(por Hernán Lascano) El proyecto de nuevo sistema policial muestra que hoy el 47 por ciento de la fuerza no cumple tareas de calle. Que el 90 por ciento del plantel tiene poca antigüedad y bajo escalafón. Y postula el fin de las 19 unidades regionales.
El esquema que prevé el Ministerio de Seguridad para el futuro de la policía provincial contiene cambios fundamentales que coloquen, como primer objetivo, a los efectivos en la calle y en funciones operativas. Para alcanzar ese desafío el proyecto de ley de sistema policial apunta a poner fin a las 19 unidades regionales, modificar el entramado de las casi 500 comisarías existentes en la provincia, alterar el patrón que concentra al 47 por ciento del personal uniformado en tareas administrativas y ajustar la organización de la fuerza en criterios profesionales.
El proyecto de cambio aduce que la policía hoy no organiza sus rutinas en base a un conocimiento del delito sustentado en análisis criminal idóneo. Indica como problema un personal que exhibe una trayectoria reducida (once años de antigüedad promedio), una concentración casi del 90 por ciento de la dotación en los escalafones más bajos y solo un 5 por ciento con permanencia de más de 25 años, las que permiten capacidades de «alta gerencia policial».
La liquidación del modelo de 19 regionales obedece a una doble idea. La primera es poner límite a un despliegue de recursos técnicos y humanos que no sigue patrones demográficos ni de recurrencia delictiva. Pero además, según plantea el proyecto que se remitirá a la Legislatura, a desmontar «la influencia informal» del grueso de los senadores sobre la institución policial, lo que produce interferencias en la conducción.
La formulación de profundos cambios en el sistema policial está en la tercero de los proyectos de ley con los que el ministro de Seguridad Marcelo Saín intenta modificar el sesgo de la seguridad provincial. El diagnóstico indica que las 19 regionales se organizaron porque los núcleos básicos de la política santafesina están en los departamentos. Y que «la departamentalización de la policía favoreció como hecho evidente la influencia de los senadores, que los representan en el Poder Legislativo, sobre la institución policial».
La influencia política de los senadores en la policía, formula el diagnóstico, supuso “no solo una forma de sectorización y privatización fáctica de la institución policial sino, en algunos casos, la conformación de una conducción en las sombras de la policía, con todo lo que ello implicaba en materia de desprofesionalización e instrumentalización política» de la fuerza.
Debajo de la cabeza máxima de la nueva fuerza, el jefe de policía de provincia, el proyecto ubica al Centro de Análisis, Comando y Control Policial (Ceac), un órgano que estará abocado a la dirección, control y evaluación de la fuerza a nivel estratégico. Bajo el Ceac aparecen seis superintendencias de seguridad. Las cabeceras son Santa Fe, Rosario (abarca también el distrito judicial de Villa Consitución), San Lorenzo (también concentra distritos judiciales de Cañada de Gómez y Casilda), Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.
¿Sustituyen estas seis superintendencias a las actuales 19 regionales? “No reemplazan a las regionales porque son una estructura completamente distinta, aunque serán verdaderas jefaturas de policía”, explicó Saín. “Cada superintendencia tiene una estructura de comando superior pero funcionará con una doctrina policial totalmente diferente a la vieja sostenida en el criterio de ocupación territorial. Y combinará tres funciones bajo un mismo mando: análisis criminal, operaciones policiales que derivan de ese análisis criminal y la logística que proviene de combinar las dos previas”, sostuvo.
La policía se dividirá, entonces, en cuatro policías. Serán cuatro escalafones o grandes áreas de competencia según postula el proyecto. Uno de Seguridad Preventiva, integrado por el personal que se desempeña en la policía de la provincia de Santa Fe. Un segundo de Investigación Criminal, integrado por los que trabajan en la Agencia de Investigación Criminal. Un tercer escalafón de Operaciones Especiales, integrado por el personal de la Tropa de Operaciones Especiales en funciones especiales y tácticas. Y un cuarto escalafón de Control Policial, integrado por el personal que se desempeña en la Agencia de Control Policial.
Hay en las primeras sesenta páginas del proyecto un análisis histórico de las normativas de la policía provincial y de sus competencias. Y también un diagnóstico crítico sobre sus capacidades actuales. El texto recuerda que la última ley orgánica policial es de 1975, del gobierno de Carlos Sylvestre Begnis, cuando aún estaba en desarrollo la guerra de Vietnam y faltaba una década y media para la caída del Muro de Berlín. Se indica que la policía provincial cuenta “con bases doctrinarias vetustas y anacrónicas: una organización rígida y conformada por un conglomerado de piezas agregadas sin sentido organizacional integral y modalidades de trabajo perimidas e ineficientes frente a la complejidad de las problemáticas criminales”.
Uno de esos déficit es la excesiva cantidad de administrativos. La fuerza es según el proyecto una institución “corta”, es decir, con recursos humanos insuficientes para cubrir labores de seguridad básicas. Muchos de los que están hoy en labores administrativas (47 por ciento del total en las regionales) pasarán a tareas operacionales. Los que queden en funciones administrativas perderán el carácter de policías y se desempeñarán en áreas ministeriales. “El policía se distinguirá por la tarea operativa que es lo que lo define como policía”, afirma Saín.
Junto con el cambio drástico de labores hacia lo operativo, el proyecto apunta a terminar con el despliegue territorial de personal entre unidades regionales que, precisa el diagnóstico, no se ordena por criterios lógicos como las características demográficas, la extensión territorial y las tasas de criminalidad oficialmente registradas de cada zona. Estas pasarán a ser variables de peso a la hora de distribuir los recursos humanos (F: La Capital).
