(PUEBLO Regional) La falta de recursos humanos y presupuestarios que sufre la justicia de nuestro departamento son la contracara de la demagogia punitiva con que se aborda el problema del delito: 5 Fiscales en Venado Tuerto, 2 en Rufino y uno en Melincué. Y 8 policías de investigaciones para un territorio de 11.500 kilómetros cuadrados y una población de 195.000 habitantes ¿Cambiar las leyes y declarar ante los medios, o discutir el presupuesto e invertir lo necesario?
“El Ministerio Público no lo toma de ningún modo como un elemento de presión, todo lo contrario. Nosotros hacemos un esfuerzo, porque es nuestra labor, para hacer un autoanálisis permanente. Nosotros hemos charlado y discutido el tema”, así se refiere Alejandro Sinópolis, fiscal regional, a los planteos públicos del senado Lisandro Enrico cuestionando el funcionamiento de la justicia. Las declaraciones, realizadas a través de los medios de comunicación, estaban relacionadas a la liberación de un joven con un amplio prontuario a partir de una negociación entre la fiscalía y la defensa que derivó en un juicio abreviado.
“Yo tengo que tener una apertura de entender que el poder político puede tener la idea de querer marcar la cancha, lo importante es que la sociedad tenga claro los contextos en los que se dan, en estos casos, los acuerdos abreviados. A nosotros como Ministerio Público la política partidaria no nos correponde. Nosotros tenemos un gran apego a la ley, significa que si se salen del marco de la ley están incumpliendo su labor en el ministerio”, agregó el funcionario de justicia.
Las manifestaciones públicas del senador provincial responden a una intención, asumida fuera de micrófono, de marcar la cancha al poder judicial. Poner en duda el accionar judicial planteando un marco de sospecha sin fundamentos sobre el papel de jueces y fiscales, evitando realizar las acciones jurídicas correspondientes y al alcance de la función del legislador, utilizando solo la vía mediática, terminan por dañar la vigencia del nuevo Código Procesal que regula el funcionamiento de la justicia santafecina. La defensa de las instituciones, en ese caso, no se concreta en la utilización de los recursos disponibles.
“La prensa y el político puede verter sus opiniones, y es bueno que así se haga. Antes estas cosas no se charlaban, no se podía encontrar a los fiscales conversando abiertamente a través de los medios, porque estamos obligados a esa transparencia y a nosotros nos hace muy bien. Hay un nuevo código de procedimiento. Es muy diferente al contexto anterior, y eso la sociedad lo tiene que conocer. Hay que pensar que muchas de esas personas que se denuncian públicamente, que están condenadas, en los dos años que lleva este nuevo sistema, han quedado con condenas. Cada una de estas personas, tiene lo que se denomina frondoso prontuario y muy excepcionalmente tenían condena. Hoy en día tenemos casos de resolución en meses, eso no existía antes”, comenta Sinópolis.
La función política permite articular proposiciones que obvien algunos aspectos legales y no estén ceñidas a la letra específica de las regulaciones, incluso, en su modalidad de construcción, pueden llegar a proponer situaciones desvinculadas por completo de la legalidad. Los funcionarios de justicia, en cambio, requieren invariablemente mantenerse dentro de los límites marcados por la ley. Más allá que en los hechos suele suceder que los funcionarios de la justicia actúan como operadores políticos aliados a distintos sectores, no tienen como objetivo la búsqueda de acuerdos y consensos ni manejar una perspectiva de poder como sí lo requiere la función política. Es una diferencia de grado que queda expuesta en las presencias mediáticas de unos y otros.
La agilización de la justicia
“Yo creo que el ciudadano en general tiene libertad de expresión, es un basamento constitucional. No solamente nosotros tenemos que acatar, sino que apuntamos a profundizar ese principio democrático. Por otra parte, la ley la dispone la legislatura de la Provincia, nosotros no podemos modificarla. Hagamos la crítica en general, en el contexto. Si puntualizamos un solo tema, puede que la ciudadanía no tenga toda la información”, define el fiscal regional.
En los últimos días de diciembre se presentó un informe de gestión que detalla la actividad de las dependencias elaborado por cada uno de los fiscales regionales. El documento se hizo llegar a los medios y se cursó invitación a distintas personalidades para que lo conocieran. De acuerdo a lo dicho por Sinópolis, el único que se acercó para conocer los aspectos documentados fue Jorge Lagna, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Venado Tuerto.
La reforma del sistema de justicia santafecino logró una amplia aprobación, reconociendo que permitió una mayor agilidad en el procesamiento de las causas y la llegada a condenas. Facilitó los mecanismos y desplazó responsabilidades que impedían la consumación de muchos procesos en resultados efectivos. La cuestión presupuestaria, sin embargo, se abre como un interrogante a partir de la dotación de personal en las distintas sedes del Ministerio Público Fiscal.
“En toda la región 3 que comprende las unidades fiscales de Venado, Melincué y Rufino, con una densidad poblacional de 200 mil habitantes, tenemos solamente cinco fiscales, es algo realmente muy limitado. En Venado particularmente, contando al empleado que es ordenanza, tengo solamente nueve empleados de planta permanente. Hasta hace pocos días había 13 pasantes y fueron desafectados, si mal no recuerdo, siete u ocho por la Fiscalía General. Lo que ocurre es que, por otro lado, el Ministerio Público, más que pasantes, lo que tiene que tener son empelados de planta permanente. En Melincué hay dos empleados, en Rufino, tres. Con eso tenemos que cubrir toda la región”, detalla el titular de la región que abarca el Departamento General López.
El funcionamiento de los estados judiciales es uno de las principales deudas pendientes de la democracia argentina. Cooptada por intereses sectoriales, son varias las ocasiones en las cuales el poder judicial se expide a favor de los poderosos o manifiesta falencias graves que dañan el tejido social. La modificación del código procesal apuntaba a solucionar alguno de estos problemas, ocupándose de la particularidad del caso.
“Uno puede tener una referencia de un valor absoluto, en donde en tal caso corresponde tantos años de condena. En el anterior sistema se planteaba esa situación, pero llevaba cinco o seis años en realizarse y las causas prescribían. Ni hablar que no era juicio oral, los testigos no se acordaban a veces de los temas que se trataban. Nosotros estamos logrando condenas, si bien más reducidas, pero en meses se logran. Todo permitido por el basamento legal”, resume Sinópolis.
La escasez de personal impide el correcto funcionamiento de las instancias de investigación, un paso clave para la concreción de las sentencias. La policía de investigaciones tiene un personal muy limitado en la región. “Venado Tuerto no hay más de siete u ocho, en Rufino hay 2 y en Melincué creo que hay uno solo. Contar con ese número es muy difícil. Nosotros tenemos que distinguir que no tenemos que ver con la seguridad. Nosotros intervenimos a partir del delito”, cierra.
Lucas Paulinovich/ Pablo Tomás Almena
