(PR/Norma Migueles) El entonces fiscal de Melincué, Matías Merlo, inició en 2017 una causa por juego ilegal tras recibir una denuncia del jefe comunal de Hughes, José Luis Leghina, sobre el funcionamiento de un casino clandestino con máquinas en una especie de locutorio en la localidad. La investigación comenzó con el allanamiento al local donde fueron detenidas la dueña y dos empleadas.
Pueblo Regional dialogó con el ahora fiscal regional Matías Merlo, quién describió el hilo de una larga y dificultosa pesquisa. En esa pesquisa, que aún hoy continúa, Merlo llegó hasta el poderoso zar del juego Leonardo Peiti, quien era muy conocido porque tenía negocios de juego legal en todo el territorio santafesino. Pero la causa de Hughes destapó que en forma paralela disponía de un aceitada organización de juego ilegal, que luego llevó a otra causa que se investigó en Rosario y en esa instancia el testimonio de Peiti fue fundamental para que el fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad terminaran destituidos y presos por cobrar coimas para proteger la actividad ilegal del empresario.
Al respecto el fiscal Merlo indicó que durante el proceso Peiti se acogió a la figura de arrepentido y las fiscalías de Rosario, Melincué y Rafaela firmaron un acuerdo abreviado por una pena de tres años de prisión por esa causa. Pero las declaraciones del empresario devinieron en otras que están en trámite, en los Tribunales de Reconquista, en Rosario, por la supuesta vinculación con actores políticos que le brindaban protección entre ellos el senador Armando Traferri.
“Esta es otra investigación que tenemos en marcha en esta etapa” indicó el fiscal regional, aclarando que Peiti también fue condenado por lavado de activos, “la fiscalía de Rosario halló determinados bienes como inmuebles y vehículos que había comprado con las ganancias de juego ilegal y se le impuso una multa además de la condena”, detalló.
Posteriormente Merlo advirtió que “en este punto debemos aclarar que es muy difícil separar las situaciones ilegales de las legales, porque Peiti es una persona que tenía empresas de juego autorizadas en toda la provincia, hasta en el extranjero y no fue fácil diferenciar los ingresos lícitos de los ilícitos”, analizó recordando que además al momento de iniciar la causa se encontraron “con una persona que se manejaba con total impunidad por sus relaciones políticas y policiales y judiciales”.
El fiscal regional ratificó que a pesar de la primera condena producto del acuerdo abreviado, la causa que investiga el juego ilegal en Santa Fe no ha cerrado y cada Fiscalía continúa con otras paralelas que devinieron de la original.
“Si bien el monto de la pena no parece demasiado, no debemos perder de vista que por esta causa fueron juzgados y condenados policías, destituidos un fiscal regional y un subalterno, todos con evidencias solidas de haber brindado protección para que nosotros no avanzáramos en la investigación”.
PROTEGIDO Y CONDENADO
La cadena de denuncias incluye al hasta ahora ultra protegido senador justicialista Armando “Pipi” Traferri, si bien ese tema también está a punto de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, tras el fallo de la Suprema Corte Provincial que avaló los fueros del legislador.
En diciembre del año 2021, y en la audiencia presidida por el juez Rafael Coria, a Peiti se le aplicó una multa de $42 millones a abonar en cinco cuotas consecutivas que, según el acuerdo, implica tres veces el dinero lavado. También abarca el decomiso de un barrio privado de Casilda y un vehículo Toyota Corolla.
