(PR/NormaMigueles) Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA lograron desbaratar una estructura delictiva que, mediante ardides digitales, generó un perjuicio económico superior a los 1,8 billones de pesos, afectando principalmente a firmas del sector agropecuario.
Los procedimientos se distribuyeron en los barrios porteños de Almagro y Puerto Madero, y en las localidades bonaerenses de Claypole, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía y Colón. En la provincia de Santa Fe, los allanamientos alcanzaron a Rosario y el departamento General López. Particularmente en la ciudad de Firmat, personal de la Comisaría 4ª colaboró en el registro de una vivienda donde se secuestraron soportes informáticos clave para la causa.
Como resultado de las irrupciones, tres hombres fueron detenidos y otros dos quedaron notificados de la formación de la causa. Además, se incautaron importantes sumas de dinero en pesos, dólares y otras divisas, junto con teléfonos celulares, notebooks, tarjetas y documentación de alto valor probatorio. Uno de los principales sospechosos fue interceptado en la vía pública en CABA.
El origen de la investigación
La causa se inició en octubre de este año, cuando la UFIJ Nº3 de Pergamino y el Departamento de Cibercrimen, a cargo del Dr. Néstor Mastorchio, convocaron al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado para investigar una red vinculada a estafas reiteradas y lavado de activos.
El modus operandi consistía en utilizar documentación apócrifa para abrir cuentas en un reconocido banco privado. Una vez operativas, los implicados solicitaban préstamos bancarios cuyos fondos eran transferidos de forma inmediata a cuentas de empresas de criptoactivos.
Triangulación y lavado con criptomonedas
Según determinaron los investigadores, el dinero era redireccionado a otras plataformas del mismo rubro para convertirlo en activos virtuales y enviarlo a billeteras digitales difíciles de rastrear. Para otorgar una apariencia de legalidad a estas maniobras, la banda utilizaba a terceras personas que simulaban realizar actividades de «arbitraje» de criptoactivos.
Sin embargo, las pesquisas confirmaron que estos supuestos «arbitrajistas» carecían de legitimidad, ya que ninguno figuraba en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), obligatorio según la normativa vigente.
A través de diversas órdenes de presentación en sucursales bancarias, la justicia logró identificar a las empresas damnificadas, todas vinculadas al agro, y confirmar el millonario monto sustraído.
Finalmente, con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº1 de Pergamino, bajo la tutela del Dr. César Alejandro Solazzi y la secretaría de la Dra. María Alicia Clerc, ordenó los ocho allanamientos que permitieron desmantelar la organización. Todos los involucrados, argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición judicial bajo el cargo de “Asociación ilícita”.
