El ex ministro de Justicia Juan Lewis, que defiende a la abogada Nadia Schujman en la investigación a Marcelo Sain y a su equipo, denunció esta semana ante el Ministerio Público a los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jimenez, entre otros, por la supuesta manipulación de pruebas en la causa. Es la segunda denuncia penal para que se investigue a los investigadores. Su colega Hernán Martínez -que asiste a Sain-, ya había denunciado que el 10 de marzo, en Rosario, en un peritaje de dispositivos electrónicos secuestrados en el Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre, se descubrió que la notebook de Schujman “no poseía ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior”. Ahora, Lewis reveló otro hecho: que en ese mismo peritaje su delegado técnico, Leonardo Gianzone, también descubrió que se había incorporado a la “cadena de custodia” un registro del supuesto traslado de los equipos el 15 de diciembre, que “no existía” en la primera apertura de los dispositivos –controlada por la defensa-, que se realizó el 3 de enero, en Santa Fe. ¿Qué pasó entre el 3 de enero en Santa Fe y el 10 de marzo en Rosario? Es lo que Lewis pidió que se investigue ante la sospechas de que los dispositivos peritados el 10 de marzo en Rosario –entre ellos la notebook de Schujman- ya habían sido “manipulados, alterados y accedidos” antes de esa fecha.
Lewis presentó la denuncia ante el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti, que es el jefe de Hernández y Jiménez. Al identificar a los “denunciados”, Lewis señaló al “personal que intervino en la confección y posterior alteración y/o destrucción de la cadena de custodia” de los dispositivos que se peritaron el 10 y 11 de marzo en Rosario. Entre ellos, agentes de la unidad fiscal de Delitos Complejos de Santa Fe y de la sección de Análisis Digital Forense (ADF) del Organismo de Investigaciones y “los propios fiscales Hernández y Jiménez”, quien es la jefa de Delitos Complejos.
El denunciante anotició a Arietti de “hechos acaecidos” en la investigación que consideró de la “mayor gravedad”. Porque, por un lado “denotan severas irregularidades en personas que trabajan bajo su dirección”, “revisten potencial para invalidar seriamente la causa” y “podrían constituir delitos de acción pública”. La denuncia describe los hechos:
*26 de noviembre. Hernández y Jimenez allanan el Ministerio de Seguridad, donde secuestran dispositivos electrónicos, entre ellos la notebook de Schujman y la asignada al ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, tablet, celulares y unidades de almacenamiento de datos. La medida se realizó sin testigos. Y los requisadores del Organismo de Investigaciones dispusieron la cadena de custodia de los equipos.
*30 de noviembre. La cadena de custodia registra un “pasaje de evidencia”. Los requisadores entregan equipos al abogado Fabián Nardi de la unidad de Delitos Complejos que dirige la fiscal Jiménez.
*3 de enero. Apertura de los dispositivos en Santa Fe. Por la defensa de Schujman asistió su delegado técnico, Leonardo Gianzone, quien confirmó que el último movimiento en la cadena de custodia era el 30 de noviembre, cuando los equipos fueron recibidos por Nardi. Gianzone documentó –incluso con fotos- que “no se consignaba ningún traspaso de los efectos secuestrados” desde el Ministerio Público a la sección Análisis Digital Forense (ADF). “Los formularios de custodia no identificaban” que Nardi hubiera entregado los dispositivos a otra persona, dice la denuncia.
*10 de marzo. Segunda apertura de equipos en la sede de la ADF, en Rosario. Y ahí defensa descubrió un cambio en lo que había documentado su delegado técnico: que el 15 de diciembre, Nardi “entregó los dispositivos” al jefe de la ADF, Fabián Ferrero. Un “dato que no existía en el formulario de custodia del 3 de enero”, revela la denuncia. El 24 de febrero, el comisario Ferrero se los habría pasado a un chofer del MPA, Marcos Andreoli y éste se los entregó a un agente de la ADF de Rosario, Martín Juárez, “sin registrarse en qué fecha se produce esta entrega ni el detalle de lo qué se entregaba”.
