Todavía conmovida por la excepcionalidad y la gravedad institucional del incendio intencional de la Fiscalía, la comunidad de la ciudad de San Javier discurre sobre razones y posibles autores. Como es comprensible y pasa en toda ciudad pequeña —esta localidad a 340 kilómetros al nordeste de Rosario tiene algo más de 16 mil habitantes— no se habla de otra cosa que del «atentado a la fiscal», y corren las sospechas en el imaginario colectivo de que la policía podría estar involucrada. Una idea que la misma funcionaria, sin acusar directamente, alimentó al decir que la oficina investiga causas que «atañen a personas que habitualmente no serían tocadas por la investigación policial.
«Personalizar es una costumbre de las comunidades en las que todos sus miembros se conocen», explicó a LaCapital un periodista local. Prima facie tan sorprendente como el hecho de que muchos piensen que la policía podría estar involucrada de algún modo con el ingreso de desconocidos al edificio de Independencia 220 la madrugada del domingo, el incendio de cuanto expediente encontraron a su paso y el robo de armas en custodia judicial, junto con el disco rígido de la computadora personal de la fiscal Rosana Marcolín.
En rigor, fue este dato el primero en vincularlo directamente a la funcionaria. Las demás computadoras, al igual que los expedientes, fueron quemados. A los documentos los apilaron y prendieron fuego. Unas 1.500 causas se perdieron. Quienes actuaron, además de ser «profesionales», como dijo el lunes Marcolín en referencia a la facilidad con que aserraron una reja e ingresaron al lugar, lo hicieron con impunidad. Se tomaron mucho tiempo, como si estuvieran seguros de que nadie los molestaría.
Investigación. Ayer, la propia mujer y otra vez en los medios de prensa brindó otro dato que define un trazo del todavía borroso hecho: «No había una investigación concreta que podía generar algo así. Sí hay una resistencia a que la Fiscalía se meta en cosas que antes eran exclusivas de la policía; en este sentido, no hay una causa específica que sea así difícil, pero hay varias causas importantes que atañen a personas que habitualmente no serían tocadas por la investigación policial», dijo sin hesitación ninguna.
Si antes algunos lugareños sospechaban que sólo uniformados tendrían la suficiente capacidad de inteligencia, operativa, habilidad y tranquilidad para un operativo casi comando, luego de las declaraciones de la fiscal muchos lo piensan en serio. Lo que dijo sonó casi a una acusación.
La seguridad. Ayer los medios de prensa sanjavierinos debatieron ampliamente las condiciones de seguridad del lugar. No tenía ninguna. No había cámaras ni alarmas, pero tampoco guardia humana. A punto tal que el secretario de Seguridad Pública provincial, Gerardo Chaumont, debió aclarar que no es cuestión antojadiza de la policía custodiar o no un sitio, sino que ello debe ser solicitado formalmente por las autoridades de cada institución.
«Brindar seguridad del edificio no depende del Poder Ejecutivo o de la policía. La debe solicitar el Poder Judicial. Nunca fue requerida la custodia de ese edificio. La policía no da custodia per sé, o a su gusto. Lo hace a requerimiento de una autoridad judicial, y en este caso nunca se solicitó una custodia de ese local», despejó Chaumont.
Marcolín había metido el dedo en la llaga haciendo reaccionar al funcionario de seguridad: «No teníamos permanentemente, porque preferimos el patrullaje; si no, era otro control sobre la custodia.Era mejor que los móviles pasaran por la puerta de la Fiscalía, y no una persona permanente», reflexionó la funcionaria.
Funcionarios policiales. La fiscal negó que tuvieran investigaciones en marcha sobre turismo sexual que algunas organizaciones sociales vienen señalando como actividad en crecimiento en esa zona. En cambio, se reafirmó en sus dichos: «Teníamos causas con funcionarios policiales de localidades cercanas, es un ámbito de impunidad lo que sucede en una subcomisaría, cuando me fui de licencia en enero hubo algunos problemas. Hay una resistencia de la policía al control, lo que pretendo es que se maneje por lo que rige la ley, no es una causa sola la importante, son varias causas importantes, por una pedí un jury, que atañen a personas que habitualmente no serían tocadas por la investigación policial», descerrajó.
La mujer no desconoce que pudo tratarse de un hecho dirigido contra su persona. «Si buscaban intimidarme ¿Por arruinar el trabajo de toda la Fiscalía?», se preguntó públicamente y, a modo de advertencia críptica, dice que tampoco descarta que «los autores hayan trabajado en nombre de alguien buscando borrar pruebas concretas de algún caso con el fuego a modo de encubrimiento» (F: La Capital).
