El diputado Toniolli (FpV) advirtió que la medida por la que ya no le descontarán a Santa Fe el 15 por ciento de su coparticipación, «está orientado a desfinanciar el sistema de seguridad social argentino». La deuda acumulada estos años es multimillonaria.
«El socialismo celebra un fallo que está orientado a liquidar el sistema de seguridad social argentino» la definición corre por cuenta del diputado provincial Eduardo Toniolli (FPV), una de la voces de avertencia que se alzaron ayer desde Santa Fe tras dos fallos de la Corte que beneficia a esta provincia en más de 18 mil millones que antes iban a reforzar los fondos del Anses.» La cuestión de fondo es que el sistema jubilatorio nacional necesita del aporte del 15 por ciento de la masa coparticipable (no sólo conformada por aportes provinciales, si no también por aportes nacionales) para sostenerse. De lo contrario entra en riesgo, no sólo la fórmula de aumento progresivo de las jubilaciones, si no el sistema previsional en su totalidad. Es una excusa que le cae como anillo al dedo al macrismo para buscar endeudarse internacionalmente y así cubrir el bache, o para volver a las AFJP», sentencia Toniolli.
«De esta manera el gobierno de Santa Fe, con sus hurras y haciendo gala de un falso federalismo, es parte de una maniobra orquestada por el cortesano Lorenzetti y el macrismo para hacer volar por los aires un sistema previsional nacional que abona mensualmente las jubilaciones de casi el 90 por ciento de los pasivos de la provincia», apunta el legislador peronista.
Toniolli explicó a Rosario/12 que «el socialismo celebra un fallo que está orientado a liquidar el sistema de seguridad social argentino, declarando inconstitucional la Ley 26.078 que paradójicamente sus legisladores (entre ellos Hermes Binner) votaron afirmativamente al momento de su aprobación en el año 2005. Luego -agregó- cuándo a Binner le tocó ser gobernador, contrató a los estudios Gil Lavedra y Bouzat para demandar a la Nación por tres causas ligadas a la coparticipación federal, entre ellas ésta, que buscaba declarar inconstitucional una ley votada por él mismo, a sabiendas de que no iban a tener éxito, pero que le servirían para hacer política y enrostrarle a una supuesta discriminación del Estado nacional su más que evidente desmanejo en la gestión de los recursos provinciales».
«Este contrato con los bufetes jurídicos se llevó adelante sin licitación previa, a pesar de que los montos lo exigían, y pese a que el Estado provincial cuenta con una Fiscalía de Estado con una centena y media de abogados disponibles para una tarea de esas características. El doctor Ricardo Gil Lavedra y el doctor Bouzat se llevaron en estos años millones de pesos por ‘trabajar’ en causas que prácticamente no han tenido movimiento, y además en el decreto de contratación se establecía que en caso de prosperar la demanda sus estudios jurídicos se quedarían con el 30% de lo obtenido por el Estado provincial», revela Toniolli.
Segun el legislador «la cuestión de fondo es que el sistema jubilatorio nacional necesita del aporte del 15 por ciento de la masa coparticipable -no sólo conformada por aportes provinciales, si no también por aportes nacionales- para sostenerse. De lo contrario entra en riesgo, no sólo la fórmula de aumento progresivo de las jubilaciones, si no el sistema previsional en su totalidad, excusa que le cae como anillo al dedo al macrismo para buscar endeudarse internacionalmente y así cubrir el bache, o para volver a las AFJP».
En sintonía opinó el abogado santafesino Raúl De Grossi: «La Corte Suprema tenían los mismos argumentos legales y de hecho que ahora toma en cuenta para decidir ya en el año 2010, cuando Nación y Provincia habían finalizado sus presentaciones, y habían hecho sus respectivos alegatos. Incluso en julio del 2012 el Procurador General subrogante González Warcalde había dictaminado en contra del planteo de Santa Fe. Más aún: en el año 2009 Santa Fe planteó una cautelar exactamente igual a la que ahora falló a favor de Córdoba para que se le suspendieran los descuentos, y la Corte no la despachó porque no vio que se acreditara ‘el peligro en la mora’. La explicación de De Grossi, solo arroja una pregunta entonces: si ya estaban los argumentos judiciales planteados desde hace años, que es lo cambió. Tal vez los resultados electorales, podría ser claramente una respuesta.
Otro detalle es que los fallos fueron firmados por Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, sin que se sepa que pasó con Highton de Nolasco, que venía votando en disidencia las últimas sentencias más (José Maggi para Rosario 12).
