(Lucas Paulinovich, para PUEBLO Regional On line). “Esta transformación no va a producir un efecto positivo, en primer lugar, porque cuando se legisla, tiene que conocerse la realidad, y la policía en la provincia de Santa Fe es corrupta, violenta e ineficiente, y participa en todo delito que tiene a su alcance: sea droga, sacándole dinero al puntero o al kiosko que vende, en la circulación de armas, y en los negocios más grandes amparando el robo de automotores y autopartes. Todo esto lo sabemos, el grueso institucional está metido en el negocio, y un legislador debe conocerlo”, comenta Enrique Font, criminólogo, ex secretario de seguridad comunitaria del primer tramo del gobierno del FPCyS en Santa Fe, titular de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario y hoy integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU y ex secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia, en diálogo con el programa Dos en la Ciudad.
La línea que tradicionalmente sostuvo el gobierno socialista en materia de seguridad, promoviendo la ruptura de la verticalidad en la fuerza policial y el fin de la autonomía, ampliando los márgenes para la democratización de la seguridad provincial, se vio drásticamente modificada en el último tiempo: la buena performance electoral de los referentes que sostienen una postura manodurista, empujó (o sirvió de excusa) al gobierno provincial a adoptar medidas contrarias a lo que pregonó en sus inicios y asumir un discurso en línea con el endurecimiento de las medidas de control y la asignación de mayores atribuciones a la policía; tal cual es la modificación del código procesal penal en lo que respecta a los juicios de los delitos “en flagrancia”, que fuera tan publicitada por estos días por el senador del FPCyS-UCR Lisandro Enrico. “Un paquete de iniciativas que desconocen por completo la actualidad compleja del problema de la seguridad y especulan con las vacilaciones advertidas de la opinión pública. Con el afán de ganar respaldos y mejorar imagen, las agendas políticas siguen a las mediáticas, se toman de los lugares comunes que reproducen y exhiben la misma falta de sensatez y conocimiento del tema” señala Font.
“El otro fenómeno que no es tan conocido, pero que un legislador debe conocer, es que la reforma que se hizo en el sistema de justicia con la creación de una defensa y fiscalía autónoma, fue una gran promesa con resultados escasos. Y esto si se vincula con el tema de la flagrancia, hay un problema muy significativo. Una de las grandes promesas que hubo con la reforma, fue que íbamos a tener un cuerpo de fiscales autónomo que iban a poder manejar las investigaciones, que era un problema gravísimo que teníamos en materia de investigaciones, cuando las maneja la policía. La realidad no se guío de esa manera: hoy los fiscales tienen pocos recursos, pocos empleados, no tienen estructura. Se hizo a las apuradas la implementación”, agrega el catedrático y ex secretario de seguridad comunitaria durante el primer tramo de la gestión de Hermes Binner al frente de la gobernación de Santa Fe.
“Lo que queda en juego, en definitiva, es quién decide sobre los ascensos, los traslados de personal, las investigaciones internas, las carpetas médicas, los premios y castigos: quién manda en la policía. En los hechos, hasta ahora, la institución policial mantuvo y fortaleció su estructura autónoma, desprendida de cualquier control estatal, lo que le permitió montar una compleja trama delictiva, formando parte de la ilegalidad que supuestamente debe combatir”, remarca. El poder civil y la voluntad popular no logran perforar la dura coraza del autogobierno policial. “Estas son las dos variables: una policía corrupta que maneja la carga de trabajo de los fiscales, una fiscalía incapacitada de controlar a la policía. Ese es el contexto real en materia de seguridad en la provincia. A esa policía Enrico muy alegre de cuerpo, le da un poder que es el de determinar, sin control de los fiscales en la práctica, quien está en flagrancia, porque la ley que confía en que la policía que tenemos es la de Ginebra y no la de Santa Fe. O se es injusto o se es despiadado y no le importa. Darle un arma para que la policía cuando agarra y sospecha le diga: ‘o arreglas conmigo o te planto cosas’. A esa policía corrupta le vamos a dar un arma adicional, que es la capacidad de decidir qué tipo de juicio vamos a hacer”, sintetiza Font.
