El juez de Paraná dispondrá del listado de Senasa con nombres de productores y el ganado que vacunaron hasta marzo en las islas.
Sobre la base del listado que le envió el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el diputado nacional Marcos Cleri hará esta semana una presentación en la Justicia entrerriana por la quema de pastizales en las islas del Paraná que desde febrero a esta parte provocaron múltiples daños ambientales. En ese listado consta que hasta marzo pasado, cuando terminó la etapa de vacunación, y solamente en la jurisdicción de Victoria, más 200 productores ganaderos declararon entre 200 y 1.700 cabezas de ganado cada uno. El legislador del Frente de Todos pedirá que se crucen los datos con la geolocalización del lugar de vacunación, la del dueño de la tierra y la del lugar donde se produjeron los incendios, que arrasaron con más de 260 mil hectáreas, para determinar responsabilidades. «Vamos a dar este listado a la Justicia de Entre Ríos porque además de indagar a los propietarios se tiene que indagar a los productores ganaderos, que son los que se pueden beneficiar de manera indirecta si ocupan la tierra que fue incendiada», dijo el legislador a Rosario/12.
Los informes elaborados por el Sistema Nacional del Manejo de Fuego (SNMF) reflejan con crudeza el desastre ambiental que están generando las quemas de pastizales. Además de precisar que el 95 por ciento de los focos son intencionales, el organismo precisó que desde marzo a la fecha las llamas arrasaron 265 mil hectáreas del delta medio, en un humedal castigado por la bajante extrema del río Paraná y la escasez de lluvias.
En la publicación basada en el proyecto del Taller Ecologista «Humedales del delta del Paraná, indicadores para evaluar la sustentabilidad ganadera», desarrollado entre enero de 2012 y diciembre de 2014, en el capítulo dedicado a la actividad ganadera en la zona de estudio, se señala que «prácticamente todos los productores utilizan el fuego como herramienta para el manejo del pastizal, con el objetivo de eliminar la biomasa seca acumulada y permitir el rebrote de las especies de primavera-verano, así como «limpiar» ciertos sectores de difícil acceso (pajonales). La época de quema, si bien es variable, ocurre predominantemente en el período invernal, aunque algunos también lo hacen a inicios de la primavera».
La ganadería, agregan, es una de las principales actividades productivas de la región. «Predominan las razas bovinas británicas y sus cruzas; le siguen las razas índicas, y en menor medida las continentales. La modalidad productiva es de ciclo completo permanente, seguida por el engorde y la recría más engorde. El ingreso del ganado a los establecimientos se produce en cualquier momento del año, si las condiciones hídricas lo permiten», explicaron. La histórica organización ambientalista de Rosario integra la Multisectorial por la Ley de Humedales, un conjunto de organizaciones que impulsa movilizaciones y cortes semanales en la cabecera del Puente Rosario-Victoria, exigiendo que cesen las quemas y la identificación y penalización de los responsables.
Cleri, quien realizó hace 40 días el pedido al Senasa en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, señaló que «los productores prevén dos años de bajante y por eso desde marzo, cuando terminó la vacunación, empezaron a preparar el terreno para ocuparlo rápidamente». Además, consideró que la lógica de la investigación judicial para saber quién está detrás de los incendios indica que «primero hay que saber cuáles son los interesados, qué tipo de producción se lleva en el lugar y dónde se consigue la información».
El diputado señaló que entre la delegación del Senasa nacional, la de Entre Ríos y la de Rosario pueden cruzar la geolocalización del lugar de vacunación, la del dueño de la tierra y la del lugar donde se produjeron los incendios, que se puede obtener por los satélites. «Lo llamativo es cómo la Justicia no hizo esto», planteó. «Lo primero que se cruza cuando se ve una geolocalización, es que en los lugares donde estuvo el rodeo no se incendió, pero sí la isla contigua», agregó.
Antes de sobrevolar la zona el jueves pasado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, denunció connivencia entre el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, y los propietarios de terrenos. El ministro consideró que la respuesta a la quema de pastizales la tienen que dar las personas que tienen registrada la actividad en el Senasa. Mencionó -«aunque él no niegue», dijo- al intendente de Victoria, Domingo Maioco (Carlos, Aldo y Raúl Maiocco figuran en el listado del Senasa con 533 cabezas); al ex presidente del Banco Central, Roque Fernández (Ganadera Ibicuy SRL, 554 cabezas); los Reggiardo (Santiago, ex dirigente del PS entrerriano, tiene 645 cabezas), y a un ex senador del PJ de Entre Ríos (Carlos Garbelino, actual titular del Policlínico de Victoria, 219 cabezas), entre otros productores.