“La cadena de custodia de los dispositivos abiertos el 10 de marzo no se completó adecuadamente” o se lo hizo “de manera irregular con posterioridad” al 3 de enero, que es lo que documentó Gianzone. “De modo que no se mantuvo intacta e inalterable la secuencia de cada dispositivo, como debería ser”, agregó Lewis.
A las “inconsistencias” en la cadena de custodia, Lewis sumó otro “conjunto de anomalías” en los equipos: el 3 de enero, “el embalaje consistía en una bolsa de nylon y anexa una faja de seguridad”. Y el 10 de marzo, ya era “una bolsa de papel madera color marrón, sin precinto y cerrada con cinta adhesiva blanca”. “No hay registro del cambio”.
“En conclusión, los dispositivos” abiertos el 10 de marzo en la sede de ADF en Rosario “fueron manipulados, alterados y accedidos con anterioridad a esa fecha”, precisó Lewis.
“Un claro ejemplo de la manipulación, sin control alguno” –precisó-, es la notebook de Schujman, que el peritaje del 10 de marzo reveló que “no poseía ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior”. El hecho motivó la primera denuncia penal que presentó el abogado Hernán Martínez, testigo del hallazgo.
Después de la denuncia de Martínez, los fiscales Hernández y Jiménez ratificaron que “todas las diligencias ordenadas” en la causa se habían realizado con “previa notificación a las partes” y “el control de los abogados defensores y sus delegados técnicos”. “Lo mismo ocurrió con la pericia” de la notebook de Schujman que “fue filmada y fotografiada. De la filmación del acto se advierte la presencia del dispositivo de almacenamiento (de la computadora) en el lugar correspondiente”.
“Sin embargo, pese a los esfuerzos de los fiscales de restar trascendencia a la gravedad institucional de lo acontecido el 10 de marzo o antes, lo cierto es que el acta del peritaje revela que la notebook secuestrada en la oficina de Schujman ‘no posee ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior’. Y firman: el oficial de policía Leonel Gómez, quien desarmó la computadora, el abogado Hernán Martínez y el perito de parte Leonardo Gianzone. “Desconocemos cuál será el video que habrán observado los fiscales Hernández y Jiménez que pueda documentar algo tan distinto a lo percibido por las personas intervinientes en el acto y contrario a lo documentado en el acta”, refutó Lewis.
Incluso, en las “etiquetas” de los dispositivo abiertos el 10 y 11 de marzo “se advirtió que ya habían sido manipulados a partir del 3 de enero” porque tenían cintas adhesivas con “leyendas” en las que se podía leer “bloqueado”, “no se pudo desbloquear”, “tiene PIN y no se pudo desbloquear”.
“Evidente, entre la apertura de los equipos el 3 de enero en Santa Fe y la misma medida realizada el 10 y 11 de marzo en Rosario, alguien intentó, al menos, encender los dispositivos para extraer su información, sin control alguno de la defensa y sin documentación alguna de dicho intento”, señaló Lewis. «La cadena de custodia omitió consignar datos elementales, como qué funcionario responsable manipuló los elementos en cada oportunidad en todo este tiempo». De hecho, la notebook de Schujman «carecía de disco rígido, los terminales correspondientes se encontraban prolijamente fijados con cinta y sin embargo nada de eso estaba consignado en la cadena de custodia”.
“Los hechos relatados, además de constituir una severa irregularidad que genera consecuencias invalidantes en eventuales disposiciones probatorias de lo que se obtenga, importan la comisión de delitos de acción pública de la máxima gravedad”, dijo Lewis. Y citó el artículo 255 del Código reprime hasta con cuatro años de prisión a quien sustraiga, altere, oculte, destruya o inutilice “objetos destinados a servir de prueba” en una causa judicial.
Fuente: Pagina12
