En el inicio del año se produjo en Firmat un caso de violación, que más allá de lo aberrante del hecho, dejó al descubierto la disfuncionalidad del sistema judicial durante los recesos de invierno y verano.
Es que por la causa ya pasaron tres fiscales debido al sistema de feria que va rotando a los funcionarios que quedan en funciones durante el período veraniego.
En este marco, PUEBLO Regional consultó al camarista venadense Tomás Orso sobre esta notoria debilidad del sistema: “Este caso refleja algunos desajustes, desacoples o disfuncionalidades de la justicia en esta época del año. Concretamente la feria estival paraliza por más de 30 días buena parte de la justicia penal”.
El funcionario judicial consideró que “por un lado hay un problema en lo que es el funcionamiento general del sistema de feria, que implica que quede una dotación mínima de personal en diferentes áreas, tanto en la fiscalía, el servicio público como los tribunales penales para estar afectados a un número muy acotado de causas que, básicamente, son los casos donde hay personas privadas de la libertad. Solamente se trabaja ese tipo de causas mientras que el resto queda esperando que se reanude la actividad”.
Haciendo un poco de historia, Orso recordó que el sistema de feria judicial viene de la época de la colonia, “es decir que estamos hablando de una institución del siglo XIX aplicada en el siglo XXI donde hay un nivel de conflictividad muy superior y estamos dentro del marco de una organización que creo debería actualizarse en algunos puntos, porque en el ámbito penal la feria judicial es retrógrada”.
En la misma línea opinó que “este sistema de feria judicial tendría que ser rediseñado y no entiendo por qué estamos tan cerrados pensando que podemos seguir extendiendo en el tiempo este sistema. Ha cambiado prácticamente todo el diseño de la justicia penal, salimos del papeleo, del secreto del papel para ir a una audiencia pública y nos quedamos con esto de parar casi cinco semanas en enero y dos semanas en julio”.
Para poner blanco sobre negro del nivel de prestación que tienen los juzgados penales durante la feria, el camarista precisó que “no queda más de un 5 a 10 por ciento del personal, el resto tomamos licencia, y se trabajan de las tres etapas del proceso penal (investigación, juicio y una etapa intermedia) sólo la parte investigativa y para los casos en que hay personas privadas de la libertad. En el resto, que es la mayoría de las actuaciones judiciales, directamente no se trabaja”.
Lograr un cambio en el sistema de feria dependería, según la interpretación de Orso, de una decisión de la Corte Suprema de Justicia provincial o del poder político a través de los legisladores modificando la ley orgánica del Poder Judicial en el ámbito penal.
Pablo C. Salinas
