Bettiolo hizo hincapié en que desde la comisaría de esa ciudad le habían proporcionado información a Ascaíni sobre dos vehículos que lo estaban persiguiendo y que pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Por esa información los policías cobraban dinero. En el momento en que ocurrió el seguimiento a Ascaíni, en septiembre de 2009, Tognoli era jefe provincial de Drogas Peligrosas.
La fiscal acusó a Tognoli pero el juez federal Nº 3 Carlos Vera Barros le dictó inicialmente la falta de mérito. Luego ingresó al trámite el fiscal federal Patricio Murray quien consideró que Tognoli, en su calidad de jefe de Drogas provincial, facilitó su clave personal en el Registro de la Propiedad Automotor a subordinados para que averiguaran dominios de vehículos aportados por Ascaíni a fin de establecer si pertenecían a fuerzas de seguridad.
Murray utilizó la figura de empresa criminal conjunta en el tráfico de estupefacientes al definir que Tognoli integró tal entidad junto a los policías Alfredo Quintana y Néstor Juan Fernández, que era jefe de la Brigada Drogas de Venado Tuerto, y el propio Ascaíni. El rol que adjudicó a Tognoli era garantizar que se evitara la persecución de Ascaíni. Frente a esta acusación el juez Vera Barros procesó a Tognoli.
El caso tiene además veinte imputados adicionales en distintos roles por participación presunta en actividades narcocriminales. Entre ellos están las esposas de Ascaíni y Orozco, Carina Leguizamón y Jenifer María Domínguez, respectivamente.
Este trámite fue elevado a juicio por el juez federal Marcelo Bailaque a fines de 2015. Ya habían sido detenidos Ascaíni y Orozco, condenado este último en 2016 a seis años de prisión por otro hecho de narcotráfico a partir de una detención en Firmat, la ciudad donde residía.
A Tognoli se lo acusó de haber facilitado a Ascaíni, a través de sus subordinados Fernández y Quintana, la información de la pertenencia a la PSA de la camioneta Isuzu blanca que lo perseguía, como supuesta contraprestación de pagos que recibía. La comunicación la entabló el propio Ascaíni. Eso posibilitó que policías interceptaran al vehículo de la PSA y frustraran la persecución garantizando impunidad a Ascaíni.
Este había llamado para pedir los datos del vehículo que iba detrás suyo. «Tras esa comunicación telefónica, un policía partió hacia donde se encontraba Ascaíni para interceptar y pedir identificación a quienes lo seguían, de tal forma de facilitar la evasión», consignó el fiscal Mario Gambacorta al pedir la elevación de la causa a juicio.
Pan de azúcar
La conexión con droga se da a partir de una detención del propio Ascaíni, incidente no exento de una copiosa polémica que con seguridad seguirá en el juicio, y que mereció una primera anulación judicial aunque luego fue validado por la Cámara Federal de Apelaciones.
Fue la que concretó el ex jefe de Drogas Peligrosas de Venado Tuerto, Alejandro Druetta, en un operativo espontáneo sin origen fundado en investigación previa, en un cruce de rutas cercano a Chapuy, en el departamento General López, el 8 de mayo de 2012. Allí Druetta informó haber detenido a Ascaíni dentro de su auto Audi A4 con un arma de fuego y un pan de 1.168 gramos de cocaína, que resultó estar compuesto por azúcar en un 96 por ciento. Esta es la segunda de las causas en ser sometida al juicio que arranca mañana.
A Totola Orozco lo vinculan por un operativo con múltiples secuestros de estupefacientes realizados en diversos domicilios de Firmat el 5 de abril de 2013. Tanto a Ascaíni como a Orozco los consideraban los mayores traficantes de drogas del sur provincial. Es la tercera de las causas analizadas en el proceso.
Bailaque acusó a Tognoli, Fernández y Quintana por comercio de estupefacientes doblemente agravado por la concurrencia de tres o más personas organizadas para tal fin y por su condición de funcionarios públicos. Al policía Oscar Ledesma le reprochó haber omitido denunciar a los traficantes de drogas que operaban en Firmat. El fiscal indicó que mientras Ascaíni traficaba drogas los policías señalados, en su carácter de tales y haciendo uso de sus posiciones jerárquicas, le garantizaban el desarrollo de su actividad sin interferencias.
El arreglo
El fiscal federal Gambacorta, al elevar la causa para el juicio oral, señaló que en el marco de otro expediente, el 503/11 por un caso de trata de personas, Ledesma mantuvo una conversación con una mujer a quien le refiere quiénes eran «los narcos» (menciona a Ascaíni y Orozco) y «los policías» con los que «arreglaban». En ese diálogo interceptado Ledesma le dice a su interlocutora que Ascaíni lo hacía «directamente» con Tognoli por «30 mil pesos al mes». También refiere que Orozco fue captado en escuchas señalando que pagaba 30 mil pesos a la policía con lo cual se destaca la coincidencia.
Asimismo el fiscal remarca en su acusación que un comisario de apellido Armúa, jefe de la Brigada Operativa de Venado Tuerto después de Fernández, fue removido de inmediato por Tognoli en tanto mostró interés en investigar a Ascaíni.
En dos salas
En definitiva los juzgados a partir del lunes son cuatro policías, Tognoli entre ellos, los dos señalados narcotraficantes Ascaíni y Orozco y otras 21 personas acusadas por papeles diversos en bandas de comercializadores de droga.
Tognoli quedó públicamente señalado por estos hechos a partir de la publicación de una extensa nota en el diario Página/12 en octubre de 2012. Tras dos días en los que su paradero fue desconocido se presentó y quedó preso. Desde entonces permanece detenido.
Por la cantidad de imputados la sala del TOF 2 quedará colmada sólo con ellos más los fiscales, defensores y tribunal. Se habilitará otra sala con la televisación del juicio para la prensa y público general en el TOF 1, en la misma sede en Oroño al 900.
El tribunal de juicio estará presidido por Beatriz Barabani e integrado por Omar Digerónimo y Otmar Paulucci. La fiscal será Adriana Saccone asistida por Federico Reynares Solari y Mario Gambacorta.
«Leo las causas todos los días para saber por qué estoy preso», dijo Hugo Tognoli en una entrevista a este diario en 2015, cuando se definió como «un preso político del gobierno nacional»: «Yo luchaba contra el narco. Y apuntaron contra mí porque era más fácil que atacar a un político. No hay un solo indicio en mi contra. Y si no, que me digan dónde están las pruebas». El ex jefe policial llegó ayer a Rosario y fue alojado en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria del aeropuerto de Fisherton.
(F: La Capital)