Tras las críticas de Cabandié, el juez Alonso dijo a Elonce TV de Paraná que seis personas tienen resuelta su situación procesal, con una falta de auto de mérito, porque no hay elementos para procesarlos, pero tampoco para desvincularlos. Además, señaló que una persona fue sobreseída porque fue incluida en la causa por error. «La fiscalía brindó los datos geoestacionarios con un error en un número y esto determinó que cayera en su campo», explicó. Sobre los imputados, señaló que la mayoría son de Santa Fe, Rosario, Gualeguaychú y Paraná, y de Victoria no hay ninguna. «Cuando terminemos de tomar las indagatorias, veremos qué pasa con el resto. Incluso hay que ver la situación de quienes, a la fecha, gozan de falta de mérito», adelantó.
Enzo Mariani es uno de los dos imputados por la Justicia entrerriana que figura en el registro solicitado por el diputado Cleri. Mariani, propietario de la guardería náutica rosarina Henry Morgan, había hecho una presentación de usucapión para quedarse con 800 de las 2.200 hectáreas que Carlos Deliot le donó a la Municipalidad de Rosario en los 50. La semana pasada, el empresario fue intimado por el juez Alonso, acusado de «dormir la siesta» por Cabandié, a retirar las máquinas agrícolas y viales -denunciadas por las organizaciones ambientalistas- con las que Mariani pretendía construir terraplenes clandestinos. Junto a Sonia Inés, Clara y Juan Bautista Marani, según el registro oficial, conforman la SH responsable del establecimiento Isla La Catalina como pastajeros -los que llevan hacienda en forma transitoria a un lugar para cría o engorde- y tiene registradas 275 cabezas de ganado bovino.
El otro imputado es Rufino «Pino» Pablo Baggio, integrante de la familia dueña de la conocida empresa dedicada a la elaboración de jugos de fruta. En el listado del Senasa figura su hermano, Aníbal Román, como propietario de los terrenos en los que tiene el establecimiento Toroví-12 Islas, con 275 cabezas de ganado registradas. La disputa entre los herederos de Rufino Baggio, ampliamente reflejada en los medios el pasado mes de febrero porque se esfumaron de la empresa 7 millones de dólares, podría ser la causa por la que Aníbal, quien estaría alejado del negocio familiar, figure en el registro del organismo como titular del terreno donde desarrollan la actividad ganadera.
Ganado registrado
El objetivo de Cleri es acercar a la Justicia entrerriana el listado con la información del Senasa para que analicen la posibilidad de indagar a los productores, quienes en calidad de propietarios, arrendatarios o pastajeros, podrían beneficiarse indirectamente si ocupan la tierra incendiada. Un planteo razonable, teniendo en cuenta que de una docena de propietarios de terrenos imputados, pocos registran actividad ganadera.
En el primer lugar del listado, con 1.627 cabezas de ganado bovino, figura el establecimiento Los Nardos SRL. Los gerentes de la sociedad registrada en julio de 2017 para la explotación agrícola, ganadera y apicultura son Carlos, Sergio y Sandra Airoldi; también titulares de AIR SRL, fabricantes de equipos y productos informáticos. Fuentes cercanas a la empresa indicaron que los terrenos donde desarrollan la actividad ganadera no están en zona de islas. Los Airoldi, según publicó el portal Punto Biz en mayo del 2016, abrieron empresas off shore según se conoció en el marco de la investigación Panamá Papers.
Mateo Risso, productor de Victoria, con 1.565 cabezas de ganado bovino figura en el segundo lugar. Siguen Enrique Arnold, productor de Lanús, que tiene registradas 1.424 cabezas; Miguel Curmona, de Victoria, 1.345 cabezas; José Agustín y María Dolores Esnal, también de Victoria, 1.322 cabezas; Campo Alto SA, empresa de la localidad bonaerense 9 de Julio, 1.139 cabezas; Ganados Naturales SA, radicada en CABA, con 1.109 cabezas; la firma Cúneo Hermanos SRL, cuya actividad está registrada en Rosario, tiene en dos establecimientos 1.071 cabezas y Mario Reula, de Ramírez, Entre Ríos, 1.001 cabezas.
Con más de 400 cabezas aparecen en el listado las empresas Vicoya SA, de Gustavo Carlos Lanzillotta, quien fue candidato a presidir la Bolsa de Comercio en 2014, y Celestino Spahn SA, cuyo titular es el presidente del club Unión de Santa Fe, Luis Sphan.
