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Derrota macrista en diputados

El bloque oficialista Cambiemos sufrió una dura derrota en la Cámara baja de la Nación, al tratar de aprobar un nuevo régimen de participación público privada (PPP) para la contratación de obra pública. Una moción del Frente para la Victoria (FPV) mandó de nuevo el proyecto a comisión.

La moción del FPV fue pedida por el diputado kirchnerista Abel Furlán, y tras ser sometida a votación, el resultado arrojó 107 votos positivos, 106 rechazos y 8 abstenciones.

Pese a que Cambiemos descontaba tener los votos necesarios para tener media sanción en el recinto, gracias al respaldo al que se había comprometido el Frente Renovador la noche anterior y que el propio Marco Lavagna ratificó al inicio del debate en el recinto, un volantazo de último momento de Sergio Massa hizo caer el acuerdo y bajó la orden de plegarse a la moción del kirchnerismo.

Según señaló el diputado radical Jorge D´Agostino a la prensa, Massa tenía dificultades para alinear a su tropa por divergencias de criterio entre sus legisladores, por lo que decidió cortar por lo sano llamando a votar en bloque a favor de la moción de Furlán, en un acuerdo con el jefe de bloque del FpV-PJ, Héctor Recalde.

De acuerdo a la crónica de la agencia Noticias Argentinas, desde Cambiemos se quejaron de la “falta de previsibilidad” en materia de acuerdos parlamentarios, ya que desde el oficialismo aseguran que se había accedido a tratar y aprobar la ley pedida por el massismo que concede la capacidad de otorgamiento de la matrícula federal para el ejercicio de la abogacía a la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA) con la condición de que luego el Frente Renovador apoye la ley PPP.

Debate

Según la crónica del portal especializado Parlamentario, al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (del Pro), explicó que “si bien el Estado tiene un rol insustituible, la presencia del sector privado se hace cada vez más importante”. El legislador añadió que “en el mundo el sistema de PPP ha sido recogido por la mayoría de los países”, y puso como ejemplo en la región las normas que existen en Brasil y México. “Estamos haciendo un nuevo aporte para solucionar los problemas de infraestructura que tiene la Argentina”, remarcó.

Por su parte el ex ministro de Economía Axel Kicillof fue la voz cantante de los opositores y del Frente para la Victoria. Sobre el proyectodijo que es la “entrega del Estado”. “Nadie está de acuerdo con este proyecto”, dijo en alusión a los gremios industriales y la propia CGT. Y consideró “insuficientes” algunas modificaciones propuestas.

Kicillof señaló que el proyecto “incuba la posibilidad de privatizar los servicios públicos, a través del subterfugio de las asociaciones público-privadas”. Y luego se preguntó: “¿Quién nos asegura que con este proyecto no tengamos más trabajo impulsado por los privados con una participación ínfima del Estado?”.

El chaqueño Juan Manuel Pedrini fue más duro y levantó aplausos de su bloque. “¡No podemos ser un Parlamento cipayo! ¡Basta de entrega!”, sacudió.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, consideró que la iniciativa oficial “conlleva la ausencia de un plan de desarrollo a largo plazo”, y agregó que “solamente podrán participar (de las inversiones) las empresas que tienen una capacidad económica extraordinaria para hacer las grandes obras”.

Según consigna la crónica de Parlamentario, el radical Luis Pastori fue uno e los que puso la cara por el oficialismo. “No estamos privatizando absolutamente nada, sino que se cambia la lógica”, aclaró, y agregó que “el Estado va a asumir ahora una mayor responsabilidad en la contratación”. Además, agregó que la posibilidad del arbitraje “no es la regla, es la excepción”.

El diputado del Pablo López Partido Obrero –integrante del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT)– denunció que “esta ley va a ser prácticamente la corrupción misma” y sostuvo que “forma parte de la gran impunidad que se da en beneficio de los grupos económicos”.

Finalmente Carlos Heller, del Partido Solidario, quien había solicitado que el proyecto volviera a comisión, planteó que con el proyecto el gobierno “ponen al Estado al servicio del sector privado”. El legislador indicó entre otras cosas que el texto “no establece como obligación la publicación de la licitación en el Boletín Oficial”, lo que “podría facilitar la concentración de la obra pública”.

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