La descentralización, la democratización, el control político, en definitiva, el proceso de democratización de las fuerzas de seguridad, ante el escenario de inseguridad, parece quedar relegado. La prioridad, al parecer, está en los anuncios efectistas. “En materia de inseguridad Enrico vende humo. Si uno aprovecha un problema real, con un gobierno que tuvo muy pocas políticas acertadas, y usa el discurso de la Seguridad Democrática para encubrir la autonomía de la policía, y si se planta diciendo que va a resolver el problema, hablando de garantistas, amigos de delincuentes, cuando logran que se le apruebe algo, parece que lo va a resolver. Si las cosas se hicieran todas como Enrico quiere, terminaríamos con campos de concentración, probablemente, y con una situación gravísima en términos carcelarios, de derechos humanos, violación de garantías y no se resuelve el problema del delito. Estos proyectos engañosos son irrealizables, pero están planteados como soluciones mágicas a problemas reales. Y los que dan lugar a ese discurso punitivo, conservadores, muy de derecha, son los que fracasan en sus políticas de seguridad”, dice Font.
Reformar lo incumplido
Eduardo Toniolli, actual diputado provincial y autor de la ley de Policía Judicial, denunció un acuerdo realizado en 2007 por el entonces candidato a gobernador, Hermes Binner, con las cúpulas policiales de la Provincia para asegurar el cogobierno. Cuando a fines de 2013 se produjo una insurrección policial, el gobernador Bonfatti cedió en dos concesiones fundamentales: ascensos sin tribunales civiles y sin cupos, en detrimento de la ley aprobada; y el veto de la ley de Policía Judicial, quitando la posibilidad de que los fiscales cuenten con una herramienta para investigar delitos complejos. La iniciativa oficializada por Spadaro viene a funcionar como un complemento: admitiendo que dónde las reformas quisieron aplicarse, hubo reacción de las fuerzas, propone otorgar mayores facultades a una fuerza atravesada por la violencia y la corrupción. El incumplimiento de la ley se completa con la defección del poder político.
“Esta vez están contando la verdad. Spadaro es uno de los gendarmes que el gobierno de Bonfatti trajo para que maneje la seguridad y sabemos el resultado espantoso, sin reforma policial. Desgraciadamente, Spadaro es la cara visible de un acuerdo con comisarios retirados, porque la reforma que proponen va en contramano a las reformas policiales que se hicieron en la Argentina y el mundo. Básicamente, consiste en derogar la ley que se aprobó sobre finales del gobierno de Obeid, que es una ley que transforma la estructura de personal y también la formación de los policías. Es una ley que nunca la aplicaron”, describe Font.
Con el proyecto de Spadaro, el manejo de las fuerzas de seguridad volvería a aplicar modelos antiguos que ya demostraron su falta de efectividad y su contribución al incremento del delito: “cambian la estructura de la policía, al tener dos cuerpos paralelos, tropa por un lado, oficialidad por el otro, como si fuera un viejo ejército del siglo XVIII, un modelo totalmente perimido, con muchos grados en cada uno, donde se ascienden solamente por el paso del tiempo, se pasa a una estructura de base única, todos ingresan por la base, hacen carrera por el mérito y hay una formación a ese policía inicial de por lo menos ocho meses. Y luego salen a la calle y quienes muestren mejor desempeño y más interés, vuelven a una formación que les va a ir permitiendo ascender y esa formación implica también la posibilidad de un nivel universitario. Es el esquema que está vigente, y es el esquema que la provincia, en los Concejos Federales de Seguridad y Educación, firmó. Hoy quieren tirar abajo eso que no hicieron adecuadamente, y volver a la lógica de dos pirámides, un ingreso por abajo para la tropa, y uno por arriba para los oficiales”, explica el exfuncionario provincial. La “secta del gatillo alegre”, que en Santa Fe tiene una de sus expresiones más violentas y corrompidas, sustentará su dominio; la mapa de la inseguridad provincial, con el narcotráfico, las altas tasas de homicidios en algunas ciudades, y la multiplicación de las esferas criminales, quedará aún más a resguardo de una de sus actores principales: la policía. La política, en este caso, entrega sus armas.
El Secretario de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, José Spadaro, anunció un proyecto de reforma policial que incluye una serie de medidas que desmonta parte de la modificaciones introducidas con la ley provincial de personal policial (12.521) aprobada durante el último tramo de la gestión de Jorge Obeid. La normativa vigente nunca fue aplicada por los sucesivos gobiernos socialistas de Hermes Binner y Antonio Bonfatti. La propuesta que tiene a Spadaro como vocero es, de esa forma, una contrarreforma frente a lo incumplido.
