(Pueblo Regional) Este martes el fiscal Mauricio Clavero, imputó por negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de fraude, al intendente de Rufino (Cambiemos), Abel Lattanzi.
La causa investiga una licitación para la compra y transporte de piedra dolomítica, con un presupuesto de alrededor de 3 millones de pesos, en cuyo proceso participó una empresa de la cual tenía un importante capital accionario la esposa del mandatario, Marisol Raspo.
Pueblo Regional consultó al fiscal Clavero sobre la investigación que lleva adelante. El primer dato es que, en el mes de junio de 2016, a tan solo seis meses de la asunción del primer mandato como intendente, Lattanzi llamó a licitación para la adquisición y traslado de piedra dolomítica por un importe de 3 millones de pesos.
El funcionario puso el acento en la cronología de los hechos, dado que Lattanzi había cedido su paquete accionario a poco de asumir como intendente a su familia (principalmente a su esposa), y seis meses después convocó a la licitación en la que se presentó la empresa familiar.
Según Clavero, el proceso avanzó hasta llegar a la etapa de la junta evaluadora, entre cuyos integrantes había varios concejales que “fueron quienes impidieron que la concesión fuera entregada a esta empresa familiar”.
A Lattanzi se le imputan las figuras de “negociaciones incompatibles con un cargo en la función pública”, delito que deviene de la ley de Ética Pública. También en la ley Orgánica de Municipalidades “hay una prohibición expresa de negociar con familiares, con empresas propias y consigo mismo”.
Además, se le achaca al dirigente macrista la figura de “fraude a la administración pública en grado de tentativa, porque lo que no existió en concreto fue el pago de esos 3 millones de pesos a la empresa por la oposición que hicieron los concejales”, describió el fiscal.
En este marco, Clavero puntualizó que “el tipo penal de la negociación incompatible en el cargo de la función pública no necesita que se pague el contrato. No necesita desplazamiento patrimonial, no necesita un perjuicio a la administración pública municipal, basta con solamente interesarse”, y remarcó: “No es necesario que se hayan pagado los 3 millones de pesos, porque no lo requiere el tipo penal en este caso en particular”.
Para marcar el grado de seriedad de la investigación, el funcionario judicial informó que trabajaron en el caso peritos de la Corte Suprema de la Provincia, que pertenecen al cuerpo de contadores de la Corte Suprema nacional. En sus conclusiones los profesionales le señalaron al fiscal: “Si la empresa ganaba los 3 millones de pesos, teniendo en cuenta que el 50 por ciento del capital accionario de la empresa es de la esposa de Lattanzi, como en todo matrimonio existe una sociedad conyugal y el 50 por ciento indiviso pertenece a cada uno. Es decir que ingresaban 3 millones a la sociedad, de los cuales 1,5 millón por el capital accionario accedían al matrimonio, con lo cual el intendente tenía el 50 por ciento de ese capital, es decir que 750 mil pesos iban al bolsillo del intendente”.
