La delegación General López del gremio docente Amsafe, a través de sus redes sociales, realizó una publicación en la que manifestaron su total oposición a la Ley Ómnibus, que ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación.
Al respecto, argumentaron: “Entendemos que lejos de contribuir a una mejora del sistema educativo pretende desfinanciar a las escuelas desde el Estado, profundizando más aún la desigualdad social, acentuando la mercantilización de la educación”.
“Este proyecto de ley pretende declarar a la educación un ‘servicio esencial’ con el objetivo explícito de sus promotores de limitar el derecho a huelga”, agregaron.
A su vez, de acuerdo al gremio, en el artículo 544, la norma “establece que la formación estará en función de la evaluación docente continua, que se haría con un nuevo marco reglamentario diseñado no sólo por organismos estatales, sino también por entidades profesionales, académicas y organismos de la ‘sociedad civil’ (patronales). Pretenden cuestionar nuestros saberes y responsabilizarnos de la crisis educativa que generaron los sucesivos gobiernos”. “Con este mecanismo también pretenden terminar con la estabilidad laboral de la docencia”, aseguraron.
También, se refieren al nuevo funcionamiento que pasarían a tener las cooperadoras: “Se permite que recauden a través de empresas que funcionarían como sponsors privados, a cambio de contrapartidas. Esto irá acompañado de un desfinanciamiento por parte del Estado”.
Al mismo tiempo, expresaron su desacuerdo con la “competencia entre instituciones”, al asegurar que “de aprobarse la Ley se establecen evaluaciones estandarizadas a alumnos cuyos resultados serán de conocimiento público, eliminando el resguardo de los resultados que involucran a docentes e instituciones educativas, para que los padres tengan ‘acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos’. Este es uno -no el único- de los principales pilares de las escuelas voucher”.
Por último, la Ley Ómnibus “habilita la educación a distancia desde el segundo ciclo de la educación primaria, lo que es un golpe muy fuerte a la educación obligatoria y gratuita, desprecia el carácter social que tiene el conocimiento y el lugar de la escuela en la socialización”. “Esta medida también propicia la mercantilización y privatización de la educación mediante negocios de empresas y plataformas virtuales aumentando las desigualdades tal como lo demostró la pandemia”, concluyeron.
