El secretario de Comercio Interior de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, dijo que «por una vez en la historia» el sector privado debe hacer su aporte y no pretender la «rentabilidad del primer mundo»
Las crónicas de la reunión en Casa Rosada de empresarios con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su par de producción, Matías Kulfas, indican que el primero fue aplaudido por atribuir a causas macroeconómicas al proceso inflacionario, mientras que el segundo acusó a los invitados por los «deslizamientos injustificados» en los precios.
La anécdota ha reforzado los análisis sobre una visión más liberal del titular de Economía y la apelación a una heterodoxia más cristinista -de controles- por parte del gobierno nacional. Juan Marcos Aviano, el titular de Comercio Interior de la provincia, le respondió a El Litoral sobre una eventual disputa ideológica en el seno del gobierno.
«Creo que en el gobierno nacional, si hay algo en lo que no está metido es en el tema ideológico. Contradicciones no hay; lo que hay es un gobierno que tiene todos los frentes abiertos para poder generar un nuevo equilibrio y referencias en materia de precios. A eso nos estamos sumando desde provincia. Lo que ha dicho el ministro de Economía y en lo particular coincido, es que el repunte en los precios en el último trimestre de 2020 claramente fue por cuestiones macroeconómicas».
Sostuvo el funcionario del ministerio de la Producción de Santa Fe que «nada en el mercado interno y en el consumo de bienes y artículos masivos indicaba que se tenga que dar ese nivel de incremento de precios y fue claramente por las turbulencias de la macro. Todavía me parece que hay coletazos de esos cimbronazos, sobre los cuales el gobierno nacional está trabajando.
«Nosotros -señaló- acompañamos en política de precios provinciales, en inspección y control de precios para corregir lo que se puede y enviarle información a la Nación. Tenemos programas como billetera Santa Fe que genera competencia e integración del comercio local, para que el consumidor sepa dónde hacer sus compras, en el lugar que más le conviene.
«Eso hace a un paquete de medidas pero que en nada van a poder tener efectividad y un resultado positivo si el sector empresario no se decide, por una vez en la historia de la política económica de la Argentina, a no generar expectativas inflacionarias cuando no las tiene que generar y a querer tener niveles de rentabilidad de un país del primer mundo en un país que no lo es.
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«El país -dijo- tiene que recuperar muchísimo de lo que hemos período desde 2013/14 hasta la fecha y profunda y principalmente con el desastre económico que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, con endeudamiento, financiarización de toda la cadena de la economía del mercado interno y claramente destrucción del aparato productivo y del sector comercial minorista.
«Eso es lo que el sector empresario tiene que acompañar y tiene que convencerse de una buena vez si es que quiere que el país crezca y se desarrolle con la gente adentro, con los comercios, las industrias, con el sector productor agropecuario que también es fundamental para la economía argentina», señaló.
«Pero bueno -completó- me parece que quien más tiene que convencerse que esto es necesario es el sector privado. El gobierno nacional tiene la cabeza puesta en esto y por supuesto desde el gobierno provincial lo acompañamos».
Al apuntársele que el año pasado el gobierno nacional emitió 2 billones de pesos, y si eso no tenía incidencia en los aumentos de precios. Aviano señaló que «emitimos el año pasado para sostener la economía y la paz social durante mayo a octubre; la situación fue aceptable para el principio de la pandemia».
«El gobierno está abierto a todos los diálogos. Habrá una Mesa provincial para el comercio y el consumo que pondremos en marcha en los últimos días de febrero».
No hay «saña»
«En 2020 se hicieron 1500 inspecciones y algunos pudieron haberlo interpretado como saña. Pero nada que ver; las inspecciones son buenas medidas que favorecen la lealtad comercial y permiten corregir las situaciones que a veces no son deliberadas de los comerciantes sino de desconocimiento».
Municipios y comunas
«Los 12 inspectores están principalmente en Santa Fe y Rosario; hemos hecho acciones en Reconquista, Rafaela, Santo Tomé. Son 65 localidades en la provincia que hemos alcanzado; en algunas asistimos a Municipios y Comunas con capacitación y en otras con controles directos por pedido de las autoridades ante los reclamos. Puede parecer poco, pero 12 inspectores todos los días saliendo a la calle… Se triplicó la cantidad de inspectores».
De inspectores y piqueteros
– ¿Cuántos inspectores tiene la secretaría de Comercio en Santa Fe?
