El fiscal santafesino Ezequiel Hernández desestimó y archivó la denuncia por presunto cohecho contra el ex jefe de la URI y de la URV, Adrián Rodríguez. El funcionario policial quedó bajo sospecha tras la difusión de los audios de conversaciones telefónicas mantenidas con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, en el marco de un concurso de ascensos policiales. El hecho se conoció en octubre de 2017 cuando el fiscal Roberto Apullán ordenó la detención de Rodríguez, que fue liberado a las 48 horas.
«Todas esas comunicaciones privadas carecen de relevancia, siendo su filtración y conocimiento público de una enorme gravedad institucional, una grave vulneración de derechos y garantías constitucionales», expresó Hernández, según publicó el diario El Litoral. La situación motivó que en 2018, los fiscales Apullán y María Laura Martí fueran imputados por los delitos de «falsedad ideológica», «incumplimiento de los deberes de funcionaria pública» y «abuso de autoridad» por no indicar al juez de quién era la línea a intervenir. En esa causa, Pullaro es querellante.
Los fiscales detectaron esas conversaciones telefónicas mientras investigaban al comisario Rodríguez por el desvío de fondos de las Orden de Servicio Extra de Policía (horas Ospe) cuando éste estuvo a cargo de la Unidad Regional I.
Los fiscales entendieron que estaban ante la posible comisión del delito de cohecho activo y pasivo, y solicitaron al juez Nicolás Falkenberg intervenir una línea telefónica, sin avisarle que era la del ministro.
La comunicación cuestionada data del 22 de junio de 2017, en la que Pullaro le recuerda a Rodríguez la fecha de inscripción para rendir el cargo de director general. El funcionario dice que fue seleccionado como presidente del jurado y le manifiesta: «Te vamos a tener que dar las preguntas, viste… como en la escuela». Rodríguez responde: «Uhhh… jaja. Le agradezco por llamarme». Otra comunicación se dio el 16 de agosto de 2017, en la cual Pullaro consulta a Rodríguez acerca del seudónimo que utilizó para hacer el trabajo.
En ese sentido, el funcionario del MPA sostiene que «la evidencia reunida, especialmente los testimonios de los miembros del jurado del concurso, arroja que los exámenes no fueron confeccionados con preguntas preestablecidas, sino con entrevistas de carácter coloquial precedidas de la exposición del concursante. Al momento de puntuar al concursante el jurado conocía tanto el nombre como el seudónimo», agrega el matutino santafesino.
Hernández interpretó que «en todo caso resulta evidente que el concursante Rodríguez, al igual que Pullaro, conocían que no existían preguntas preestablecidas y por eso contestó sólo riendo. Surge que las conductas desplegadas no pueden de ninguna manera ser encuadradas dentro de la figura penal de cohecho (artículo 256 del C.P.)».
Y agrega: «No cabe interpretar de lo actuado que Pullaro haya tenido un interés de carácter personal en beneficiar a Rodríguez; y que si ello hubiera sido así, el hecho de no apartarse de un concurso no configuraría delito penal alguno que Rodríguez debiera haber denunciado», interpretó. «Puede merituarse la conducta mediante la cual un ministro de Seguridad pregunta un seudónimo a un aspirante a un cargo, entendiendo que ello puede ser pasible de algún reproche ético o aun administrativo, pero no por ello debe ser considerada una conducta atípica, antijurídica y culpable. Debe considerarse que ello no tuvo efectos en el resultado del concurso».
Y resolvió: «Habiendo investigado exhaustivamente el caso, resulta evidente que el hecho bajo análisis no encuadra en figura penal alguna. Por todo lo expuesto, resuelvo desestimar el caso y archivar el legajo porque el hecho no es punible (art. 273 del CPP)», finaliza.
Tras conocerse la desestimación,Rodríguez y su abogado defensor, Ramiro Díaz Duarte, realizaron una conferencia de prensa en la que destacaron que la resolución se encuentra «ajustada a derecho».
«Demuestra que efectivamente se agotaron todas las medidas probatorias que podían desarrollarse en el marco investigativo y se arriba a la única conclusión de que efectivamente no estamos ante un ilícito penal», concluyó el letrado.
Por su parte, Rodríguez expresó a la prensa santafesina la lógica alegría del fallo favorable. «Estuve 472 días esperando este fallo y se hizo Justicia», dijo. Recordó que a poco de haber ascendido fue detenido por esta causa. «Me arruinó la carrera policial en un legajo intachable», y reprochó que lo arrestaron con allanamiento a domicilio como si fuera un narcotraficante». «Yo tenía pensado jubilarme de otra manera, pero cuando me pasó eso pedí el retiro voluntario y me quise ir», cerró. (fuente Rosario/12)
