Mientras se tramita una investigación judicial, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina emitió un comunicado denunciando el sistema de recepción de denuncias de abusos en los Arzobispados de Santa Fe y Rosario: el objetivo real es «encubrir delincuentes».
A comienzo de mes, el arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, y su par de Rosario, Eduardo Martin, fueron denunciados penalmente por el abogado Carlos Ensinck por “usurpar funciones del Estado”, en razón del lanzamiento de este mecanismo. Esa denuncia ahora está en manos de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación. Desde la Red de Sobrevivientes se recuerda que de acuerdo al Código de Derecho Canónico, todas las investigaciones referidas a abusos que hace la propia iglesia «deben guardarse en el archivo secreto de la curia», excepto que sean requeridas por la Justicia. Es decir, funciona al revés: no se denuncia primero sino que se oculta, antes que nada.
En su comunicado, la Red de Sobrevivientes señala que ya se intentó aplicar este mecanismo en 2018 en el Arzobispado de Paraná, comandado por Juan Alberto Puiggari, resultando en un refuerzo de la impunidad de la curia: «el arzobispo Puiggari nunca acompañó a las víctimas, nunca colaboró con la Justicia, y menos aún actuó en consecuencia con los veredictos de la misma». Ahora, señalan que «Una vez más, la iglesia católica intenta evadir y burlar el debido proceso. Una vez más intenta quebrar la Justicia, la única justicia para delitos graves cometidos por quienes forman la iglesia».
«Parece absurdo hasta bizarro, pero es imperioso recordar, tener presente, repetir y repetir que no es lo mismo un pecado que un delito, que no es lo mismo víctima que victimario, y que la iglesia no es el Estado», recuerdan desde la red.
Justificar lo injustificable
En una memorable pieza periodística, la colega Bárbara Favant sostuvo un mano a mano en la sede del Arzobispado de Santa Fe con Alicia Ramonda de Vogliotti y María José Gaggiamo de Pane, las dos laicas encargadas de implementar el mecanismo en nuestra arquidiócesis, que fueron acompañadas por Javier González Grenón, vicario episcopal para asuntos jurídicos. En el intercambio, Ramonda de Vogliotti y Gaggiamo de Pane reconocieron su incapacidad para tratar a víctimas de abuso, defecto que creen reparar con sus autpercibidas virtudes espirituales.
Vale recuperar un tramo del intercambio, que pone en relieve las demandas de la Red de Sobrevivientes.
—Esto quiere decir entonces que si la iglesia toma conocimiento de algún delito ya sea que le haya ocurrido a una persona menor de edad o adulta, ¿en ningún momento va a ir a hacer la denuncia a la Justicia o al Estado provincial para dar conocimiento que se conoce de un delito?
González Grenón: Lo que dice el Papa es que en particular las obligaciones civiles competentes donde tengamos obligación de informar se va a informar. Por ejemplo, en el caso de las escuelas la obligación es de informar de acuerdo a los protocolos al Ministerio de Educación. En otros casos no podemos informar porque si el que sufrió el delito es un menor, es un delito de instancia privada. Ni vos ni yo podemos ir a denunciar el delito. Solo lo pueden denunciar los padres o los tutores. Lo que podemos hacer es acompañar, aconsejar. Esto tenemos que tenerlo bien en claro. El abuso sexual de menores es un delito de instancia privada.
—En el MPA han marcado en varias ocasiones que cualquier persona que tiene conocimiento de un delito lo tiene que notificar.
González Grenón: Lo vamos a cumplir dentro de las obligaciones que marca el MPA. No nos vamos a saltear ningún paso. Lo que quiero decir es que a la Justicia penal no podemos acudir. Tendrá que ir el padre, el tutor, si es un adulto podrá ir él. Responderemos a todas las requisitorias del MPA. Es muy claro el tema que el Papa el año pasado ha levantado la obligación del secreto pontificio sobre esas investigaciones.
En lo concreto, el mecanismo funciona como un modo de obtener información de las víctimas y resguardarla dentro de la institución que contiene a los victimarios. “La tarea de la responsable y de su asistente es solamente escuchar a la persona, redactar un informe y enviárselo al obispo. Ahí termina”, reconoció Grenón a Favant.
«¿Quién en su sano juicio recurriría al victimario mismo para solicitar justicia y reparación? ¿Qué nos hace creer o considerar que quienes ya optaron por proteger, resguardar y encubrir delincuentes, optarán ahora por las víctimas? La historia, los hechos y nuestra experiencia propia certifican que no lo harán, que ya eligieron. Insistimos. Ya han tomado partido y es por los delincuentes. Lo hicieron así con los curas Ilarraz, Moya, Escobar Gaviria, en Entre Ríos, y hasta César Grassi a varios años de su condena conserva el estado clerical. Siguen siendo curas, son delincuentes que son parte de la institución eclesiástica. Y es así porque tienen el aval del mismo Papa Francisco», dice la Red de Sobrevivientes en su comunicado. Como señala Favant en su nota, todavía cuelga un cuadro de Edgardo Storni dentro del Arzobispado. Quizá en sus innovaciones espirituales la iglesia haya encontrado que no hay nada más reparador que la mirada de un violador.