– Cuando llegamos había tres inspectores en funciones, cinco con las tareas encomendadas para hacerlo. Lo último que habían inspeccionado tres de los cinco era Precios Cuidados, cuando el gobierno de la provincia de ese entonces le había dado ‘algo de bolilla’ al gobierno nacional con ese programa. Había materiales en desuso, formularios viejos… llegamos a tener 8 inspectores sobre fin de año, estamos en 10 y queremos llegar a 12. Es la cantidad que entendemos, junto con la descentralización en funciones de poder de policía en materia de leyes de comercio que dictó el gobernador el año pasado a municipios y comunas que lo quieran tomar, teniendo la presencia importante en Santa Fe, Rosario y seis o siete ciudades principales con inspección propia.
– ¿Se aplicarán nuevas tecnologías en los controles?
– Estamos organizando un sistema de fiscalización electrónica, en el que queremos instaurar un sistema: así como tenemos la vidriera física, que requiere que el inspector controle presencialmente, también tenemos las vidrieras on line y debemos tener inspecciones digitales. Las hacen sistemas informáticos, software que genera hasta 6 inspecciones por hora. Es lo que queremos llevar adelante en un esquema de modernización de todos los sistemas de nuestra secretaría.
– Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social y dirigente de Barrios de Pie, promovió el control de precios de las organizaciones sociales en los supermercados. ¿Hay algo pensado en la provincia en este sentido?
– Nosotros no tenemos articulado con ninguna organización social; sí estamos haciendo las inspecciones de oficio que nos solicita la secretaría de Comercio Interior de la Nación y llevando adelante una tarea que tiene que ver con una función ministerial en el ámbito de aplicación de las leyes, como indica la normativa. Si hoy cualquier vecino quiere controlar precios máximos, precios cuidados, los cortes populares de carnes y cualquier tipo de programas vinculado a normativa y precios, solamente va a poder hacer un control social que no va a tener ningún impacto desde lo práctico en lo jurídico y normativo porque no tiene la potestad para hacerlo. Las acciones de militancia social y territorial son bienvenidas; tienen que ver -y me gustaría que se promuevan más- con generar conciencia a una mayor cantidad ciudadana de vecinas y vecinos, consumidores y usuarios, para que efectivamente cuando verifiquen un incumplimiento lo denuncien en su momento. Hoy yo estoy frente a una góndola, agarro el celular y hago la denuncia. No tengo que esperar si es un sábado, a que me abra el lunes una oficina. Creo que todo hay que ubicarlo en su debido lugar; hasta que fui funcionario del gobierno de Omar Perotti dirigía una organización de usuarios y consumidores, y eso lo hacíamos. Y cuando generábamos alguna información, la elevábamos a las autoridades. Es solamente generar conciencia social y alentar a la gente a que reclame por sus derechos. No es una inspección, es control social de precios que luego tiene que ir acompañado por la acción estatal propiamente dicha. Si no, queda solamente en una intención que es valorable pero que termina en eso.
– ¿Se puede descartar una frontera caliente entre acciones civiles de quienes están capacitados para organizarse socialmente pero no poseen funciones públicas.
– Totalmente. Además hoy cualquier vecino individualmente abre una página de internet de precios máximos, cuidados, santafesinos… el nivel de disposición de la información hace que cualquier vecino o vecina pueda ejercer individual o colectivamente acciones de control social. Son bienvenidas, hay que llevarlas adelante. Pero eso no debe quitar para nada la principal obligación que tenemos desde el Estado. En eso es que el gobierno nacional ha articulado muy bien con las provincias. Lo digo porque lo hemos conversado con mi par nacional Paula Español.
Multas y judicialización
Sobre las grandes cadenas de supermercados, Aviano señaló que «hemos sancionado a 10 firmas. Están por cumplirse los plazos para dictar la resolución que las va a sancionar económicamente porque no estamos recibiendo los descargos correspondientes ni nadie va a poder, por supuesto, justificar por qué estaban violando la normativa de precios máximos.”
«Pero también vamos viendo cómo monitorear la aplicación de la ley de Góndolas y el abastecimiento, que es una preocupación importante para nosotros».
Reconoció ante la consulta que las multas se pueden apelar a la Justicia. «Es otra materia pendiente en la provincia de Santa Fe: no tener una ley propia de procedimientos. Es decir, una ley de defensa del consumidor que integre todas las leyes de defensa del consumidor para poder aplicar un procedimiento más ágil, donde se pueda plantear que primero tenés que pagar y después apelar. Pero no por eso vamos a dejar de sancionar».
A manera de ejemplo refirió a la multa por $ 3 millones a Pedidos Ya, «que obviamente está en la Justicia y la empresa nunca pagó».
Fuente: El Litoral
