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Bandidos rurales

Exposición Rural de 1976. Jorge Rafael Videla recorre la muestra.

Por Alejandra Dandan

Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.

La Sociedad Rural Argentina integra el INTA desde la creación del organismo, en 1956. Desde entonces forma parte del Consejo Directivo Nacional, junto a las otras organizaciones empresarias del campo, Coninagro, CRA y la Federación Agraria. El Consejo tiene además un presidente y un vicepresidente nombrados por el Poder Ejecutivo y un director nacional elegido por concurso. Con el golpe de Estado de 1976, la dirección del organismo fue intervenida por la marina, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares.

Esa intervención cívico-militar fue la encargada de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. En el contexto de la nueva causa, cobra relevancia el papel jugado por la SRA y los editoriales del diario La Nación en esa depuración, detrás de la cual aparece la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustiales más concentrados.

La denuncia que se presentó en el juzgado de Rafecas tiene el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón. Recoge en un único escrito lo que durante años se tramitó como causas separadas y acaba de ser acompañada por un “amicus curiae” presentado por las autoridades actuales del Instituto que, de este modo, se ponen a disposición de la investigación. El escrito le pide a Rafecas que evalúe responsabilidades por 1) la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y 2) por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “la cadena de mandos”.

Entre los nombres, aparecen los dos interventores del INTA ya fallecidos: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias, un civil del mundo empresario. También se menciona al Ministerio de Economía, encabezado por Martínez de Hoz, y a la Secretaría de Agricultura, de la que dependía directamente el Instituto. Por allí pasaron Mario Cadenas Madariaga, una de las voces de la SRA escuchadas en el conflicto por la 125, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario a partir de abril de 1976 y secretario desde 1981. Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la subsecretaría impulsado por Martínez de Hoz.

El padre de la princesa Máxima elogió en 1981 en la revista Chacra la actuación de Arias al frente del INTA, aunque siempre aseguró que no sabía lo que sucedía en el organismo que estaba a su cargo. Como la única denuncia que hasta ahora lo alcanzaba era por la desaparición de Marta Sierra, una de las trabajadoras, por un hecho previo a su nombramiento formal, hasta ahora no fue alcanzado por las imputaciones. En este contexto, las víctimas le piden ahora a la Justicia una relectura de su rol tomando en cuenta todo lo ocurrido. El petitorio promueve otras posibles imputaciones entre los representantes de las entidades agropecuarias y otros civiles colocados en puestos estratégicos. Sin nombrarlos, lo advierte en párrafos como el que sigue: “Las entidades patronales tuvieron un rol protagónico en el entramado que derivó en la desestabilización del gobierno constitucional, en el endurecimiento del discurso que las acercó a las pretensiones de represión de las Fuerzas Armadas y, finalmente, en el acuerdo con éstas de llevar adelante el golpe de Estado y la eliminación de dirigentes gremiales, comisiones internas y agentes y empleados que no respondiesen al modelo de organismos que esas entidades pretendían”, indica el escrito. “De allí se deriva la necesidad de esas entidades de acompañar la gestión de la dictadura con algunos de sus hombres en cargos de relevancia, que pudieran llevar adelante el modelo que requerían y dejar a las Fuerzas Armadas el camino libre para su política de persecución y eliminación de opositores políticos. Es por ello que entendemos que la responsabilidad penal en estos casos debe investigarse como un c