(PR/Norma Migueles) En su paso por Venado Tuerto el último sábado, el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Pablo Cococcioni, dio detalles sobre el alcance de las leyes que se aprobaron el viernes 20 en la legislatura y que le darán mas atribuciones a la policía, sistema de listas de fiscales subrogantes que durarán cuatro años y modificación de supuestos para determinar la prisión preventiva, entre otros.
El funcionario informó que el viernes se dio sanción definitiva «a un proyecto de ley que nos va a dar nuevas herramientas, una nueva reforma procesal penal para aumentar las facultades policiales». «Eliminamos algunas exigencias como es la necesidad de que el juicio esté presidido por un tribunal de tres jueces cuando la pena en expectativa sea de hasta 18 años, también hemos hecho algunos cambios en la prisión preventiva, de forma que se pueda aplicar a quien ya tiene una causa previa, aún sin condena firme», señaló el funcionario, quien consideró que «estas herramientas serán de suma utilidad para que los fiscales nos ayuden a brindar más seguridad y en la lucha contra el delito».
En otro tramo, Cococcioni destacó el apoyo legislativo, también en el sistema de subrogancia de fiscales, que permite que en un solo concurso quede establecida la lista de postulantes aptos para subrogar el cargo en ausencia de su titular, ya sea por enfermedad, jubilación u otra circunstancia.
«Esa lista dura 4 años y los postulantes tendrán acuerdo legislativo, esto significa que ninguna fiscalía quedará vacante por mas de 30 días. Esperamos que para febrero se estarán mandando las listas a la legislatura», sostuvo. Luego aclaró que «los concursos que se hicieron en la anterior gestión y que no fueron refrendados, quedaron sin efecto».
La reforma
Fueron 14 las reformas que se realizaron al Código Penal, entre ellas, además de lo mencionado por Cococcioni, incorpora medidas como la ampliación de los supuestos de peligrosidad procesal, incluyendo factores como la reiterancia y el uso de armas de fuego o blancas por parte de los imputados. Además, establece plazos estrictos para la destrucción de armas no reclamadas y la refuncionalización de inmuebles utilizados para cometer delitos, devolviéndolos a la comunidad.
Además, se incluyeron reformas en la ley orgánica del Servicio Penitenciario, orientadas a la profesionalización de las fuerzas, y se fortalecieron las herramientas contra el narcomenudeo, asegurando transparencia y trazabilidad en la destrucción de estupefacientes.
