La referente del CELS Paula Litvachky problematiza la eficiencia de las políticas punitivistas.
La idea de que una mayor cantidad de detenidos implica mayor seguridad organiza no sólo los debates políticos y mediáticos, sino también las políticas públicas de seguridad y de persecución penal en la actualidad. No se puede afirmar que, en estos años, con más penas y más detenidos se haya logrado que se cometan menos delitos, ni que se haya reducido la violencia. Tampoco sabemos mucho sobre el impacto social que tendrá el incremento sostenido de las tasas de encarcelamiento nacionales. La tasa de encarcelamiento nos puede dar un indicio de la cantidad de delito que hay en una sociedad pero también de cuán punitiva es la respuesta estatal a los conflictos sociales.
El aumento de la cantidad de detenidos no es un fenómeno exclusivo de la provincia de Buenos Aires, pero es allí donde el ritmo de crecimiento está empujando la tasa en forma alarmante. Hoy hay alrededor de 35.400 personas privadas de libertad en la provincia. En términos absolutos, la población detenida aumentó 14% en el último año y medio (desde diciembre de 2013). La tasa de encarcelamiento provincial creció 16% en 8 años: en 2007, había 182 personas detenidas cada 100.000 habitantes, hoy hay 212.
En 2015, se sostiene un ritmo de crecimiento como el de 2014, casi 4 veces mayor que el de 2013. Este altísimo número sobrepasa la capacidad del Sistema Penitenciario Bonaerense. Es tal la sobrepoblación que más de 2000 personas están detenidas en comisarías. El gobierno provincial reconoce, inclusive, que tiene 1000 detenidos más en comisarías que el lugar declarado.
¿Qué significan estos datos? Muestran que el punitivismo no es un fenómeno únicamente discursivo armado para las campañas electorales, sino que tiene consecuencias en las políticas de seguridad y criminales. Una de esas consecuencias está siendo el aumento sostenido del encarcelamiento. Esta persecución penal no se reparte entre los distintos sectores sociales sino que se enfoca sobre los más vulnerados, los que tienen menos recursos y menos herramientas para hacer que sus derechos y garantías sean efectivos. Al mismo tiempo, ¿en qué condiciones viven estas personas detenidas? El hacinamiento genera condiciones inhumanas de detención. Entre los datos más preocupantes de este escenario está el colapso del sistema de salud de las cárceles de la provincia. A su vez, como consecuencia de la falta de democratización de los sistemas penitenciarios, las cárceles siguen siendo el lugar en el que se reproducen prácticas gravísimas de violencia institucional. Hoy sigue siendo acuciante preguntarnos cómo se transforman las correlaciones de fuerzas para que sea posible avanzar en la postergada democratización de las instituciones de seguridad y penitenciarias.
Las sociedades más desiguales son las más punitivas y violentas. Estas cuestiones representan un aspecto central de la agenda de derechos humanos pero también son una de las más importantes disputas sobre el rol del Estado. El impacto que tienen las políticas penales duras, la violencia institucional y el aumento del encarcelamiento en los territorios y en los distintos sectores sociales tiene que ser pensado como un problema político. Al igual que las políticas económicas o las de salud, las penales y de seguridad plantean dilemas sobre la orientación de la intervención estatal y sobre su impacto en la construcción de igualdad.
Fuente Agencia Paco Urondo
