La denuncia penal presentada el jueves pasado por el Grupo Clarín ante el Juzgado Federal número 9 contra periodistas, funcionarios y legisladores por su supuesta “instigación a la violencia colectiva”, se granjeó el repudio de amplios sectores de la sociedad, entre ellos, representantes de la economía social.
La Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra); junto con Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra) y Diarios y Periódicos de Santa Fe (Dypsa) expresó su enérgico rechazo a la medida presentada a sólo días del plazo legal en que –como el resto de los grupos que se excede en la cantidad de licencias – debe adecuarse a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“Perseguir periodistas por las opiniones que vierten en sus respectivos medios es una antigua práctica autoritaria y antidemocrática por parte de quienes sienten que detentan el poder real en nuestra Argentina”, enfatizaron quienes forman parte de Diarios y Periódicos Regionales a la vez que auguraron que el 7D “los condenables episodios como el originado en esta denuncia prepotente serán un triste capítulo dejado atrás”.
“Una vez más Clarín intenta presentarse como víctima cuando en realidad ha operado durante los últimos años como victimario de las pequeñas y medianas empresas de la comunicación, a partir de sus prácticas monopólicas tanto en el ámbito audiovisual como en el gráfico”, criticaron desde Fadiccra a través de un comunicado.
En tanto, este lunes y acompañado por los colegas “instigadores” –Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone– el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, expresó su solidaridad para con ellos y puso a su disposición el patrocinio de la entidad como anteriormente lo hiciera con Jorge Fontevecchia, Héctor D`amico y Eduardo Kimmel, cuyos casos impulsó la despenalización de los delitos de calumnias e injurias.
“Esto tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, porque la actitud tradicional de quienes intentaban intimidar al periodismo lo hacían bajo la figura de calumnias e injurias, pero ahora no lo pueden hacer”, explicó Verbitsky a la vez que arremetió contra el abogado del Grupo, Hugo Wortman Jofré, a quien acusó de mentiroso tras haber aclarado que los periodistas no están denunciados sino que solo están citados como testigos.
Para el titular del CELS, los colegas “fueron denunciados e igualados con funcionarios del Poder Ejecutivo”.
“Esto es claramente una marcha atrás –añadió–, un retroceso, porque no pueden sostener el lunes lo que firmaron el jueves y además rectifican una información que nunca publicaron”.
Opinión similar sostuvo la denunciada Veiras, periodista de Página 12 y panelista de 678: “Estas aclaraciones públicas ponen de manifiesto la torpeza con la que se han expresado, e incluso les genera fisuras internas con la misma materia prima con la que ellos trabajan. Porque algunas de sus figuras han salido a criticar la intimidación”.
Finalmente, su compañera, Russo indicó que “por primera vez la corporación chocó contra el periodismo”. “Pedir penas de seis años para periodistas que opinamos lo que nos dicta la conciencia es un límite que no se había cruzado en la Argentina”, ponderó.
