(PR/Norma Migueles) Este jueves, fue presentado ante los profesionales del Colegio de Abogados de Venado Tuerto el flamante Instituto de Derecho Público que estará a cargo de la abogada Lorena Maniscotti, en tiempos en los que la reforma constitucional incorpora la autonomía municipal y que seguramente demandará especial atención de quienes se dedican a esa rama del derecho.
La presidenta de la entidad, Andrea Majul, destacó la importancia de este instituto e invitó a sus pares a acercarse y participar. «Es importante para el Colegio que los colegas se interesen en el Derecho Administrativo y decidan a estudiar y participar. En el último tiempo, esta rama adquirió un protagonismo inesperado y abre muchas posibilidades de trabajo», señaló.
Por su parte, Lorena Maniscotti, planteó al derecho público más allá de un mero conjunto de normas. «Es la último garantía para que el poder se ejerza dentro de los límites, que los derechos no se diluyan en promesas vacías y que cada ciudadano pueda exigir justicia con dignidad», sostuvo.
Luego, aseguró que «este instituto no será un ámbito aislado ni elitista: será una trinchera intelectual y profesional desde la que defenderemos con firmeza el interés público, la constitución y los derechos fundamentales. No buscamos espectadores, sino protagonistas».
«Cada abogado que se sume, encontrará un lugar para trabajar codo a codo en la construcción de un Colegio de Abogados más fuerte, más representativo y más comprometido con la sociedad», subrayó.
Además, de la presentación participaron abogados del foro, integrantes del flamante instituto y Sergio Fenice, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
Derecho público
El derecho público es la rama del ordenamiento jurídico que regula la organización y el funcionamiento de las instituciones y órganos del Estado, así como las relaciones entre el poder público y los ciudadanos, y entre los propios órganos estatales.
Se diferencia del derecho privado porque involucra a una entidad pública (el Estado) actuando en ejercicio de su autoridad o poder, imponiendo normas obligatorias y no sujetas a la voluntad de las partes, a diferencia del derecho privado donde las partes pueden negociar y modificar sus acuerdos.
