(desde Santa Fe, PAUSA). La elección de Jaquelina Balangione como defensora provincial reavivó el debate sobre la relación entre el poder político y la Justicia. Sombras de nepotismo y dudas sobre los concursos.
Desde la recuperación de la democracia, en Santa Fe se debate con frecuencia sobre la división de poderes y la calidad institucional. Distintos actores políticos coinciden en la necesidad de que se respete la autonomía de la Justicia respecto del gobierno de turno. Esa idea también sostienen los integrantes del Poder Judicial, y en particular los ministros de la Corte Suprema, máximo órgano de la Justicia. Nadie opina a favor de la injerencia del poder político en la Justicia, pero esa injerencia existe y quedó probada el 5 de abril, en la Asamblea Legislativa que avaló los pliegos de las nuevas autoridades del sistema penal.
Jaquelina Balangione, esposa del ex presidente y actual ministro de la Corte Rafael Gutiérrez, fue designada por amplia mayoría como nueva defensora general de la provincia. Reemplazará en ese cargo a Gabriel Ganón, que había vaticinado el año pasado –cuando comenzó su proceso de destitución en la Legislatura– que Balangione iba a quedarse con la conducción del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
El miércoles 5 de abril se cristalizó el acuerdo político entre el Frente Progresista, los senadores del PJ –mayoría en su cámara– y las autoridades del Poder Judicial, que avalaron el año pasado el nuevo sistema de concursos decretado por el gobernador Miguel Lifschitz. Hasta marzo de este año, esa modalidad no había sido cuestionada desde la política, pero cuando el gobernador envió a las cámaras los pliegos de autoridades del nuevo sistema penal, empezaron las críticas.
Antes de la votación de los pliegos, el diputado del PJ Leandro Busatto indicó: “No estamos viendo un sistema de concursos que permita ser efectivo y que garantice constituir correctamente las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo”. El nuevo sistema de concursos entró en vigencia el año pasado con el argumento de acelerar los procesos de selección. “Con el pretexto de celeridad se está degradando la calidad de los concursos a riesgo de que no tengamos buenos funcionarios judiciales”, agregó Busatto.
A pesar de las objeciones, la Asamblea Legislativa aprobó por amplia mayoría los pliegos presentados. Tras ocupar por seis años la Fiscalía de Rosario, Jorge Baclini fue designado como nuevo titular del Ministerio Público de la Acusación, en reemplazo de Julio De Olazábal. Carlos Arietti será el fiscal Regional de Santa Fe, Patricio Benincasa el de Rosario y Diego Vigo el de Rafaela. María Cecilia Vranicich, ex funcionaria de los gobiernos de Hermes Binner y Antonio Bonfatti, fue designada para un puesto clave que estaba vacante: la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. Su tarea es controlar la actuación de los fiscales del sistema penal en toda la provincia. Para ese cargo había sido propuesto, durante la gestión de Bonfatti, el criminólogo Enrique Font. La Asamblea Legislativa rechazó su postulación porque formó parte del Ejecutivo durante el mandato de Binner. Con Vranicich hubo otro criterio.
En la misma asamblea se votaron los pliegos de las nuevas autoridades del Servicio Público de Defensa. Como había anticipado Ganón, Balangione resultó designada defensora provincial. Jorge Miró será el defensor regional de Santa Fe, Gustavo Franceschetti ocupará el mismo cargo en Rosario, María Valeria Lapissonde en Reconquista y Estrella Moreno Robinson en Rafaela. El concurso para defensor regional de Venado Tuerto sigue en trámite.
De la resistencia al acuerdo
La mirada política del gobernador de turno siempre influyó en la designación de las autoridades judiciales. Carlos Reutemann supo construir su propia mayoría automática en la Corte Suprema, en alianza con el cacique radical Horacio Usandizaga. Antes de dejar el poder, en 2007, Jorge Obeid logró designar a Daniel Erbetta en la Corte y al fallecido Agustín Bassó como procurador general.
En aquellos años el socialismo era oposición y criticaba con dureza la injerencia del poder político en la Justicia. En 2007, a poco de asumir en la Casa Gris, Hermes Binner firmó un decreto de autolimitación para la designación de miembros de la Corte, similar al que había rubricado en 2003 Néstor Kirchner y que fue el puntapié inicial de la reforma de la Corte menemista.
Ya en el poder, el socialismo tuvo un enfrentamiento fuerte con la Corte en el período de instrumentación de la reforma penal. En 2009, un fallo de la Corte nacional declaró inconstitucional el proceso y la sentencia contra el ex juez Carlos Fraticelli y ordenó a la provincia dejar de lado el viejo sistema penal y poner en marcha la reforma votada por unanimidad dos años antes. Fue el peor momento en la relación del Frente Progresista y la Justicia.
