Por Gustavo Castro – El gobernador Omar Perotti firmó el 27 de marzo el decreto N° 295 que vuelve a colocar a la autopista Santa Fe-Rosario bajo la órbita de Vialidad Provincial después de un largo ciclo de más de 25 años de concesiones fallidas. Pero eso no es todo: dispone una amplia revisión a cargo de la Sindicatura General y de Fiscalía de Estado de lo hecho en los últimos años.
El decisorio del mandatario santafesino, al que tuvo acceso Diario Santa Fe, tiene 22 páginas de profusa argumentación, incluida la parte resolutiva y el anexo con el listado de trabajadores del peaje. En primer lugar precisa un dato clave: el fideicomiso que se conformó en el Banco Municipal de Rosario luego de la polémica caída del contrato con el último concesionario, ARSSA, es el 31 de marzo. Es por eso que a partir del 1 de abril Vialidad Provincial se hace cargo a través de una Unidad Ejecutora.
En los considerandos hay apreciaciones lapidarias respecto de la decisión del ex gobernador Miguel Lifschitz de armar el fideicomiso con el banco rosarino, tras el abandono sin costo del último grupo empresario que tuvo la concesión. Se asevera allí que “en tanto si bien pueden admitirse en abstracto las circunstancias de urgencia aducidas (…) el acto administrativo aparece incausado, alegando hechos no probados y en consecuencia, pasible de ser atacado por desviación de poder en la particular solución escogida para la tutela de los intereses públicos en juego”.
Más adelante se advierte que “con el mismo carácter de afirmaciones dogmáticas sin mayor profundidad argumental o referencia puntual a la situación concreta de la Autopista, se termina sustentando en la citada opinión la solución escogida, es decir el fideicomiso, haciendo más hincapié en los antecedentes del fiduciario propuesto – es decir, BMR S.A. -, que en su experticia concreta en el rubro del que se trataba, esto es operación de corredores viales”.
Asimismo, se indica que el asesoramiento jurídico para tomar esa determinación provino de “una funcionaria política, carente por ende del beneficio de la estabilidad en el cargo, como resguardo de la independencia de sus opiniones”, la cual “descarta de plano” la toma de la administración del corredor por parte de la Dirección Provincial de Vialidad “sin razones visibles”.
Luego insiste en que “con el mismo carácter de afirmaciones dogmáticas exentas de respaldo documental en las actuaciones que le dieron origen”, la elección de Lifschitz se toma “sin que afirme ni pruebe que, más allá de su posible experticia en la instrumentación de negocios fiduciarios, el Banco Municipal de Rosario y su controlada BMR Mandatos y Negocios, acrediten experiencia alguna en la operación de corredores viales, bajo el sistema de cobro de peajes, que era y es de lo que se trataba y trata en el caso, en definitiva”.
Rescisión a medida del concesionario
El decreto de Perotti también avanza sobre el abandono gratuito del contrato por parte del grupo empresario que explotaba la autopista. Señala que si bien la evaluación de ese acto “no resulta objeto del presente acto, su evaluación no está vedada atento el deber de resguardo de la legalidad que contra actos ilegítimos procede incluso de oficio”.
En este sentido, el documento del gobernador asegura que “ni del acto en sí mismo, ni del expediente que acoge el procedimiento administrativo seguido surgía la información que permitiera concluir que la compensación dineraria que el acuerdo significaba era equilibrada y con ello que debía ser reconocida por el Estado Provincial; tampoco se justificaba por qué la Provincia tenía que hacerse cargo del riesgo empresario asumido por quien fue concesionario adjudicado en base a su oferta, que definía determinadas inversiones a las que se comprometía y acompañaba el Plan Económico Financiero para concretarlas satisfactoriamente”.
Y continúa: “por lo demás, la genérica y dogmática referencia a incumplimientos de ambas partes es insuficiente, y si de hecho hubieren existido atribuibles a la Provincia requerían de su detalle, su examen particular uno por uno en relación a su procedencia legal y determinación económica precisa para hacer valer las responsabilidades de todo tipo a que dan lugar”.
Tras mencionar las objeciones del Tribunal de Cuentas, el decisorio sentencia que “no se agregó evidencia relacionada a los reclamos de la concesionaria para determinar su procedencia -presupuesto para la determinación de la obligación de la Provincia a la compensación-, y su cuantificación, y recién así compensar para liberarla de responsabilidad por sus incumplimientos”.
El curso de acción
Tal como se describió párrafos anteriores, desde el 1 de abril una Unidad Ejecutora Especial de Vialidad Provincial tendrá a su cargo la operación de la autopista Santa Fe-Rosario. Bajo su cargo quedará el mantenimiento de la autopista y el cobro de peajes, cuya tarifa por ahora “mantendrá su vigencia actual”. Las obras serán ejecutadas directamente por la DPV.
Según consta en el decreto, la situación de los trabajadores se mantendrá inalterable. Hay aquí un detalle: durante la actuación del fideicomiso del Banco Municipal de Rosario se incorporaron una veintena de empleados, varios con cargo de gerentes. En esos casos, su permanencia está en revisión.
Además, el gobierno se impone que “dentro del plazo máximo de un año de dictado el presente, prorrogable por este Poder Ejecutívo a su solicitud”, el ministerio de Infraestructura que comanda Silvina Frana deberá diseñar para enviar a la Legislatura “un proyecto de ley de conformación de un ente societario cuyo capital accionario esté íntegramente en manos del Estado provincial, con carácter intransferible”.
Pero eso no es todo. En la decisión de Perotti se intima a la entidad financiera del sur de la provincia a “rendir cuentas conforme las disposiciones provinciales al efecto, suministrando toda la información que disponga, para obtener la aprobación de la rendición final de cuentas, la que sólo se considerará verificada por acto expreso que así lo disponga, previo informe favorable de la Sindicatura General de la Provincia, y sin perjuicio de la intervención que corresponda al Tribunal de Cuentas de la Provincia”, como así también “garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la explotación del corredor durante todo el mes de marzo, en particular en lo referente al pago de los salarios del personal”.
No sólo eso. Le encomienda a la Sindicatura General de la Provincia a “efectuar una auditoría de corte del fideicomiso”, que incluya: listados con saldos de cajas chicas, fondos rotatorios y saldos de cuentas bancarias; listados de órdenes de pago emitidas y canceladas, pagos realizados por procedimientos especiales y chequeras sin uso; cierre de libros: Bancos, Caja, Actas, Inventarios, etc; cortes de estados de ejecución presupuestaria y registros de la deuda, créditos, contables, causas judiciales y reclamos administrativos, plantas de personal permanente y contratada; estado de ejecución de obras e inventario de bienes muebles (rodados, maquinarias) e inversiones en plazos fijos y bonos.
Para el final, el misil: instruye a la Fiscalía de Estado para que “proceda al análisis de la documentación inherente a la conclusión de la concesión” dispuesta por Lifschitz “a los fines de evaluar la procedencia de instaurar los procedimientos necesarios para deslindar eventuales responsabilidades administrativas, y en su caso penales, derivadas de la decisión adoptada en el mismo, y de las que se dispusieron en su consecuencia; evaluando en especial la gestión desde la óptica de la eficaz tutela de los intereses públicos comprometidos en el caso, y la salvaguarda de los derechos que le asistían a la Provincia, en el marco de las estipulaciones del contrato de concesión”.
