(PR/ Norma Migueles) El domingo pasado, el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, criticó las resoluciones de varios jueces que otorgaron la libertad a reconocidos infractores de la ley penal y entre ellos también incluyó la del camarista Tomás Orso, quien otorgó la prisión domiciliaria a uno de los integrantes de la asociación ilícita que efectuó estafas millonarias con la venta de inmuebles rurales y urbanos.
Al respecto, Orso, en primer lugar, recordó que todos los integrantes de los distintos poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son pasibles de críticas de otros actores públicos o la ciudadanía. “En consecuencia me parece bien que tengamos que dar explicaciones de nuestras resoluciones” valoró.
En segundo lugar, el magistrado ratificó los fundamentos de la Resolución por la que rectificó el fallo de primera instancia que denegaba la morigeración y concedió la prisión domiciliaria a Raúl Jaime, el gestor integrante de Asociación Ilícita condenado a 10 años de prisión, en el marco de la causa popularmente denominada “Mega Estafa Inmobiliaria”.
“Recordemos que la condena de Jaime, todavía no está firme porque si bien fue ratificada por la Cámara Penal de Rosario, todavía están pendientes los recursos ante las cortes provincial y nacional. En esta causa yo intervine cuando se pidió la libertad, luego de la condena, que fue denegada en primera instancia y ratificada por mí en la segunda”, esto fue en el mes de noviembre.
Durante la feria, la defensora oficial ingresó un nuevo pedido de prisión domiciliaria, planteando que la esposa de Jaime, una mujer mayor sufre una enfermedad neurodegenerativa.
“En su momento el encargado de cuidarla era el marido, que no pudo continuar por estar privado de la libertad. En consecuencia, la defensa presentó los certificados que acreditaban esa condición e invocó uno de los supuestos excepcionales para cumplir la pena en el domicilio y es justamente cuando hay una persona discapacitada a cargo del condenado. En la apelación se presentó la constancia de una asistente social que fue al domicilio y comprobó que estaba sola y hacía tiempo no concurría al médico, porque no puede gestionar los turnos”, detalló el magistrado.
Indicando luego que “evidentemente quienes debían cuidarla no podían cumplir con su deber, quedando la mujer en estado de riesgo y esto no fue controvertido por la Fiscalía. El segundo punto que se tuvo en cuenta es que la nuera que enviudó del hijo de Jaime, el año pasado tiene cuatro niños pequeños a los que no puede dejar de atender. En consecuencia, habiendo demostrados estos extremos que están previstos en la ley procesal y tratados internacionales sobre derechos de adultos mayores, sobre todo con vulnerabilidades y también los derechos de los niños, con lo cual entendí que correspondía el pedido de la defensa y reenvié a primera instancia para que pongan los requisitos que deberá cumplir”, describió Orso.
En otro tramo, el magistrado aclaró que no hubo planteo de la Fiscalía respecto a que si la mujer enferma podría ser internada en un geriátrico o si contaban con los medios económicos para pagar el cuidado de la enferma en el domicilio.