En 2011 asumieron De Olazábal y Ganón al frente de las nuevas instituciones creadas por la reforma: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de la Defensa Penal. Desde entonces, los principios de la reforma –publicidad, oralidad, celeridad– se fueron cumpliendo con algunos contratiempos, pero sin resistencia de la Justicia. Las críticas más fuertes de las autoridades salientes estuvieron relacionadas con la falta de recursos y no con el espíritu de la reforma.
El decreto firmado el año pasado por el gobernador Lifschitz hizo más cortos los concursos y eliminó la triple instancia de evaluación para concentrar las decisiones en un solo jurado. Bajo ese nuevo esquema se presentaron a concurso el fiscal Baclini y la camarista Balangione. Los dos quedaron primeros en sus ternas y fueron propuestos por Lifschitz a la Legislatura.
Nepotismo y desmérito
Jaquelina Balangione ingresó al Poder Judicial en 2006. En ese momento, Rafael Gutiérrez ya era presidente de la Corte (en la actualidad, además, es titular de la Junta Federal de Cortes, el gremio de jueces supremos a nivel nacional).
La nueva defensora pública fue jueza correccional en los Tribunales de Santa Fe y en la asamblea del 13 junio de 2013 fue votada como jueza de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe. Ya anunció su renuncia al cargo.
La postulación de Balangione tuvo dos impugnaciones. Una de las Madres de Plaza de Mayo, Hijos y otros organismos de derechos humanos de Santa Fe. La otra, de familiares de víctimas de violencia institucional, entre ellas la hermana y la madre de Jonathan Herrera, un joven asesinado por la Policía en Rosario en 2015. La Asamblea Legislativa no las tuvo en cuenta.
Antes, otro de los concursantes para el cargo –el abogado penalista Paul Krupnik, conocido en Rosario por defender organizaciones narcos– renunció a formar parte de la terna elevada al Ejecutivo con fuertes críticas a los criterios de selección. En una carta abierta dirigida a Lifschitz, el penalista rosarino señaló que “se encuentra en gestación un plan para instituir como cabeza del Servicio Público de la Defensa Penal a la Dra. Balangione” y mencionó además su “convencimiento profundo de que existe una clara colisión de intereses por su relación marital con Rafael Gutiérrez”.
En la Legislatura, el diputado Carlos Del Frade planteó la misma objeción: “Es difícil sacar esto de lo particular, es difícil argumentar que todo le corresponde por mérito propio. Es muy difícil despejar la idea de nepotismo cuando se ponen funcionarios judiciales vinculados a las familias del Poder Judicial o del poder político”.
Del Frade hizo una historia de la conformación del Poder Judicial en los últimos 50 años, desde la intervención de la dictadura de Onganía hasta el presente. Para el legislador del Frente Social y Popular, desde 1983 en adelante se viene desarrollando una discusión política de la conformación de la Justicia: “Se distribuyeron los cargos el radicalismo y el peronismo y así se instaló la primera camada de jueces de lo que fue la recuperación de la democracia en la provincia, directamente vinculados al poder político”.
“A partir de los 90 –siguió Del Frade– comenzó la configuración de la Corte que tenemos hasta el presente, donde aparecen nombres vinculados al poder político: Rafael Gutiérrez (primo político de Reutemann) y Mario Netri, amigo de Horacio Usandizaga, algo que justificó el propio Reutemann”.
Del Frade criticó el concurso de Balangione. “Encontramos por lo menos siete respuestas que dio mal, a juicio de la gente que la evaluó. No creo que haya mérito propio; por el contrario, hay desmérito”. Del Frade y su compañera de bancada del Frente Social y Popular, Mercedes Meier, fueron los únicos que votaron en contra de la camarista “por la sombra pesada de la posibilidad de nepotismo”. Seis diputados se abstuvieron (dos de Igualdad y Participación y seis del PJ) y los otros 46 legisladores votaron a favor.
La defensora se defiende
Apenas fue designada, Balangione dijo en Radio EME que “el hecho de ser la mujer de un ministro de la Corte no tiene absolutamente nada que ver con la independencia que tengo, como persona y como funcionaria, y que ya la vengo demostrando. No hay nada que justificar porque yo gané un concurso”.
“Se dijeron muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad y me invisibilizaron como persona por ser ‘la mujer de’. Me da mucha lástima que haya legisladores que no puedan encontrar argumentos sólidos para oponerse a la candidatura de alguien, dentro del marco del derecho. Una concepción machista y retrógrada, gente que no tiene simpatía por mi marido y me lo transmitió a mí. En los 11 años que llevo como magistrada jamás tuve una denuncia por este tema”.
Silencio oficial
Durante la producción de este informe, Pausa intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el ministro de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez para consultarlo sobre las denuncias de nepotismo y distribución de cargos por partido político y sobre la posibilidad de que haya eventuales conflictos de intereses entre la Corte y el Servicio de Defensa. Desde la oficina de prensa de la Corte respondieron que ni Gutiérrez ni los otros integrantes del cuerpo iban a hacer declaraciones porque se trata de “una cuestión política”.
