(Rosario/12) El acta en la que constan los primeros pasos de la investigación del crimen de Luis Medina se convirtió en un serio dolor de cabeza para el gobierno de Antonio Bonfatti. Basados en ese documento y en «informantes calificados», los diputados Héctor Acuña y Oscar Urruty denunciaron que «es la primera vez que aparece la acción de funcionarios políticos queriendo obtener información antes que la Justicia». El primero aseguró que el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, «envió» a dos funcionarios a colaborar con el peritaje de la computadora de la víctima. Y ambos desafiaron al Ejecutivo «que muestre las actas que dice tener para argumentar que hubo una solicitud. Las actas no dicen que haya habido una orden de la Justicia» para que técnicos de la órbita del Ministerio de Gobierno desbloquearan y abrieran la Mac del empresario asesinado el 29 de diciembre en Acceso Sur. Otras fuentes indicaron la misma línea de razonamiento. Por eso ayer la comisión de Seguridad de Diputados, que Acuña preside, dispuso llamar a los ministros Rubén Galassi y Juan Lewis a explicar el episodio de la notebook y la irrupción el sábado pasado de tres policías de la División Judiciales, ajenos a la investigación, en el country de Pilar con la intención de entrar a la casa que habitaban Medina y su pareja asesinada, Justina Castelli.
Fue una reunión acalorada la que celebró la comisión de Seguridad ayer por la mañana en la delegación Rosario de la Cámara de Diputados. La legisladora del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, le advirtió a Acuña que su ofensiva puede poner en riesgo la investigación judicial, y que «se hagan cargo» si luego la prueba queda invalidada por este estado de sospecha instalado. Es que el peronista llevó la reunión hasta la conclusión de sentar por lo menos a Galassi y a Lewis a dar explicaciones. «No es cierto que haya una solicitud del Poder Judicial al poder político de ayuda para hacer la pericia de la máquina. Acá hubo un ofrecimiento y una presencia de dos funcionarios políticos enviados por el ministro de Seguridad a presentarse a colaborar. La diferencia es sustancial, porque no recuerdo una investigación judicial en la que el poder político esté tan apresurado por ver qué tenía la máquina antes que la Justicia la tome», dijo Acuña.
Lejos de allí, el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, sostuvo que «el peritaje (de la computadora) fue ordenado por la jueza», en referencia a Raquel Cosgaya, quien estuvo pocas horas a cargo de la causa de la que no se hizo cargo su par María Luisa Pérez Vara. Explicó que aunque la jueza no firmó el acta, habría sido consultada, según el acta, para entregar la notebook y un teléfono celular secuestrados en la habitación del hotel Pullman donde se alojaba Medina cuando lo asesinaron. «De acuerdo al acta que me merece fe, el peritaje fue ordenado por la jueza», afirmó Barraguirre, en sintonía con lo dicho antes por todo el gobierno, desde Antonio Bonfatti para abajo.
Fuentes consultadas por este diario deslizaron que tanto Barraguirre como Acuña apuntan a cuestiones ciertas. Es decir, el peritaje fue «ordenado por la jueza», como confirmó el procurador; pero la versión de Acuña da cuenta de que los funcionarios políticos no fueron requeridos por la Justicia, sino enviados por Lamberto para «brindar colaboración». Además de Acuña y Gutiérrez, estuvieron Maximiliano Pullaro (UCR), Germán Mastrocola (Unión Pro), Alberto Daniele (PJ) y Oscar Urruty (PPS). Fue este último quien blanqueó el motivo de la animosidad opositora: «Hemos tenido acceso a las actas, a información de informantes calificados que nos han dicho cómo han sido los procedimientos posteriores a la muerte de Medina. Tenemos información calificada, documental y verbal. Por eso pedimos la presencia de los funcionarios en Diputados», dijo Urruty. Y fue por más: «Contradigo al gobernador, no había ningún elemento ni orden judicial de la forma protocolar que tiene que ser realizada para que el gobierno provincial intervenga. Las actas no dicen que haya habido una orden de la Justicia».
En la reunión de ayer los presentes comentaban con tono de certeza algunos contenidos del acta de la polémica, en el que se consignó la llegada de dos funcionarios de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, dependiente del Ministerio de Gobierno, «para brindar colaboración», y que ya cerca de la medianoche de aquel domingo sangriento estos hombres se retiraron con la computadora que el perito policial no llegó a tocar. Hasta que la jueza Alejandra Rodenas tomó la causa al día siguiente y exigió la devolución de la notebook.
«La explicación del gobierno no se ajusta a la verdad de la información que nosotros tenemos. Lo importante sería que muestre las actas que dice tener y por las cuales afirma que hubo una solicitud judicial», recalcó Acuña. Además de la decisión de citar a Lewis y a Galassi, existen otras mociones aún no consensuadas de convocar a la secretaria de Delitos Complejos, Ana María Viglione, al procurador general Barraguirre y a la jueza Raquel Cosgaya.
