Las imágenes son claras: se los ve a Armando Traferri, su hijo Armando y el vocal del Tribunal de Cuentas, Osvaldo Biagioni, en el marco de una celebración. ¿En qué contexto se dan las fotos? En una fiesta organizada por la empresa Dogma, vinculada al histórico senador sanlorencino y además proveedora del Estado: sí, en el evento estaban juntos controlado y controlador.
Mario Traferri nació en 1986 y su hermana Micaela en 1991. Con el respaldo de su padre político, ambos jóvenes se constituyeron como emprendedores y caras visibles de la firma constructora Dogma. Al menos eso se desprende de lo publicado en el Boletín Oficial de la provincia en 2014, en el que los dos fueron registrados comos socios de la SRL constituida un año antes, con un capital inicial de 500 mil pesos.
Según lo descripto oficialmente allí, Dogma tiene por objeto “construcciones civiles en general tanto públicas como privadas, fabricación y montaje de estructuras metálicas, movimiento de suelos, obras de infraestructura en general, demoliciones, alquiler de equipos viales, venta de materiales de construcción”.
La empresa además de su desarrollo privado, logró contratos con el Estado. Y está nombrada en algunas investigaciones que derivan de la actividad del senador. Dogma SRL, por ejemplo, tiene el mismo domicilio que la Fundación San Lorenzo Solidaria, a la cual Traferrri (padre) destinó 44 subsidios del Senado.
El dato consta en la denuncia que hiciera oportunamente Jorge Boasso sobre la utilización de los subsidios por parte de los senadores provinciales. La investigación fue archivada en 2018 por el entonces jefe de los fiscales Patricio Serjal.
Más tarde, por la causa del juego ilegal que llevaron adelante Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, se verificó que había una red que vinculaba al capitalista del juego ilegal, Leonardo Peiti, con el propio Serjal y con Traferri. Por ello el jefe de fiscales debió renunciar y la documentación presentada por Boasso volvó a escena.
Las fundadoras de San Lorenzo Solidario, que recibía subsidios estatales gestionados por Traferri y tiene la misma dirección que Dogma, fueron en los papeles Mariano Vergara y Verónica García. Ambos empleados del Senado. En agosto del año pasado los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra presentaron una nota a la Fiscal Regional Interina, María Eugenia Iribarren, aportando datos sobre presuntas irregularidades de esta Fundación.
Entre otras cosas, destacaron en ese documento que un Mercedes Benz comprado en 2014 por San Lorenzo Solidaria terminó ploteado con el nombre del senador. Asimismo, se aportaron escuchas del teléfono de Gustavo Spoleti, Ex Jefe de Drogas de la Policía e imputado en la causa Alvarado, en las que se consignaba el uso de la Fundación para importar chalecos antibala sin pagar impuestos. Estas comunicaciones aparecieron en el marco de la investigación que el MPA hizo sobre el líder narco condenado a prisión perpetua.
Vuelve ahora entonces la escena que ilustra esta nota, en la que “controlador” y “controlado” estaban juntos en la fiesta de Dogma. ¿No hay nada que deba revisar el Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento de esta empresa proveedora del Estado?
El “señor presidente”
Hecho algún apunte sobre Dogma y Traferri, se podría hacer un breve repaso por el otro protagonista de las fotos: Oscar Biagioni, que entre 2011 y 2015 trabajó como asesor de un senador. ¿De quién? Del mismo Armando Traferri.
En 2015, propuesto por el entonces gobernador Antonio Bonfatti, llegó al Tribunal de Cuentas. Y desde allí hasta 2021 -violentando una norma no escrita de rotar mandatos entre los vocales- ha sido el presidente.
En noviembre del año pasado, cuando vencía su mandato y debía ser refrendado como vocal por la Legislatura, no contó con los votos suficientes, pero reasumió igual. Además, pesaban sobre él denuncias ante la justicia laboral. Algunas de sus empleadas, que pidieron reserva de su nombre al hacer la demanda por temor a represalias, sostuvieron que Biagioni exigía que lo llamen “señor presidente” y les decía “negras de mierda”, recordándoles que estaban ahí por él.
Así fue expresado ante la Comisión de Acuerdos y fue mencionado públicamente por la diputada Lionela Cattalini. Ante las denuncias por maltratos, el juez en lo laboral de Santa Fe, Guillermo Garibay, ordenó un cese de hostigamiento y prohibición de acercamiento hacia una profesional del Tribunal de Cuentas, que había comenzado a ser perseguida en 2018 tras dar a conocer la información de un concurso por un cargo en el organismo. “Biagioni la amenazó, le gritó y le dijo que ese concurso tenía ‘nombre y apellido’. Lo ganó Alejandra Nieto, la esposa del funcionario”, reveló la periodista Sonia Tessa en Rosario/12 en noviembre pasado.
Fuente: Redboing
