sábado 26 noviembre 2022
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«Con los narcos también peleamos por una sociedad distinta»

 

El Ministro de Seguridad se reunió con los dirigentes del Movimiento Evita y como viene sucediendo desde los días del triple crimen de Moreno, estos dirigentes plantearon lo dramática de la situación vivida por los vecinos en Rosario y Gran Rosario, ante el obrar impune de las bandas de narcos que se disputan el territorio. En medio: los vecinos, protagonizando sus historias cotidianas de laburo, lucha y dignidad para lograr un pasar mejor con el esfuerzo del día a día. Poniéndole el pecho a sus necesidades. Y entre estos últimos (el pueblo laburante de a pié) y la delincuencia barrial; se encuentra la militancia política y social. Intentando dar contención, canalizar necesidades, organizar la lucha y los reclamos para hallar soluciones; frente al poder violento y delictivo tanto de bandas, como de los narco-policías, como de los poderes concentrados que lucran secuestrando las ilusiones del pueblo: sean quienes sean. En este difícil panorama de fuego cruzado fueron, esta vez, militantes barriales del Movimiento Evita los que quedaron víctima de los disparos narcos. Esta no es solo una disputa por un territorio (como lo pueden entender las bandas narcos y la policía), sino una reyerta sobre el espacio simbólico donde lo que se cruza es la posibilidad concreta de cumplir o luchar en conjunto por sueños colectivos, o la variable delictiva de salvarse uno ‘por la individual’, robándole a otro sus pertenencias o su salud; y hasta su vida con una 22 limada. El Gobierno provincial parece no leer esta situación. Pero abre las puertas. 

 Crónica de un encuentro des.

El artículo difundido ayer por Luis Bastús en Rosario 12 hace una crónica de los sucedido en trono al encuentro entre el Ministro de Seguridad Raúl Lamberto y la cúpula del Movimeinto Evita en Santa Fe. Dice:

“Después de una semana de acusaciones cruzadas a través de los medios sobre la actitud del Estado frente al narcotráfico, el gobierno provincial y el Movimiento Evita le pusieron coto a una escalada verbal que condimentó el duelo político de enero entre oficialismo y oposición, pero que resultó inofensiva para el problema que unos y otros pretenden resolver. Nadie convenció a nadie, pero por primera vez desde la balacera en Nuevo Alberdi, ayer se sentaron a conversar en la delegación de Gobernación el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y su secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani, con los diputados Eduardo Toniolli y Gerardo Rico, y el titular del Movimiento Evita en Santa Fe, José Luis Berra. Estos mantuvieron sus críticas a la gestión y reclamaron el relevo de los policías de la subcomisaría 2ª, empezando por el jefe a quien señalaron como el dueño del kiosco de drogas que quebró la paz del barrio. Aquellos antepusieron la existencia de la investigación judicial para obrar en consecuencia, «sin emprender una caza de brujas», pero revelaron que analizan la posibilidad de cambiar el personal de la seccional policial.

Los dirigentes de la agrupación kirchnerista marcaron su demanda para que el gobierno cumpla con la reforma policial declamada. «Está cada vez más demostrada la necesidad de que haya un control político de la policía, y de que se cree una policía judicial», marcó Toniolli. Aprovecharon para poner sobre la mesa el proyecto de reforma del código de procedimiento que esgrime esa agrupación: «La policía tiene que dejar de tomar las declaraciones, eso tiene que hacerlo un fiscal o un juez, como ocurre en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Por esa atribución, acá aparece un policía armando y desarmando los primeros pasos de una investigación según sus intereses, filtrando información a narcotraficantes, y encima lo querían poner a custodiar a un testigo clave como Ramón», expuso el diputado. Se refirió al subcomisario Marcelo Fabián Mendoza, jefe de la subcomisaría 2ª, quien envió a una agente al policlínico Eva Perón a tomarle declaración a Carlos Ferreyra, uno de los jóvenes militantes baleados el jueves 10 por traficantes en guerra con otros por el control del barrio. Ramón es el padre de ese joven, quien debió abandonar el barrio con su familia luego de ser amenazado de muerte. Los Ferreyra ratificaron su denuncia contra Mendoza ante el fiscal federal Matías Di Lello, de San Nicolás, y fueron reubicados fuera de la provincia por su seguridad.

Los dirigentes pidieron a Lamberto que g