(PR/Norma Migueles) Este martes comenzó el juicio contra el religioso Pedro Ortiz y Ontoria por un hecho de abuso sexual ultrajante doblemente agravado y tres de abuso sexual simple agravado, en perjuicio de cuatro alumnas de las que era el director. La fiscal Florencia Schiappa Pietra, al igual que la abogada querellante Ana Regidor, solicitó una pena de 16 años de prisión. Se trata de un proceso judicial controvertido, de gran impacto social y que en la medida que avancen los testimonios irán apareciendo otras cuestiones, que sin dudas seguirán calando hondo en la comunidad.
El tribunal lo preside el juez penal Aldo Baravalle, mientras que los vocales son Mariana Vidal y Mauricio Clavero. En tanto, el acusado contó con la defensa de Arsenio Domínguez y José Marchisio.
Antes de los alegatos de apertura, la defensa planteó una irregularidad en la conformación del tribunal, que inicialmente iba a estar integrado con la Dra. Silvina Marinucci, quien se excusó, resultando electo entonces Baravalle. El abogado de Ortiz argumentó la falta de documentación que respalda la designación del nuevo integrante. Por su parte, la fiscalía y la querella advirtieron que la causa no admitía más dilaciones porque el tribunal ya había sido designado en septiembre de 2024, tiempo más que suficiente para que la defensa objetara.
Al momento de resolver, el tribunal consideró que no correspondía hacer lugar a la petición defensista ya que no había objeciones contra el actual presidente y los planteos no se hicieron en tiempo y forma. Por otra parte, se concedió que el acusado, quien estuvo presente en la sala en esta audiencia, pudiera asistir al resto del juicio vía zoom, como lo hizo en todo el proceso.
Los hechos
Al momento de los alegatos, la fiscal Schiappa Pietra y la abogada Regidor acusaron a Ortiz y Ontoria de abuso sexual de cuatro niñas que, en ese momento, tenían 12 años, quienes cursaban el nivel primario del Colegio Sagrado Corazón, institución de la que acusado era su director, usando armas tales como la violencia verbal y el miedo que les tenían las niñas para manosearlas en sus oficinas. También se mencionaron hechos similares ocurridos en un viaje de estudios a Santa Rosa de Calamuchita aprovechando su autoridad y el temor «reverencial» que le tenían los niños.
Por su parte, la defensa señaló que su representado es inocente y volvió a plantear el tema de la competencia judicial en los dos casos ocurridos en la ciudad cordobesa.
La testigo
La primera testigo fue la psicóloga Andrea Belligotti, integrante del equipo de Cáritas Diocesana para atención a las víctimas de abuso sexual y violencia que tuviera como actores a sacerdotes, consagrados o laicos en el ejercicio pastoral, conjuntamente con el párroco Martín Cabrera, quien realizó la denuncia ante la Fiscalía luego de recibir la denuncia de los padres de una de las niñas.
La profesional testificó que en principio el relato de la niña era sobre hechos que afectaban a otras compañeras que sufrían el abuso de su maestro, pero con el paso del tiempo se animó y le contó a su madre el infierno por el que estaba pasando al asistir a la escuela y que le terminaron generando diversos síntomas físicos e incluso generó que se llevara a rendir todas las materias y para hacerlo asistió con su madre en la puerta del aula.
Belligotti relató que el equipo de Cáritas inició su investigación hablando con las autoridades del establecimiento educativo, quienes negaron la posibilidad de abuso asegurando que el hermano Pedro solo era cariñoso con los niños. En tanto, el superior de la Congregación en Argentina se entrevistó con ellos y también descreyó sobre los planteos.
Por su parte, finalizada la labor y habiendo una menor de por medio, Belligotti realizó la denuncia en Fiscalía a la vez que elevó ante el obispo la información recabada, contando incluso con el testimonio de otras dos familias cuyas hijas habían transitado una situación similar, pero no quisieron hacer la denuncia.
La investigación canónica, que no tiene nada que ver con la institución escolar, sino con el religioso acusado, fue elevada a Roma, para que se tomen las resoluciones pertinentes, sin que hubiera noticias al respecto.
