(PR/Norma Migueles) Este jueves, durante poco más de tres horas de audiencia, el fiscal Iván Raposo imputó al responsable de una empresa de viajes de turismo y a su suegro de pertenecer a dos organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes, como autores secundarios que participaban facilitando el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En tal sentido, una de las bandas investigadas era liderada por «Wacho Maxi» Ríos y la otra por «Pafina» Cechetti, quienes actualmente se encuentran cumpliendo sus condenas en distintas cárceles santafesinas.
Los dos empresarios recuperaron la libertad tras presentar una caución de 30 mil dólares cada uno, valor que justificaron con un título de propiedad de una vivienda registrada a nombre de una familiar.
Además, la fiscalía y los abogados defensores acordaron ante el juez Leandro Martín, distintas reglas de conducta. Por tal motivo, tienen prohibido viajar al exterior y prohibición de acercamiento a los otros procesados. De todas maneras, quedaron exceptuados de comunicarse entre sí ya que son familiares y se aceptó la continuidad de la relación laboral del propietario de la agencia de turismo con las cajeras que se dedican a la compra-venta de dólares bajo su conducción.
Durante un par de horas, Raposo, titular de la UFI Microtráfico, ofreció detalles de una investigación que se inicio el 8 de junio de 2024 cuando «Wacho Maxi» fue detenido luego de evadir un control policial en un auto en el que iban otras tres personas, dos mujeres y un sujeto apodado «Jeringoso”. En el vehículo se hallaron un frasco con marihuana, dinero en efectivo y un cuaderno con anotaciones.
Posteriormente, fueron arrestadas dos hermanas que cumplían importantes roles en la banda delictiva de Ríos, pero también de «Pafina» Cechetti. Con el avance del proceso las mujeres aportaron datos que permitieron a la Fiscalía detener a una importante cantidad de personas.
Así se fue desbaratando la organización, pero también el MPA ahondó en el movimiento económico de la banda, que es uno de los objetivos del nuevo abordaje de microtráfico. Esto permitió establecer que había un circuito aceitado, que traía la droga a Venado, se vendía a través de sistema delivery y parte del dinero recaudado se cambiaba en la empresa de turismo tras pactar precio y cantidad con el propietario, según lo manifestado por una cajera.
También, el dinero de la venta de drogas -en algún momento- fue «blanqueado» por el otro imputado, a quien además se le endilgó el cargo por «tenencia de armas de guerra», las cuales fueron encontradas en un allanamiento realizado en su domicilio.
